La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) considera "irresponsables" las recientes comunicaciones procedentes de administraciones públicas que animan a los inquilinos a solicitar prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler en vigor, al entender que estas iniciativas pueden terminar perjudicando, sobre todo, a quienes buscan sin éxito acceder a una vivienda en arrendamiento.
En una nota remitida a los medios, la organización ha recalcado el peligro de que estas recomendaciones se estén lanzando antes de que el correspondiente Real Decreto sea convalidado en el Congreso de los Diputados, dado que todavía no hay garantía ni sobre su aprobación definitiva ni sobre su encaje jurídico.
FAI ha expresado esta inquietud a raíz de la actuación del Gobierno de Navarra, que está remitiendo cartas a los arrendatarios con este llamamiento, a lo que se suman otras iniciativas impulsadas por fuerzas políticas que forman parte del Ejecutivo central.
En este escenario, la federación alerta de que la circulación de estas comunicaciones, sin que se haya aprobado la norma que debería ordenar dichas prórrogas, adelanta situaciones de "inseguridad", con posibles episodios de frustración entre los inquilinos, desconcierto, temor e inseguridad jurídica para los propietarios, además de una conflictividad innecesaria entre ambas partes, lo que podría agravar el desequilibrio del mercado del alquiler y dejar previsiblemente a más personas sin acceso a una vivienda arrendada.
Del mismo modo, advierte de que algunos dueños que tenían previsto sacar sus pisos al mercado del alquiler de larga duración podrían echarse atrás ante la sucesión de anuncios normativos que, a su juicio, configuran un entorno de "inseguridad jurídica".
Según el presidente de FAI, José María Alfaro, desde un punto de vista técnico y legal, esta coyuntura "puede generar falsas expectativas entre los inquilinos, quienes podrían iniciar solicitudes de prórroga confiando en una normativa que finalmente podría no entrar en vigor o hacerlo con modificaciones sustanciales".
Alfaro subraya igualmente que la mayoría de los contratos que llegan ahora a su vencimiento se siguen resolviendo mediante acuerdos voluntarios entre propietarios e inquilinos, ajustados a las circunstancias concretas de cada caso.
"La difusión anticipada de estas medidas puede interferir en estos procesos y generar conflictos innecesarios en un ámbito donde el entendimiento entre caseros e inquilinos ha sido la práctica habitual hasta ahora, sobre todo en escenarios especialmente complejos, como los vividos durante la pandemia o en coyunturas económicas adversas derivadas de distintas crisis", ha expuesto.