Junts ha pactado recientemente con el Gobierno de España una reforma legal que establecerá el catalán como lengua obligatoria en el servicio de atención al cliente de empresas que cuenten con más de 250 empleados, facturen más de 50 millones de euros al año o proporcionen servicios esenciales de interés general, independientemente de su ubicación dentro o fuera de Cataluña.
Este acuerdo se ha hecho público en el contexto de la legislación en curso para regular los servicios de atención a la clientela, la cual está siendo debatida actualmente en el Congreso. Aunque la sesión para discutir esta ley estaba programada para este martes, se ha pospuesto para fijar una nueva fecha y revisar las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor del proyecto de ley, explican que al texto “le quedan al menos dos ponencias” para, después, elevar el informe a Comisión. Fuentes parlamentarias del Grupo Socialistasitúan la primera de esas ponencias en la próxima semana. “Es, por tanto, una ley que aún está en negociación”, abundan; y confirman que se integrarán las enmiendas de Junts para que en los territorios con lenguas cooficiales se ofrezca la posibilidad de ser atendido en dicha lengua.
Según Míriam Nogueras y su equipo, este acuerdo introduce la necesidad de ofrecer atención en catalán en todos los servicios básicos de interés general y en cualquier empresa con las características mencionadas anteriormente.
Empresas obligadas
El texto incluye la obligatoriedad para todas las empresas de servicios básicos de interés general, por lo tanto, los sectores afectados, independientemente de su volumen de trabajadores y facturación, serían:
- Compañías eléctricas.
- Compañías de suministro de gas.
- Compañías de suministro de agua.
- Compañías telefónicas.
- Compañías aeronáuticas.
- Compañías ferroviarias.
- Compañías de transporte por autobús.
- Servicios postales.
- Servicios de comunicación audiovisual de pago (plataformas).
- Entidades bancarias y servicios financieros.
- Empresas de seguros.
- Empresas que presten servicios públicos.
Formación obligatoria
Como parte del acuerdo, también se ha establecido que la formación en catalán será obligatoria para el personal de atención al cliente en las empresas afectadas. Además, no será necesario responder en castellano, sino en el idioma que el cliente utilice inicialmente.
Las interacciones escritas entre la empresa y el cliente deberán ajustarse al idioma solicitado por este último. Junts ha destacado que estas nuevas regulaciones representan un cambio significativo, ya que priorizan el derecho del consumidor a ser atendido en catalán, sin depender de la voluntad de la empresa o de su localización geográfica.
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