La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha planteado este martes que la futura regulación sobre seguridad de los productos se diseñe de forma que incorpore apoyos específicos para las pymes y ajuste las obligaciones de las plataformas digitales en función de su dimensión.
En un comunicado, la CNMC explica que ha elaborado un informe sobre el proyecto de real decreto de seguridad general de los productos, centrado en aquellos “no armonizados” o que carecen de una normativa sectorial propia en materia de seguridad, como muebles, prendas de vestir, calzado, material deportivo o utensilios para el hogar.
La Comisión “valora positivamente” el contenido del proyecto, al entender que ayudará a reforzar el funcionamiento del mercado interior de la Unión Europea, permitirá que los precios de los bienes incorporen mejor los costes reales y contribuirá a reducir situaciones de competencia desleal.
No obstante, el organismo regulador advierte del efecto que pueden tener las nuevas cargas administrativas, “en especial para las pymes” (que, recuerda, asumen actualmente el 59% de los costes de cumplimiento en seguridad en la Unión Europea). Por ello, propone introducir mecanismos que faciliten el cumplimiento a las pequeñas y medianas empresas y que las obligaciones de las plataformas se modulen según su tamaño.
En este sentido, sugiere incorporar medidas concretas para hacer más llevadera la aplicación de los nuevos requisitos administrativos y técnicos, como guías interpretativas sencillas, servicios de asesoramiento especializado, un acceso más ágil a las normas técnicas europeas y fórmulas que permitan el cumplimiento conjunto de determinadas obligaciones.
Asimismo, recomienda graduar las exigencias dirigidas a las plataformas digitales en función de su escala y peso en el mercado y evitar imponer “exigencias inasumibles” a los operadores de menor tamaño, tomando como referencia el enfoque del Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).
Entre los cambios “significativos” que incorpora el proyecto para adaptarse a la evolución tecnológica y al crecimiento del comercio electrónico, la CNMC destaca la inclusión de riesgos vinculados a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los productos conectados, así como nuevas obligaciones para las plataformas digitales, que deberán implicarse de forma activa en la retirada de productos inseguros y en la trazabilidad de los vendedores.
El texto también prevé un refuerzo de las tareas de vigilancia, que incluirán inspecciones encubiertas y la posibilidad de retirar contenidos en entornos digitales; una mayor trazabilidad (con la obligación de conservar la documentación técnica durante diez años) y un impulso a los derechos de los consumidores, que podrán optar entre reparación, sustitución o reembolso cuando se enfrenten a productos inseguros.
Por último, la CNMC recuerda que puede intervenir de oficio o a solicitud de distintos órganos e instituciones: las cámaras legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las entidades locales, los colegios profesionales, las cámaras de comercio y las organizaciones empresariales y de consumidores y usuarios.