La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) ha señalado “algunas limitaciones” en los mecanismos y procesos que las entidades han puesto en marcha para incorporar las preferencias de sostenibilidad en la evaluación de idoneidad de los clientes.
Entre los problemas detectados, el supervisor europeo subraya “la dificultad para atender las preferencias de los clientes debido a una oferta limitada de productos para determinadas categorías de sostenibilidad, un nivel reducido de granularidad en los cuestionarios o el uso de umbrales mínimos de inversión sostenible bajos”.
Ante este contexto, la ESMA plantea que las entidades propongan de manera proactiva a sus clientes aquellos productos que más se ajusten a las preferencias de sostenibilidad manifestadas, “siempre que se garantice que el proceso de asesoramiento sigue siendo claro, justo y no engañoso”, y remarca que una comunicación transparente en este ámbito “puede facilitar su toma de decisiones de inversión” mientras se concretan futuras aclaraciones normativas.
Estas observaciones forman parte de las conclusiones de la ESMA recogidas en una declaración sobre los resultados de la actuación de supervisión conjunta (CSA, por sus siglas en inglés), llevada a cabo entre 2024 y 2025 con la participación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para analizar el grado de cumplimiento de las obligaciones de integración de las preferencias de sostenibilidad en la evaluación de idoneidad y la incorporación de factores de sostenibilidad en el gobierno de productos.
Asimismo, la ESMA ha detectado que ciertas entidades no han adoptado medidas suficientes para garantizar que los registros sean completos y suficientemente detallados, especialmente en lo relativo a la adaptación de las preferencias de sostenibilidad de los clientes y a la justificación de dichos ajustes.
En la misma declaración, el supervisor europeo insta a las entidades a seguir revisando la coherencia de sus procesos de categorización de productos a medida que la disponibilidad y la calidad de los datos ESG evolucionen, y a afinar la definición de los objetivos de sostenibilidad de cada producto.
Con todo, la ESMA constata que las entidades, en términos generales, “entidades han seguido avanzando en la integración de los requisitos de sostenibilidad de MiFID II [Markets in Financial Instruments Directive II] en sus procesos de idoneidad y de gobernanza de productos”, aunque confirma que las prácticas “siguen siendo desiguales” entre compañías y entre distintas jurisdicciones.
Paralelamente, el organismo europeo anima a las autoridades nacionales a aplicar un “enfoque supervisor proporcionado” en el actual escenario de revisión del reglamento europeo de divulgación de finanzas sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés), y a priorizar el diálogo con las entidades durante este periodo de transición para abordar las cuestiones detectadas, dejando las medidas sancionadoras para los supuestos de incumplimientos claros de la normativa o de comercialización engañosa.
Por otro lado, la CNMV ha indicado que seguirá controlando la aplicación de las obligaciones de sostenibilidad derivadas de MiFID II, promoviendo al mismo tiempo la simplificación de los procesos y la reducción de cargas innecesarias tanto para las entidades como para sus clientes.