La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha instado al Gobierno de España a modificar con carácter urgente la normativa estatal sobre plazos de pago aplicada al comercio minorista, al considerar que presenta importantes carencias.
La petición se formula después de que la Comisión Europea haya iniciado un nuevo procedimiento de infracción contra España por no adecuar su marco legal a las reglas comunitarias sobre morosidad ni a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la puntualidad en los pagos.
Según la PMcM, el expediente abierto por Bruselas respalda una de sus reivindicaciones tradicionales: que se adapte de manera explícita la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (LORCOMIN) a la Ley de Morosidad, de forma que se elimine cualquier margen interpretativo que permita acordar plazos de pago por encima del límite legal establecido.
La organización entiende que el Ejecutivo debe aprovechar este requerimiento comunitario para suprimir una “anomalía normativa” que, durante años, ha generado “inseguridad jurídica y ha permitido prácticas incompatibles con una cultura empresarial justa, competitiva y respetuosa con pymes y autónomos”.
“El anuncio de la Comisión Europea nos da la razón en una cuestión que venimos denunciando desde hace años: no puede existir ninguna vía legal, contractual o financiera que permita superar el plazo máximo de pago establecido por la Ley de Morosidad”, ha señalado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
La Plataforma subraya en un comunicado que la Ley de Morosidad fija un plazo máximo imperativo de 60 días naturales en las operaciones comerciales, sin que quepa acuerdo entre partes que lo amplíe.
No obstante, el artículo 17 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (LORCOMIN) aún incluye menciones a aplazamientos superiores a 60, 90 e incluso 120 días bajo ciertas condiciones instrumentales, como el uso de documentos con acción cambiaria, endoso, aval o cobertura mediante seguro.
A juicio de la PMcM, esta redacción debe ser modificada de forma explícita para impedir que se utilice como amparo de plazos de pago abusivos que vulneren el espíritu y la letra de la Ley de Morosidad.