MasOrange ha logrado una puntuación de 81 puntos en el 'ESG Entity Rating' de Sustainable Fitch, lo que la consolida como la 'teleco' con la mejor calificación ESG en Europa. Este avance supone una mejora frente a los 79 puntos de 2024 y los 78 de 2023 recogidos en el informe “ESG Entity Rating 2025”, según ha comunicado la compañía este lunes.
La agencia sitúa a la operadora como referencia en materia de sostenibilidad ambiental, social y de buen gobierno en el continente europeo, otorgándole una calificación máxima de 81/100.
Asimismo, Sustainable Fitch mantiene el 'rating' de MasOrange en “2” (en una escala de 1 a 5, donde 1 es la mejor nota posible), reforzando su liderazgo en criterios ESG dentro del sector europeo de las telecomunicaciones.
Este reconocimiento, que avala el trabajo de MasOrange en el ámbito ESG y su estrategia para extender los beneficios de su actividad al entorno, se apoya principalmente en el despliegue de redes “más modernas y avanzadas” de 4G, 5G y fibra óptica. Estas infraestructuras favorecen la digitalización y contribuyen a cerrar la brecha digital en áreas rurales y territorios con menor desarrollo.
La empresa también ha impulsado programas para mejorar las competencias digitales de colectivos y zonas con menor conectividad, con el objetivo de promover la integración digital y social de toda la población.
Fruto de estas actuaciones, MasOrange genera un impacto social estimado cercano a 19.900 millones de euros anuales (+6% entre 2023 y 2024), afianzándose como socio estratégico en digitalización e innovación para empresas y usuarios particulares, siempre con una visión de desarrollo sostenible e inclusivo.
Compromiso sólido con las políticas ESG
El informe de Sustainable Fitch subraya la “ambiciosa” hoja de ruta ESG de MasOrange, apoyada en medidas concretas como el uso del 100% de electricidad renovable en sus operaciones y redes, la compartición inteligente de infraestructuras, una cobertura 4G que alcanza al 99% de la población (96% en zonas rurales) y una cobertura 5G del 93%.
En el ámbito del gobierno corporativo y la ética empresarial, la separación de las funciones de consejero delegado y presidente del consejo evita la concentración de poder y favorece un mayor equilibrio en la toma de decisiones.