Renfe ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que obliga al operador ferroviario público a permitir el uso de sus talleres de mantenimiento a otros competidores, en este caso a Iryo, controlada por la empresa estatal italiana Trenitalia.
En una nota remitida a los medios, la compañía pública cuestiona el enfoque del regulador, al que tacha de “absolutamente arbitrario”, y subraya que la CNMC le ha impuesto obligaciones que van incluso más allá de lo que había solicitado Iryo, como la exigencia de que sea Renfe quien repare los trenes de este operador extranjero.
“Hablamos de una apertura completa de los talleres de Renfe a la operadora italiana para el mantenimiento pesado. Renfe traslada su respeto absoluto a las medidas del regulador, si bien estas no pueden ni deben transgredir el marco legal actual”, sostiene la empresa dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
La operadora pública advierte de que este escenario generará “problemas operativos graves” e “importantes afectaciones al servicio público y al resto de la operativa” de la compañía. A su juicio, se verá reducida la capacidad de atender el mantenimiento de su propio material rodante, al tener que liberar espacio en los talleres para introducir trenes de otros operadores.
Según sus previsiones, “este hecho reducirá los trenes en circulación y provocará ajustes operativos, con especial impacto en la alta velocidad Madrid-Barcelona (por la menor disponibilidad de los trenes S103); en el Eje Atlántico, Huelva y País Vasco (trenes S120 y S121); y en los servicios Avant, especialmente entre Valladolid-Madrid, el de mayor volumen de España”.
Además, Renfe calcula que esta situación podría acarrear un perjuicio económico superior a 60 millones de euros al año, derivado tanto de la caída de ingresos como de los desajustes operativos asociados a la reducción de la oferta de trenes.
Renfe insta a Iryo y Ouigo a usar sus propios talleres
La compañía recuerda que tanto Iryo como Ouigo han dispuesto de tiempo “suficiente” desde la liberalización del mercado en 2021 para levantar sus propias instalaciones de mantenimiento, del mismo modo que otra filial italiana del grupo propietario de Iryo ha hecho en Francia, donde ha destinado 80 millones de euros a talleres para su actividad en ese país.
Si no desarrollan estas infraestructuras, Renfe anima a ambos operadores a trasladar sus trenes a sus respectivos países de origen —Francia en el caso de Ouigo e Italia en el de Iryo— para realizar allí las labores de mantenimiento, evitando así recurrir a los talleres españoles, sobre los que pesa un plan de inversión pública de 1.000 millones de euros anunciado recientemente por Renfe para atender su propia flota.
La Sagra, en el centro del conflicto
La resolución de la CNMC se focaliza en la Base de Mantenimiento Integral de La Sagra (Toledo), unas instalaciones que, según Renfe, “están al límite de su capacidad, sin margen para imprevistos o trabajos adicionales”. Iryo había solicitado, como medida cautelar, acceso a un foso en La Sagra en régimen de autoprestación para realizar el mantenimiento de sus trenes.
El regulador rechazó esa petición concreta pero, en su lugar, impuso un paquete de obligaciones más amplio que no había sido planteado ni pactado con Iryo: acceso general a La Sagra para desmontaje y montaje de bogies, utilización de instalaciones y equipos, obligación de Renfe de reparar esos bogies (o permitir su autoprestación) y fijación de condiciones económicas y de plazos.
La operadora española considera que la CNMC está equiparando las intervenciones en función del tiempo que permanecen en taller, sin tener en cuenta la naturaleza técnica de los trabajos (mantenimiento ligero o pesado). A su entender, esto puede mermar la disponibilidad de recursos críticos y alterar la planificación del mantenimiento, con consecuencias directas en el número de trenes disponibles.
“Renfe usará todos los medios a su alcance para impedir este atropello que compromete su operativa diaria, su sostenibilidad económica y que tendría un impacto directo en los viajeros y en los servicios ofrecidos por Renfe. Renfe quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a sus usuarios, pues no está previsto en el corto plazo una afección al servicio”, concluye la compañía.