Los sindicatos Rstic, UGT, Intersindical, USO y Co.Bas han llamado a tres días de huelga en Capgemini España la próxima semana, en respuesta al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implica a 717 personas trabajadoras en el país.
Según detalló UGT en una nota informativa, las secciones sindicales de Capgemini España irán a la huelga los días 20, 21 y 22 de mayo, tras constatar el “bloqueo” en la negociación del despido colectivo planteado por la dirección, que afecta aproximadamente al 6,5% de la plantilla.
Tras varias reuniones, las organizaciones sindicales han denunciado que la compañía “no ha mostrado una voluntad real de reducir o evitar los despidos”, ni de pactar medidas de voluntariedad “suficientes” que permitan limitar las salidas forzosas.
Los sindicatos consideran “inaceptables” las propuestas trasladadas por la empresa hasta ahora, al entender que los avances en cuestiones “esenciales” como el volumen de personas afectadas, las cuantías de las indemnizaciones o el alcance de la voluntariedad han sido “mínimos insuficientes, pese a que el grupo Capgemini obtuvo en el pasado ejercicio un beneficio neto de 1.061 millones de euros”.
Las organizaciones convocantes explican que con estas movilizaciones quieren “exigir alternativas menos traumáticas al despido, entre ellas, fórmulas de voluntariedad real, prejubilaciones, recolocaciones efectivas y planes de formación y reciclaje profesional”.
En este escenario, insisten en que su intención es seguir acudiendo a las próximas reuniones “con responsabilidad y voluntad de negociación”, pero reclaman a la dirección un giro en su postura que haga posible un acuerdo que proteja a las personas afectadas.
Capgemini ajusta el alcance del ERE y la negociación sigue encallada
Capgemini decidió la semana pasada reducir en 31 personas el número inicial de afectados por el ERE en España, de forma que el ajuste pasará a afectar como máximo a 717 empleados frente a las 748 salidas planteadas al inicio, lo que supone una rebaja cercana al 4,1% y una incidencia aproximada del 6,5% sobre una plantilla de unos 11.000 trabajadores.
El expediente se concentra en siete centros de trabajo (Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz) y afecta principalmente a profesionales sin proyecto asignado.
De acuerdo con un comunicado de la sección sindical de CCOO-Capgemini, la quinta sesión de negociación del despido colectivo concluyó con avances “parciales” en las condiciones para la plantilla.
En esa reunión, la empresa puso sobre la mesa una indemnización de entre 20 y 30 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades según el tramo, una propuesta que el sindicato rechazó por considerarla “insuficiente”.
CCOO sostiene que la oferta de la dirección continúa lejos de los mínimos que considera necesarios para asegurar una protección adecuada a las personas afectadas.
En este sentido, la sección sindical defiende que cualquier pacto debe partir, al menos, de indemnizaciones equivalentes al despido improcedente, es decir, entre 33 y 45 días por año trabajado y un tope de entre 24 y 42 mensualidades.
Respecto al escudo social, CCOO logró ampliar los colectivos excluidos del ERE al sumar, a los supuestos ya aceptados, la protección de parejas —para evitar que el despido alcance a ambos miembros— y de personas trabajadoras con una discapacidad igual o superior al 33%.
En materia de voluntariedad, la empresa mantuvo el derecho de veto y planteó primas de adhesión por tramos de edad de entre 5.000 y 8.000 euros, importes que el sindicato también considera “insuficientes” para limitar las salidas forzosas.
Además, CCOO mantiene su exigencia de dejar fuera del ERE a quienes tengan a su cargo menores con una discapacidad superior al 50%.
Entre los compromisos alcanzados hasta ahora figuran el cómputo de la edad actuarial con la edad cumplida durante todo 2026; la ampliación del convenio especial con la Seguridad Social, extendiendo la cotización hasta los 63 años para el tramo de 55 a 62 años; y otros beneficios adicionales, como la prórroga del seguro médico durante tres meses, la inoperatividad de los pactos de no competencia y la puesta a disposición de un servicio “premium” de “outplacement”.