Los consejeros que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) designa en las empresas donde tiene presencia obtienen un resultado de suspenso en mérito, capacidad e independencia, de acuerdo con el nuevo "Dedómetro" elaborado por la fundación Hay Derecho.
El trabajo se presenta como un análisis "pionero" y concluye que los representantes nombrados por este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, reciben un "suspenso global" en esos tres ámbitos, lo que, según el estudio, pone de manifiesto "debilidades estructurales" en el sistema de nombramientos de compañías con un peso estratégico relevante.
La investigación aplica una metodología propia apoyada en criterios objetivos y en estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), valorando elementos como la formación, la experiencia en gobierno corporativo y gestión, el conocimiento del sector correspondiente o el grado de independencia política de los consejeros analizados.
Consejeros con escasa preparación y perfiles "marcadamente políticos"
El informe constata la "falta de requisitos de competencia, experiencia y formación en la designación de los consejeros, así como la falta de procedimientos abiertos, transparentes y competitivos". "Aunque existen perfiles técnicamente cualificados, estos conviven con otros cuya adecuación al cargo es más limitada, sin que exista un sistema que garantice de forma consistente el mérito, la capacidad y la independencia", recoge el documento.
El investigador principal, Germán J. Arenas, subraya que conviven perfiles técnicos "pero también perfiles marcadamente políticos, vinculados con partidos, que transitan con facilidad del Congreso de los Diputados a los consejos de administración". "Esto refleja un modelo que no asegura que los mejores perfiles lleguen a estos puestos", apunta.
El análisis se centra en compañías consideradas esenciales para el interés general, como Redeia (Red Eléctrica), Indra, Telefónica o Talgo, que gestionan infraestructuras clave en ámbitos como la energía, la defensa o las telecomunicaciones.
"Examinamos nombramientos que afectan directamente al buen funcionamiento de empresas con gran interés público en sus manos", indica la directora general de Hay Derecho, Safira Cantos, quien recalca que la forma en que se gobiernan estas sociedades "es una cuestión que afecta a todos".
Gobernanza y prevención de conflictos de interés
En esta línea, el estudio remarca que la calidad de los órganos de gobierno "no es una cuestión meramente interna de las compañías, sino un factor clave para prevenir conflictos de interés, reforzar la confianza y garantizar una gestión adecuada de recursos estratégicos y de empresas importantes para el interés público". Entre los casos analizados, destaca especialmente Redeia, operador del sistema eléctrico nacional.
"Era necesario hacer un Dedómetro específico sobre la SEPI, especialmente tras episodios como el gran apagón, dado que la gestión del sistema eléctrico corresponde a una empresa participada como Redeia", sostiene la secretaria general de Hay Derecho y directora de la investigación, Elisa de la Nuez.
El informe incide en que, en compañías con impacto sistémico como Redeia, el perfil de sus máximos responsables y consejeros adquiere una relevancia que va más allá del plano empresarial y se proyecta directamente sobre el interés general. Más allá de ejemplos concretos, el estudio detecta un "problema sistémico": la presencia continuada de perfiles técnicos junto a otros de trayectoria fundamentalmente política o político-administrativa, lo que, según se señala, evidencia "la posibilidad de factores que influyen en el nombramiento ajenos a los principios de mérito y capacidad".
"Si el Estado decide participar en una empresa, debe hacerlo como un propietario profesional, activo, transparente y responsable", recalca el investigador principal, para insistir después en que ello pasa por determinar, "con rigor, quién se sienta en el consejo de administración". A su vez, Elisa de la Nuez subraya el papel central de estos órganos de decisión: "Son quienes toman las decisiones.
Cuando el Estado está detrás de esos nombramientos, tiene que asegurarse de que elige los mejores perfiles posibles por el interés de todos, que es el que ha justificado su entrada en el capital de empresas privadas en primer lugar".
El documento concluye con un conjunto de recomendaciones para reforzar la calidad institucional en este ámbito, entre las que se incluyen la exigencia de una formación adecuada para ejercer como consejero, la fijación de criterios objetivos y públicos de idoneidad, la implantación de procesos de selección transparentes, la reducción de la influencia del ciclo político en los nombramientos y el refuerzo de los mecanismos de rendición de cuentas y de la información pública disponible.