La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Aragón ha reiterado su advertencia de que, sin la puesta en marcha de una Ley estatal de Agricultura Familiar, que vienen reclamando desde hace más de diez años, no se podrá poner coto al avance de “la compra masiva de tierras por parte de fondos de inversión, que amenaza con dejar en manos de las grandes corporaciones la producción agraria”.
Según la organización agraria, esta normativa serviría además para blindar el porvenir del modelo de explotación familiar, que sigue siendo el predominante en Aragón y en numerosas comunidades autónomas.
UPA ha censurado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, considere “inútil” sacar adelante esta ley antes de que concluya la reforma de la Política Agraria Común (PAC), ya que, a su juicio, es la Ley de Agricultura Familiar la que “debe marcar el paso a Europa, y no al revés”.
Para la organización, esta ley “puede liderar el camino de la agricultura y la ganadería comunitarias”, del mismo modo que ya sucedió con la Ley de la Cadena Alimentaria, la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales y la Ley de Titularidad Compartida.
Aragón dispone desde 2023 de una ley autonómica de Agricultura Familiar, aunque la norma fue modificada en 2025. Por este motivo, UPA ha reclamado a la nueva consejera de Agricultura, Arancha Simón, que garantice su aplicación efectiva y que se ajuste de manera definitiva al modelo de explotación familiar, que supone el 99% del tejido agrícola y ganadero de la comunidad.