QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
España y Francia han solicitado en el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, celebrado este martes, 21 de octubre, que la Comisión Europea mantenga el objetivo de eliminar los vehículos diésel y gasolina para 2035. Las asociaciones que representan a las electrolineras en ambos países han emitido una declaración conjunta apoyando dicho requerimiento.
En la petición española y francesa recuerdan que la Comisión Europea anunció una revisión del Reglamento (UE) 2019/631 sobre las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros para finales de año. Ante la inminencia de esta reexaminación, se solicita que se mantenga el objetivo de cero emisiones para los nuevos automóviles y furgonetas vendidos a partir de 2035. Esta decisión fundacional, agregan, “que ha implicado decenas de miles de millones de euros de inversión industrial en Europa desde 2023, no debe cuestionarse. El futuro de la industria automotriz europea será eléctrico”.
Añaden que “la Unión Europea no alcanzará la neutralidad de carbono en 2050 sin sustituir gradualmente los vehículos térmicos por vehículos eléctricos, ya que los vehículos ligeros son responsables actualmente de aproximadamente el 15% de las emisiones europeas de CO2. Además, “el coche eléctrico representa una importante oportunidad industrial y económica, que permite el desarrollo de nuevas cadenas de valor estratégicas en territorio europeo y reduce nuestra dependencia de las importaciones de hidrocarburos”, subrayan.
Flexibilidad para los fabricantes europeos
Dejan claro que “Francia y España esperan que la próxima revisión preserve el límite de 2035”, aunque reconocen que para cumplir ese objetivo son necesarias medidas adicionales, como la modificación de “la normativa vigente para garantizar que incentive a los fabricantes europeos a invertir en la electrificación de su base de producción industrial”.
Para lograrlo, sostienen ambos países, deben establecerse mecanismos de flexibilidad, “condicionados a los esfuerzos de producción de cada fabricante de automóviles en Europa”, como podrían ser la concesión de créditos para “apoyar a los que producen y se abastecen en Europa. Lo que garantizaría que la transición a la electricidad beneficie plenamente a las industrias y los trabajadores europeos”.
Las electrolineras lo apoyan
En una declaración conjunta a la que ha tenido acceso Demócrata, la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) y ChargeFrance, es decir, las asociaciones nacionales que representan a los operadores de infraestructuras de recarga de alta potencia para vehículos eléctricos en España y Francia, aseguran que “acogen con gran satisfacción la solicitud conjunta de los Gobiernos de España y Francia”.
La postura unida de los gobiernos, destacan, “denota una clara voluntad de reforzar la seguridad jurídica para los inversores y fabricantes en un momento crítico para el sector. Ambos países ya están siendo testigos de un importante despliegue de la red de recarga ultrarrápida, lo que demuestra que el ecosistema de infraestructuras se está ampliando con la rapidez suficiente para que la movilidad eléctrica sea práctica y accesible para todos”.
