Pegasus eta Maroko: 200 baino gehiago espainiar telefono, posible helburuak

En julio de 2026 no hay en España una ley estatal específica “anti‑Pegasus” o contra el spyware en tramitación avanzada ni aprobada. Lo que sí existe es una proposición de ley del PNV para reformar el marco del CNI, gestada explícitamente a raíz del caso Pegasus, que está en fase de tramitación en el Congreso tras superar la toma en consideración. En paralelo, las iniciativas de ERC para regular el software espía se han canalizado como proposiciones no de ley (sin valor normativo) y ya han sido rechazadas en la Comisión de Interior. La respuesta parlamentaria más activa hoy se concentra en las comisiones de investigación sobre las “cloacas” del Estado y el espionaje con Pegasus, que siguen abiertas pero no producen normativa por sí mismas.

1. Proposición de ley del PNV sobre el CNI (Cortes Generales)

La principal iniciativa con rango de ley vinculada al caso Pegasus es la proposición de ley del Grupo Vasco (EAJ‑PNV) para reformar la Ley 11/2002 reguladora del CNI y la Ley Orgánica 2/2002 de control judicial previo.

• Cámara: Congreso de los Diputados.
• Tipo: Proposición de ley.
• Origen: Grupo Vasco (EAJ‑PNV).
• Motivación explícita: la exposición de motivos cita “la gravedad de los hechos” del espionaje a miembros del Gobierno y a decenas de representantes políticos “a través del programa Pegasus, un spyware altamente invasivo”.
• Estado: Superó la toma en consideración en el Pleno del 24 de septiembre de 2024 por 177 votos a favor y 170 en contra, abriéndose plazo de enmiendas y el trámite en comisión, según la nota oficial del Congreso y la cobertura de Demócrata (nota del Congreso y Demócrata sobre la reforma del CNI).

Las fuentes consultadas no recogen aún una aprobación definitiva ni su paso por el Senado, por lo que puede considerarse en tramitación ordinaria, previsiblemente con el plazo de enmiendas prolongado y sin dictamen final. La propia comunicación del PNV recalca que la iniciativa busca “perfeccionar el marco normativo del CNI” para que la ley no vaya por detrás de tecnologías altamente invasivas como Pegasus (nota del PNV).

2. Iniciativas específicas sobre software espía (ERC)

2.1. Proposición no de ley de ERC en el Congreso

ERC ha impulsado la iniciativa más explícitamente centrada en el software espía:

• Tipo: Proposición no de ley (PNL) en la Comisión de Interior del Congreso.
• Fecha: registrada y debatida en octubre de 2025.
• Contenido: pedir una regulación que limite el uso de software espía a supuestos de criminalidad grave o amenazas a la seguridad nacional, siempre con autorización judicial previa y revisiones periódicas; prohibición de emplearlo contra cargos electos, periodistas y defensores de derechos humanos salvo casos excepcionales; creación de un organismo independiente de supervisión; deber de informar a las personas afectadas una vez cerrada la investigación y eliminación de datos irrelevantes; control de exportación a gobiernos autoritarios. Todo ello ligado expresamente al caso Pegasus/Catalangate, con referencia a las 65 víctimas identificadas por Citizen Lab (Demócrata: ERC insta a regularizar el software espía, otra pieza de Demócrata).
• Estado: la PNL fue rechazada en la Comisión de Interior. Demócrata detalla que la mayoría tumbó la propuesta y que el PSOE la criticó por “revivir el fantasma del Estado profundo” (rechazo de la PNL de ERC).

Al ser una PNL, incluso en caso de aprobación no habría tenido efecto normativo directo; su rechazo confirma que, por esta vía, no se ha abierto ningún expediente legislativo específico contra el spyware.

3. Comisiones de investigación sobre Pegasus en el Congreso

En el plano de control político, la pieza central es la comisión de investigación sobre las “cloacas” del Estado y el espionaje con Pegasus:

• Creación: aprobada en diciembre de 2023 y constituida en febrero de 2024, fruto del acuerdo entre PSOE, Junts y ERC vinculado a la investidura de Pedro Sánchez.
• Ámbito: prácticas de las denominadas “cloacas” en épocas del PP y el espionaje con Pegasus durante los gobiernos de Sánchez.
• Estado: en octubre de 2025 la comisión solicita prorrogar un año su mandato más allá del 24 de octubre; había celebrado una veintena de comparecencias y pide más tiempo para poder abordar específicamente la parte Pegasus, que todavía no había investigado a fondo (noticia sobre la prórroga, variante de la misma información, demanda de Junts de profundizar en Pegasus, otra pieza de Demócrata).

Antes existió una comisión específica sobre espionaje con Pegasus que se cerró en octubre de 2024 sin conclusiones; su trabajo fue absorbido por esta comisión más amplia. Ninguna de ellas implica por sí misma la aprobación de leyes, aunque sus conclusiones pueden inspirar futuras reformas.

4. Ámbito autonómico y otras vías

En el Parlament de Catalunya se ha creado una comisión de investigación sobre infiltraciones policiales y “espionaje y ciberespionaje con Pegasus”, muy activa en comparecencias (incluida la negativa de altos cargos del Estado a acudir, que el propio Parlament ha remitido a la Fiscalía: noticia de Demócrata). Sin embargo, las fuentes disponibles no recogen la aprobación de una ley autonómica específica contra el uso de spyware.

Fuera del nivel estrictamente legislativo, el Govern de la Generalitat adoptó en 2023 una moratoria ejecutiva en el uso de tecnologías de cibervigilancia dirigidas y medidas contra programas espía como Pegasus, en línea con la Declaración de Ginebra y recomendaciones de la ONU, pero se trata de un acuerdo de gobierno, no de una ley parlamentaria.

5. Conclusión

En resumen, a día de hoy la “tramitación de medidas legales” contra Pegasus y el spyware en España se traduce en: una proposición de ley del PNV sobre el CNI en trámite ordinario en el Congreso, sin culminar; intentos de ERC de forzar una regulación estricta mediante PNL ya rechazadas; y comisiones de investigación que siguen vivas pero cuyo efecto es político, no normativo. No se dispone de más información en las fuentes consultadas que apunte a una ley orgánica específica sobre software espía en estado avanzado o próxima a aprobarse.

Enlaces adicionales de contexto normativo y parlamentario mencionados en las fuentes: [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace], [enlace].

El presidente del Gobierno, según la Constitución Española de 1978, es la figura central del Poder Ejecutivo: dirige la acción del Gobierno, coordina a los ministros, asume la responsabilidad política ante el Congreso y actúa como principal interlocutor con el Rey y con las Cortes Generales. Sus competencias se recogen sobre todo en los artículos 97, 98, 99, 100 y 112 a 115 de la Constitución. A partir de ellos se configura un presidente fuerte en un sistema parlamentario, pero sometido a control político y con mecanismos claros de responsabilidad.

Dirección del Gobierno y coordinación de ministros

El artículo 97 establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y que ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Dentro de ese órgano colegiado, el presidente del Gobierno es quien:

• Fija las directrices generales de la acción gubernamental, marcando prioridades y líneas estratégicas en todos los ámbitos (económico, social, internacional, de seguridad, etc.).
• Coordina la labor de los ministros, garantizando la coherencia entre los distintos departamentos y resolviendo conflictos de competencias internos.
• Convoca y preside el Consejo de Ministros, fijando el orden del día y orientando políticamente sus deliberaciones y decisiones.
• Impulsa proyectos de ley y decretos-ley, dirigiendo la iniciativa legislativa gubernamental y la aprobación de normas reglamentarias de mayor relevancia.

El artículo 98 refuerza esta posición al señalar que el Gobierno está integrado por el presidente, los vicepresidentes en su caso y los ministros, pero es el presidente quien organiza este equipo, decide su estructura política básica y, en la práctica, determina el programa de gobierno.

Función política y relaciones con las Cortes Generales

El presidente del Gobierno es responsable políticamente ante el Congreso de los Diputados, no ante el conjunto de las Cortes. De ahí derivan varias funciones clave:

• Relación de confianza parlamentaria: el presidente resulta investido por el Congreso (art. 99) y mantiene en todo momento su cargo condicionado a conservar esa confianza.
• Cuestión de confianza (art. 112): puede plantearla al Congreso para respaldar su programa o una declaración de política general. Si se pierde, el presidente debe dimitir y se abre un nuevo proceso de investidura.
• Dirección de la iniciativa política ante las Cámaras: decide qué proyectos de ley impulsa el Gobierno, cuándo se presentan, y orienta la posición del Ejecutivo en los debates parlamentarios.
• Disolución de las Cámaras (art. 115): puede proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de ambas Cámaras, lo que conlleva la convocatoria de elecciones generales, salvo que estén en trámite moción de censura, se encuentre en el primer año de legislatura o se incumplan los límites temporales previstos.

Relaciones con el Rey y otros órganos constitucionales

En un sistema parlamentario como el español, el Rey actúa con refrendo gubernamental y el presidente del Gobierno es su principal referente político:

• Propuesta de nombramiento (art. 99): tras la ronda de consultas del Rey con los representantes de los grupos parlamentarios, este propone un candidato a la Presidencia que debe ser investido por el Congreso.
• Refrendo de actos del Rey: muchos actos del Jefe del Estado (nombramientos, disolución de las Cámaras, convocatoria de referéndum, etc.) deben ser refrendados por el presidente, que asume así la responsabilidad política.
• Interlocución con otros órganos: el presidente se relaciona institucionalmente con el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y los órganos de relevancia constitucional (por ejemplo, a través de propuestas de nombramiento que, en algunos casos, formula el Gobierno).

Nombramiento, cese y composición del Gobierno

La Constitución otorga al presidente un papel decisivo en el diseño del Ejecutivo:

• Nombramiento y cese de ministros (art. 100 en conexión con el 98): los ministros son nombrados y separados por el Rey, pero a propuesta del presidente del Gobierno. Esto permite al presidente remodelar el gabinete, crear o suprimir carteras y ajustar su equipo político.
• Cese del presidente y del Gobierno: el Gobierno cesa en bloque si el presidente dimite, pierde una cuestión de confianza, resulta aprobada una moción de censura constructiva o tras la celebración de elecciones generales y toma de posesión de un nuevo presidente.

Responsabilidad política y mecanismos de control

La posición central del presidente se equilibra con mecanismos intensos de responsabilidad política:

• Moción de censura (art. 113): el Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante una moción de censura que ha de ser siempre constructiva, es decir, proponiendo un candidato alternativo a la Presidencia. Si se aprueba, el presidente cesa y el candidato propuesto resulta investido.
• Cuestión de confianza (art. 112): al plantearla y perderla, el presidente queda obligado a dimitir, desencadenando una nueva investidura.
• Control ordinario: aunque no se mencione artículo por artículo, el presidente está sometido al control permanente de las Cortes mediante preguntas, interpelaciones, comparecencias y comisiones de investigación, instrumentos que permiten fiscalizar su actuación.

En conjunto, la Constitución configura al presidente del Gobierno como el verdadero centro de decisión política del Ejecutivo, pero sometido a la lógica parlamentaria de confianza, control y posible sustitución por la mayoría del Congreso.

La cuestión que planteas es estrictamente jurídico‑procesal (cómo y cuándo puede reabrirse una causa judicial archivada), y entra en el terreno de la práctica forense y la interpretación detallada de normas como la LECrim, la LEC o la LJCA. Con la información disponible no dispongo de bases normativas concretas ni de desarrollos doctrinales o jurisprudenciales que pueda citar de forma fiable. Además, como asistente, estoy específicamente orientado a explicar la actualidad política y regulatoria, no a ofrecer asesoramiento técnico sobre estrategias procesales en casos concretos. Por ello, no puedo darte una explicación rigurosa y completa de los requisitos legales para la reapertura de una causa archivada en España.

Alcance y límites de lo que puedo responder

Estoy diseñado para trabajar sobre información de carácter político, normativo y de actualidad institucional, especialmente en el contexto español. Esto incluye, por ejemplo, explicar cómo se tramita una ley, qué grupos parlamentarios apoyan una reforma concreta, qué cambios introduce una norma aprobada por las Cortes Generales o qué debates políticos hay en torno a la Administración de Justicia. Sin embargo, no estoy configurado para sustituir el análisis técnico que realiza un profesional del Derecho ante un expediente judicial específico.

En tu pregunta se mencionan conceptos como el archivo de causas, el sobreseimiento, la revisión de resoluciones firmes o la nulidad de actuaciones. Todos ellos requieren:

• Identificar el orden jurisdiccional (penal, civil, contencioso‑administrativo, social…)
• Concretar las normas procesales aplicables (por ejemplo, artículos específicos de la LECrim, de la LEC o de la LJCA)
• Tomar en cuenta la jurisprudencia reciente, que matiza cuándo se entiende que concurren “nuevos hechos o nuevas pruebas”, o cuándo cabe revisar una resolución firme
• Valorar el caso concreto (qué tipo de archivo hubo: provisional, definitivo, por prescripción, por falta de autor conocido, etc.)

Todo esto excede el tipo de información normativa y política general que puedo manejar con seguridad, y sin acceso directo a textos legales o sentencias actualizadas no es posible ofrecer una descripción fiable de “requisitos legales” con el nivel de precisión que tu pregunta exige.

Relación con el ámbito político y normativo

Donde sí puedo aportar contexto es en el plano político y regulatorio. Por ejemplo, si tu interés se vincula a debates sobre la reforma de la Justicia, puedo explicar cómo se modificaría una ley ya vigente para cambiar las reglas sobre archivo y reapertura de causas. De hecho, la información disponible describe, a modo general, cómo se lleva a cabo una reforma legislativa en España:

• Presentación de una iniciativa (proyecto de ley del Gobierno o proposición de ley de los grupos u otros sujetos con iniciativa legislativa).
• Tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado, con posibilidad de enmiendas.
• Aprobación por ambas Cámaras, sanción y promulgación por el Rey.
• Publicación en el BOE y entrada en vigor en la fecha prevista.

Si hubiera una polémica política sobre, por ejemplo, endurecer o flexibilizar la posibilidad de reabrir causas penales archivadas, mi papel sería explicarte cómo se articula la reforma normativa, qué partidos la apoyan, qué objeciones plantean otros grupos, y qué implicaciones políticas se discuten en medios y en sede parlamentaria. Pero no podría decirte, en abstracto, qué autos son recurribles, en qué plazos exactos o bajo qué requisitos concretos se admite un incidente de nulidad o una revisión de sentencia firme.

Qué tipo de preguntas sí puedo responder

Aunque no pueda entrar en el detalle jurídico-procesal que solicitas, sí puedo ayudarte con cuestiones como:

• Explicar qué ley orgánica regula el Poder Judicial y cómo se ha modificado políticamente en los últimos años.
• Resumir debates parlamentarios sobre reformas de la justicia penal, civil o contencioso‑administrativa.
• Analizar posiciones de los distintos partidos sobre la independencia judicial, la duración de los procesos o los recursos disponibles.
• Comentar noticias políticas y sociales relacionadas con casos judiciales mediáticos, siempre desde la perspectiva política y regulatoria, no de asesoría jurídica individual.

Si necesitas saber con precisión cuándo y cómo se puede reabrir una causa archivada, lo más prudente es acudir a un profesional del Derecho (abogado o procurador) que pueda estudiar el asunto concreto, revisar las resoluciones dictadas y aplicar la normativa y jurisprudencia vigentes. Un análisis de este tipo exige acceder directamente a los autos, a las normas procesales actualizadas y a la doctrina de los tribunales superiores, algo que escapa tanto a mi diseño como a la información de la que dispongo.