Hauteskunde orokorren inkesta: espainiarren %52k botoa eman nahi du jada, baina %54k uko egiten dio Sanchezen aurkako mozio bati Junts-ekin

En España, la regulación de las elecciones anticipadas está plenamente vigente y se apoya en la Constitución, en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y, en el ámbito autonómico, en los Estatutos de Autonomía y leyes específicas de cada comunidad. Para elecciones generales, la disolución es una facultad del Presidente del Gobierno, con límites claros y formalización mediante Real Decreto. En el plano autonómico, solo algunas comunidades permiten al presidente disolver anticipadamente su parlamento, con reglas y restricciones propias. Cualquier cambio de este sistema exige una reforma de leyes orgánicas, con mayorías reforzadas y tramitación parlamentaria completa.

1. Elecciones generales anticipadas: marco vigente y procedimiento

1.1. Constitución Española

La Constitución Española regula la disolución anticipada en el artículo 115, conforme al texto localizado en la Constitución:

• Quién propone: el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad.
• Quién decide y firma: el Rey decreta la disolución.
• Contenido del decreto: el decreto de disolución debe fijar la fecha de las elecciones.
• Límites: no puede presentarse propuesta de disolución mientras esté en trámite una moción de censura, ni puede haber una nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior (salvo el supuesto especial del artículo 99.5 CE, relativo al fracaso de la investidura).

El artículo 116 CE añade que no se puede disolver el Congreso mientras estén vigentes los estados de alarma, excepción o sitio.

1.2. LOREG y convocatoria formal

La Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, completa este marco. Según el fragmento consultado de la LOREG:

• La convocatoria de elecciones al Congreso, al Senado o a ambas Cámaras se realiza mediante Real Decreto.
• Salvo en el caso del artículo 99.5 CE, el Decreto se expide con el refrendo del Presidente del Gobierno, a propuesta suya y tras deliberación del Consejo de Ministros.
• En caso de disolución anticipada, el propio decreto de disolución debe contener la convocatoria de elecciones a la Cámara o Cámaras disueltas.
• En el supuesto del artículo 99.5 CE (falta de investidura), el Presidente del Congreso refrenda el decreto.

La Ley Orgánica 2/2016, de modificación de la LOREG para la “convocatoria automática de elecciones” por el artículo 99.5 CE, ajusta el régimen para el caso de bloqueo en la investidura, según se recoge en la Ley Orgánica 2/2016.

2. Elecciones autonómicas anticipadas

2.1. Comunidades con facultad de disolución

En las comunidades que prevén esta posibilidad, la regla general es similar a la estatal: el presidente autonómico puede disolver la asamblea y convocar elecciones anticipadas, dentro de límites temporales y políticos fijados por el Estatuto y leyes autonómicas.

El caso de la Comunidad de Madrid, bien documentado en las fuentes, es ilustrativo. El Estatuto de Autonomía de Madrid prevé que:

• El Presidente, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, puede acordar la disolución de la Asamblea antes del fin natural de la legislatura.
• La disolución se formaliza por Decreto, que debe convocar elecciones y contener los requisitos exigidos por la legislación electoral aplicable.
• Límites: no puede disolverse en el primer período de sesiones, ni cuando reste menos de un año de legislatura, ni mientras haya moción de censura en trámite, ni cuando esté convocado un proceso electoral estatal; además, no cabe nueva disolución antes de un año desde la anterior.

La Ley 5/1990 de la Comunidad de Madrid desarrolla esta facultad y reitera que el decreto de disolución se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad, entra en vigor en el momento de su publicación y fija la fecha electoral, remitiéndose a la Ley Electoral madrileña.

Otros Estatutos (como los consultados para Asturias, La Rioja, Galicia o Murcia) regulan, con matices, si el presidente puede o no disolver y en qué condiciones, pero no se dispone de más detalle en las fuentes analizadas.

2.2. Comunidades sin facultad de disolución

En las comunidades cuyos Estatutos no reconocen expresamente la facultad de disolución anticipada, la legislatura es, en la práctica, de mandato fijo, y solo se renueva la asamblea al cumplirse el período ordinario o en supuestos extraordinarios previstos en el propio Estatuto (por ejemplo, por reforma estatutaria). No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre causas tasadas adicionales.

3. Trámites para reformar esta regulación

La normativa sobre convocatoria de elecciones anticipadas se contiene en su mayor parte en leyes orgánicas (Constitución aparte) y en Estatutos de Autonomía, que también tienen rango orgánico.

• Tipo de norma: se requiere ley orgánica para regular y modificar el régimen electoral general (LOREG) y los Estatutos.
• Mayoría necesaria: las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del texto.
• Iniciativa: puede provenir del Gobierno (proyecto de ley), de grupos parlamentarios o del Senado (proposición de ley), y, para Estatutos, también de las Asambleas autonómicas.
• Fases básicas: admisión a trámite, debate de totalidad, ponencia y comisión con enmiendas, pleno del Congreso, remisión al Senado, eventuales enmiendas o veto, y, en su caso, vuelta al Congreso para la decisión definitiva, seguido de sanción real y publicación en el BOE.

En las fuentes utilizadas no consta que haya en curso una reforma específica del régimen de disolución anticipada; la regulación descrita es la actualmente vigente.

El presidente del Gobierno tiene un papel central en la convocatoria de elecciones generales en España, porque la Constitución le atribuye la iniciativa para proponer la disolución de las Cortes Generales al Rey y, con ello, abrir automáticamente el proceso electoral. Esta competencia se articula fundamentalmente en el artículo 115 de la Constitución Española (CE), que regula la disolución anticipada del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. Esa propuesta se formaliza mediante un Real Decreto de disolución y convocatoria de elecciones, acordado en Consejo de Ministros y refrendado por el propio presidente. Ahora bien, esa facultad está sometida a límites temporales y materiales muy claros, que impiden su uso arbitrario.

Marco constitucional básico

La capacidad del presidente para provocar elecciones generales se encuadra en el modelo de parlamentarismo racionalizado de la Constitución de 1978. Hay dos grandes vías de convocatoria de elecciones:

• Convocatoria “ordinaria”: cuando se agota el mandato de las Cámaras (cuatro años, art. 68 CE para el Congreso y art. 69 CE para el Senado) y es necesario renovar las Cortes Generales.
• Convocatoria “anticipada”: cuando, antes de ese plazo, se acuerda la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales conforme al art. 115 CE, a iniciativa del presidente del Gobierno.

En la práctica, cuando se habla de la “competencia del presidente para convocar elecciones”, se alude casi siempre a esta segunda vía: la disolución anticipada.

Artículo 115 CE: iniciativa de disolución y propuesta al Rey

El art. 115 CE establece que:

• La disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales corresponde al Rey.
• Pero solo puede hacerlo a propuesta del presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Esto supone que el Rey no decide por sí mismo cuándo se convocan elecciones anticipadas: la iniciativa es del presidente, que “activa” la disolución. La propuesta se materializa en un Real Decreto de disolución y convocatoria de elecciones que:

• Es adoptado por el Consejo de Ministros, a iniciativa del presidente.
• Es firmado por el Rey.
• Queda refrendado por el presidente del Gobierno, que asume la responsabilidad política y jurídica del acto.

Ese Real Decreto fija la fecha de las elecciones dentro de los plazos que establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), y determina la disolución de las Cámaras y el inicio del periodo electoral.

Límites temporales a la facultad del presidente

El art. 115 CE impone varios límites al ejercicio de esta competencia para evitar un uso abusivo:

• Prohibición de disolver durante el primer año de legislatura: no puede proponerse la disolución de las Cámaras antes de que haya transcurrido un año desde la anterior disolución.
• Imposibilidad de disolver mientras esté en trámite una moción de censura: si se ha presentado una moción de censura en el Congreso (art. 113 CE), el presidente no puede eludirla convocando elecciones; hasta que no se vote y resuelva, no cabe disolución anticipada.
• Imposibilidad de disolver cuando esté en curso un estado de excepción o de sitio si así lo determinan las normas aplicables, para garantizar estabilidad institucional en situaciones de crisis.

Además, cuando se producen determinadas situaciones de bloqueo institucional en la investidura (art. 99 CE), la propia Constitución prevé una disolución “automática” de las Cámaras si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato resulte investido. En este caso, el Rey disuelve las Cortes y convoca elecciones, pero ya no por iniciativa discrecional del presidente, sino por mandato directo de la Constitución.

Relación con la convocatoria “ordinaria” de elecciones

Cuando se agota el mandato de cuatro años del Congreso y del Senado sin disolución anticipada, las Cámaras “caducan” y es necesario renovarlas. En ese contexto, la convocatoria de elecciones también se articula mediante un Real Decreto de disolución y convocatoria, adoptado por el Consejo de Ministros y refrendado por el presidente. Aquí la competencia del presidente es menos discrecional, porque la renovación es obligatoria; la facultad se limita a ajustar fechas dentro de los márgenes legales, no a decidir si se disuelve o no.

Responsabilidad política del presidente

El diseño constitucional hace que la convocatoria anticipada de elecciones sea, en esencia, una decisión política del presidente del Gobierno, que puede usarla para:

• Reforzar su legitimidad si considera que el apoyo parlamentario es insuficiente o inestable.
• Resolver bloqueos legislativos o de gobernabilidad mediante la consulta al cuerpo electoral.

Sin embargo, al estar la decisión sujeta a límites temporales, materiales y al control político del Congreso (a través de la moción de censura o de la confianza parlamentaria), el sistema pretende equilibrar el poder del Ejecutivo con la estabilidad institucional y la centralidad de las Cortes Generales.

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023 (23J), el Congreso de los Diputados quedó muy fragmentado: el PP fue la fuerza más votada con 137 escaños, seguido del PSOE con 121, mientras que Vox obtuvo 33 y la coalición Sumar 31. El resto de la Cámara se completó con fuerzas nacionalistas y regionalistas: ERC 7, Junts 7, EH Bildu 6, PNV 5, BNG, Coalición Canaria y UPN con 1 escaño cada uno. En total, los 350 asientos se repartieron sin que ningún bloque alcanzara claramente la mayoría absoluta de 176, lo que explica la compleja aritmética de la actual legislatura.

Distribución de escaños por partido (Congreso 23J 2023)

El reparto oficial de los 350 escaños tras el escrutinio definitivo de las elecciones generales de julio de 2023 fue el siguiente:

• PP (Partido Popular): 137 escaños
• PSOE (Partido Socialista Obrero Español): 121 escaños
• Vox: 33 escaños
• Sumar: 31 escaños
• ERC (Esquerra Republicana de Catalunya): 7 escaños
• Junts per Catalunya: 7 escaños
• EH Bildu: 6 escaños
• EAJ‑PNV (Partido Nacionalista Vasco): 5 escaños
• BNG (Bloque Nacionalista Galego): 1 escaño
• Coalición Canaria (CCa): 1 escaño
• UPN (Unión del Pueblo Navarro): 1 escaño

Algunas coberturas iniciales de la noche electoral manejaron cifras provisionales (por ejemplo, 136 escaños para el PP o 122 para el PSOE), pero los datos oficiales cerrados al 100 % del recuento, recogidos en fuentes como RTVE y las grandes cabeceras, consolidan los 137 escaños para el PP y 121 para el PSOE, tal y como reflejan los resultados del Congreso en RTVE, así como los gráficos interactivos de Europa Press y el especial del Congreso de El País.

Equilibrio entre bloques y papel de los partidos “bisagra”

Si se agrupan los principales partidos estatales en bloques, la derecha parlamentaria (PP y Vox) sumó 170 escaños (137 + 33), a los que se puede añadir el diputado de UPN, con el que tradicionalmente ha tenido afinidad, para llegar a 171. Por otro lado, el bloque de izquierdas de ámbito estatal (PSOE y Sumar) alcanzó 152 diputados (121 + 31). Esta suma de 152 para la izquierda estatal frente a una derecha en torno a 170 explica por qué la gobernabilidad ha dependido de forma tan marcada de los partidos nacionalistas e independentistas.

Los resultados del 23J dibujan, por tanto, un Congreso en el que los partidos de ámbito territorial concentran una porción decisiva de la Cámara:

• Los partidos catalanes (ERC y Junts) suman 14 diputados.
• Las fuerzas vascas (PNV y EH Bildu) aportan 11 escaños.
• El BNG añade 1 diputado clave en Galicia.
• Coalición Canaria y UPN representan a Canarias y Navarra con 1 escaño cada uno.

Como analiza el periódico Demócrata al estudiar la legislatura de investidura de Pedro Sánchez, los socios que sostienen al Gobierno (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, CC y otros) son imprescindibles para superar el listón de los 171 escaños que suman PP, Vox y UPN, según la radiografía parlamentaria publicada en este análisis. Esa misma pieza detalla que PSOE y Sumar parten de 147 escaños y necesitan apoyos externos casi constantes para aprobar leyes ordinarias y, especialmente, leyes orgánicas y Presupuestos.

Impacto político de la distribución de escaños

El hecho de que el PP ganara en votos y escaños pero se quedara lejos de la mayoría absoluta, y de que la suma PP‑Vox‑UPN tampoco alcanzara apoyos suficientes para una investidura viable, abrió un escenario en el que la única alternativa de Gobierno pasaba por una coalición liderada por el PSOE con Sumar y el apoyo de buena parte de las fuerzas nacionalistas e independentistas. Esta aritmética es la base de los acuerdos que han marcado la XV Legislatura y que el periódico Demócrata ha ido contextualizando en piezas como el análisis sobre el bloque de investidura ya citado, los movimientos de los grupos parlamentarios en este reportaje o las explicaciones sobre la composición de las comisiones, como la de Hacienda, en esta pieza.

Para seguir la evolución posterior del equilibrio de fuerzas tras el 23J, Demócrata ofrece también un agregador de encuestas de intención de voto, que parte de los resultados de julio de 2023 como “foto fija” de referencia, disponible en este especial de encuestas, y ha analizado cómo la demora en la constitución de las comisiones legislativas ha condicionado el arranque de la legislatura, como se explica en este artículo.

Otros medios españoles han ofrecido cuadros y mapas detallados de este reparto de escaños, que pueden consultarse en los especiales de resultados de ABC, El Mundo, El País (análisis autonómico) y en el resumen elaborado por Vinces en estas claves. Como referencia adicional, el seguimiento posterior de correlación de fuerzas también se ha comentado en otros espacios, incluidas redes sociales, como ilustra esta publicación.