Eremu funtsezkoek Hacienda-ri eskatzen diote Publizitate Kontratazioaren Legearen erreforma, kostuen igoeraren aurrean.

Modificar la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) exige, en términos parlamentarios, seguir el procedimiento ordinario de reforma de una ley vigente: aprobar una nueva ley que cambie total o parcialmente el texto actual. Esa reforma puede iniciarse por el Gobierno (proyecto de ley) o por otros actores (proposición de ley) y debe ser debatida y votada en el Congreso de los Diputados y, después, en el Senado. En ambas Cámaras los grupos pueden presentar enmiendas para ajustar el contenido, y, una vez aprobado el texto por las Cortes Generales, se somete a sanción y promulgación por el Rey y a publicación en el BOE. Sólo entonces la modificación de la LCSP entra efectivamente en vigor.

Quién puede iniciar la modificación

La reforma de la LCSP es una reforma legislativa, es decir, la modificación de una ley ya en vigor para actualizarla, corregirla, ampliarla, restringirla o incluso sustituirla. Según la información disponible, esta reforma puede iniciarse de dos maneras básicas:

• Proyecto de ley: iniciativa presentada por el Gobierno. En la práctica, las grandes reformas técnicas, como suelen ser las de contratación pública, acostumbran a llegar al Parlamento por esta vía, ya que requieren un trabajo previo de elaboración técnica y coordinación interministerial. Antes de llegar a las Cortes, el texto se discute y aprueba políticamente en el Consejo de Ministros, pero ese trámite es gubernamental, no parlamentario.
• Proposición de ley: iniciativa que pueden presentar los grupos parlamentarios, el Senado, las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas e, incluso en algunos supuestos, la ciudadanía mediante iniciativa popular. En este caso, la propuesta nace ya dentro o en el entorno de las Cortes Generales.

En ambos casos, el objetivo es el mismo: tramitar una nueva ley que reforme artículos concretos de la LCSP, sus disposiciones adicionales, transitorias o finales, o que incluso pueda derogar parte relevante del régimen anterior.

Tramitación en el Congreso y el papel de las comisiones

Una vez registrada la iniciativa (proyecto o proposición de ley), se abre la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. La información disponible señala que la iniciativa se somete a debate y votación en el Congreso, con la posibilidad de que los grupos presenten enmiendas para modificar el texto original.

Buena parte del trabajo técnico se realiza en las comisiones parlamentarias, normalmente en la comisión correspondiente a la materia (en el caso de la LCSP, la competente en materia de Hacienda o Administración Pública, según la estructura vigente). Estas comisiones pueden funcionar de dos formas:

• Comisión sin competencia legislativa plena: en este caso, la comisión debate y modifica el texto, pero la aprobación definitiva corresponde al Pleno del Congreso, donde se celebra un debate y una votación final sobre el conjunto del proyecto o proposición de ley que reforma la LCSP.
• Comisión con competencia legislativa plena: cuando así se decide, la comisión puede tramitar, debatir y aprobar definitivamente la ley, actuando con la misma autoridad que el Pleno en ese procedimiento concreto. Esto significa que no sería necesaria una votación posterior en el Pleno, salvo que este decida recuperar la competencia (avocación). Esta figura se utiliza para agilizar determinadas reformas.

Durante estos trabajos, las enmiendas de los grupos pueden alterar la redacción de numerosos artículos de la LCSP, introducir disposiciones nuevas o suprimir regulaciones existentes.

Trámite en el Senado y aprobación definitiva

Una vez aprobado el texto por el Congreso, la reforma de la LCSP pasa al Senado. Allí se sigue también un procedimiento de debate y votación, en el que los grupos senatorial pueden presentar sus propias enmiendas. El Senado puede, en general, aprobar el texto tal como le llega, aprobarlo con modificaciones o intentar vetarlo políticamente.

Si introduce cambios, el texto regresa al Congreso para una decisión final: el Congreso puede aceptar las modificaciones del Senado o rechazarlas y mantener su propia versión. De este modo, la última palabra sobre la redacción concreta de la reforma de la LCSP corresponde siempre al Congreso de los Diputados.

Sanción, promulgación y entrada en vigor

Concluida la tramitación en ambas Cámaras y aprobada la reforma, el texto se remite al Rey para su sanción y promulgación. La sanción es el acto formal por el que el Jefe del Estado manifiesta su aprobación a la ley aprobada por las Cortes Generales, y la promulgación es la declaración oficial de su existencia y la orden de publicación.

Tras estos actos, la ley de reforma de la LCSP se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entrará en vigor en la fecha que indique su disposición final correspondiente o, si nada se señala, a los veinte días de su publicación. A partir de ese momento, la nueva redacción de la Ley de Contratos del Sector Público pasa a ser aplicable y sustituye, en lo modificado o derogado, al régimen anterior.

El Ministerio de Hacienda ocupa una posición central en la regulación y supervisión de la contratación pública estatal. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público configura a Hacienda como el departamento de referencia al que se adscriben los principales órganos de gobernanza del sistema (Junta Consultiva, Comité de Cooperación y Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación). Además, asume funciones clave en la contratación centralizada y en la declaración y extensión de prohibiciones de contratar. Todo ello le convierte en el eje de coordinación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y la Unión Europea en esta materia.

Órgano de referencia y gobernanza del sistema

La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público establece un esquema de gobernanza estatal basado en tres órganos colegiados adscritos al Ministerio de Hacienda y Función Pública:

• Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado: la Ley la define como el órgano específico de regulación y consulta en contratación pública del sector público estatal. Entre sus funciones están:
  • Promover la adopción de normas o medidas generales para mejorar el sistema de contratación en sus aspectos administrativos, técnicos y económicos.
  • Aprobar recomendaciones a los órganos de contratación.
  • Informar, con carácter preceptivo, sobre todas las disposiciones normativas estatales en materia de contratación pública.
  • Coordinar el cumplimiento de las obligaciones de información derivadas de las directivas europeas y elaborar informes trienales a la Comisión Europea sobre la contratación de todos los poderes adjudicadores estatales, autonómicos y locales.
  • Actuar como punto de referencia para la cooperación con la Comisión Europea y con otros Estados miembros.
• Comité de Cooperación en materia de contratación pública: creado en el seno de la Junta Consultiva para articular un espacio de coordinación entre Estado, comunidades autónomas y entidades locales. El pleno está presidido por el Director General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y Función Pública y cuenta con secciones especializadas en:
  • Regulación de la contratación.
  • Información cuantitativa y estadística.
  • Supervisión de la contratación.
  • Contratación pública electrónica y supervisión de la Plataforma de Contratación del Sector Público y del Registro Oficial de Licitadores.
• Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon): órgano colegiado independiente adscrito, a efectos organizativos y presupuestarios, al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Su finalidad es velar por la correcta aplicación de la legislación, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, coordinando la supervisión de la contratación de todo el sector público. La persona titular de su presidencia es propuesta por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y designada por el Consejo de Ministros.

Competencias normativas y de dirección de la política de contratación

Desde el punto de vista normativo, el Ministerio de Hacienda ejerce varias funciones:

• A través de la Junta Consultiva, informa preceptivamente todos los proyectos normativos estatales en materia de contratación pública.
• La OIReScon puede proponer la ampliación del ámbito de determinados controles y penalidades contractuales, que se articula mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, según prevé la propia Ley 9/2017.
• El Comité de Cooperación elabora la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública, que se somete a aprobación de la OIReScon; posteriormente, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, toma conocimiento de dicha Estrategia antes de su remisión a la Comisión Europea y publicidad en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Supervisión, integridad y prohibiciones de contratar

La Ley de Contratos atribuye al Ministro de Hacienda y Función Pública competencias decisivas en materia de integridad:

• La declaración de determinadas prohibiciones de contratar y, especialmente, la extensión de sus efectos a todo el sector público estatal o al conjunto del sector público, se realiza por el Ministro de Hacienda y Función Pública previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
• La OIReScon, adscrita a Hacienda, emite informes de supervisión que alimentan los informes trienales que la Junta Consultiva remite a la Comisión Europea y que se publican en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Contratación centralizada y órganos dependientes

En el ámbito de la compra pública compartida, el Ministerio de Hacienda lidera la contratación centralizada en la Administración General del Estado:

• La Orden EHA/1049/2008, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, y sus modificaciones posteriores (Orden HAP/2834/2015, Orden HFP/457/2018, Orden HFP/761/2022) configuran el catálogo de bienes y servicios que deben contratarse de forma centralizada a través de órganos dependientes de Hacienda, en particular la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
• Órdenes y resoluciones recientes concretan esta función, como la Resolución de 8 de mayo de 2024 de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación sobre la declaración de contratación centralizada, o la Orden HAC/581/2024 que crea y regula la Junta y la Mesa de Contratación de los servicios centrales del propio Ministerio, en aplicación de la Ley 9/2017.
• La normativa de estructura orgánica (por ejemplo, el Real Decreto 1182/2020 y su ajuste posterior por el Real Decreto 206/2024) sitúa estas unidades de contratación y centralización dentro del organigrama de Hacienda.

Coordinación con otras administraciones y plataformas

Finalmente, el Ministerio de Hacienda articula la coordinación técnica e institucional mediante el Comité de Cooperación, que supervisa el funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público y del Registro Oficial de Licitadores, y canaliza la participación de comunidades autónomas y entidades locales. La Junta Consultiva y la OIReScon, adscritas a Hacienda, son además las responsables de consolidar y publicar la información de supervisión, estadísticas y estrategias en dicha Plataforma, reforzando la transparencia y la coherencia del sistema de contratación pública en todo el territorio.

La información disponible sitúa a Javier Sigüenza como presidente de alianzAS, una confederación que agrupa asociaciones, federaciones y confederaciones empresariales de los llamados servicios esenciales (limpieza, dependencia, restauración colectiva, etc.) que trabajan mayoritariamente mediante contratación pública. Desde este puesto, su perfil público está ligado a la defensa de una reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación, así como al debate sobre la subida del SMI y su impacto en esos sectores. No hay datos biográficos detallados en las fuentes consultadas (formación, carrera previa, militancia o cargos en partidos), por lo que no puede trazarse una trayectoria política o profesional completa más allá de su papel al frente de alianzAS.

Cargo actual y papel en alianzAS

Según el periódico Demócrata, alianzAS culminó en octubre de 2025 su transformación en confederación y, en ese contexto, designó a Javier Sigüenza como presidente. La crónica explica que la organización agrupa 11 asociaciones empresariales que operan en servicios como atención a la dependencia, limpieza, mantenimiento o restauración colectiva, representando a más de 1,5 millones de trabajadores, en torno al 2,25% del PIBsobre la transformación de alianzAS en confederación.