Bruselas quiere que los pasajeros del continente puedan buscar, comparar, combinar y reservar opciones de transporte, ya sea en avión, tren, autobús o barco, con una protección jurídica integral. Hasta el punto de que ha propuesto un nuevo billete único, el cual garantizará derechos de asistencia, reembolso y compensación incluso cuando el trayecto involucre a distintas empresas de transporte.
Con el reglamento que ha presentado este miércoles la Comisión Europea se exigirá a las compañías el cumplimiento de tiempos mínimos de conexión, a la vez que se pretende acabar con la “segmentación artificial” de trayectos para evitar que los viajeros pierdan sus derechos ante posibles retrasos.
Una única plataforma
Una de las medidas estrella es el concepto de billete único que ahora se introduce con el objetivo de que cualquier viaje que se compre en una sola transacción comercial quede protegido, incluso si está compuesto por varios contratos de transporte diferentes. En este caso, si un pasajero tiene un billete único y pierde una conexión debido a un retraso o cancelación de un tren anterior, el operador responsable deberá ofrecer asistencia, reembolso o un transporte alternativo para todo el trayecto restante, además de las posibles compensaciones económicas.
"Los pasajeros deben poder tomar decisiones con conocimiento de causa. Si un viaje implica un trayecto operado por distintas compañías y opera en distintos Estados, los pasajeros deberán poder comprar todo el trayecto como un único billete en una sola transacción", ha explicado el responsable de Transporte comunitario, Apostolos Tzitzikostas, que afirma que si algo sale mal y se pierde una conexión los pasajeros deben estar plenamente protegidos.
La Comisión también pone el ojo en la reserva multimodal que afecta a las plataformas, tanto webs como apps, que permiten comparar y comprar billetes de diferentes medios de transporte. La nueva normativa obligará a las empresas a mostrar los resultados de búsqueda de forma objetiva y sin sesgos. Esto significa que no podrán favorecer a un operador sobre otro basándose en acuerdos comerciales, en la mayoría de los casos ocultos, a menos que el usuario lo solicite explícitamente, por ejemplo, mediante contenido patrocinado.
El cobro del retraso
Si se detecta el caso de que una agencia de viajes o plataforma combinase trayectos sin respetar los tiempos mínimos de conexión establecidos, ella será la responsable de indemnizar al pasajero con el 75% del valor del billete y gestionar el transporte alternativo, liberando de esa carga al operador ferroviario.
Lo que Bruselas plantea es abrir el mercado de la venta de billetes de tren, que actualmente suele estar dominado por las empresas históricas de cada país. Todas las empresas ferroviarias deberán compartir su información de horarios y tarifas con los vendedores de billetes externos que lo soliciten. Además, aquellas que tengan una cuota de mercado superior al 50% en un Estado miembro estarán obligadas a vender los billetes de sus competidores en su propia web o plataforma digital, garantizando que el usuario tenga una oferta completa en un solo lugar.
Eso sí, los acuerdos comerciales entre operadores y plataformas deben ser “justos, razonables y no discriminatorios”, a la vez que el Ejecutivo comunitario indica que los billetes deben estar disponibles para la venta con al menos cinco meses de antelación.
Una vez entre en vigor el regalmento, las plataformas deberán mostrar también información clara sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de cada trayecto, permitiendo a los usuarios elegir la opción más sostenible. Por defecto, los viajes deberán ordenarse por criterios como el precio final, el tiempo de viaje o las emisiones de CO2.
La propuesta forma parte de la estrategia comunitaria para avanzar hacia un sistema de movilidad más integrado y competitivo dentro de la Unión Europea. El ejecutivo considera que, pese a los avances tecnológicos y la creciente digitalización del sector, los pasajeros siguen encontrándose con importantes barreras a la hora de organizar desplazamientos complejos que combinan distintos medios de transporte o diferentes operadores.
Para asegurar que estas normas se cumplan, la Comisión designará Organismos Nacionales de Control independientes en cada Estado miembro. Estará dotado del poder de resolver disputas entre empresas y plataformas, tramitar quejas de ciudadanos e imponer sanciones disuasorias en caso de incumplimiento.
Competencia leal
Con esta reforma, la Comisión Europea busca reforzar la confianza de los viajeros en el transporte multimodal y fomentar alternativas más sostenibles frente al uso del vehículo privado o los vuelos de corta distancia. El objetivo es que un pasajero pueda planificar un desplazamiento internacional combinando tren, autobús y ferry con la misma facilidad y garantías con las que actualmente reserva un único vuelo comercial.
Además, Bruselas también quiere impulsar una mayor competencia en el mercado digital de venta de billetes, donde numerosas plataformas denuncian dificultades para acceder a datos comerciales y de disponibilidad de las grandes compañías ferroviarias nacionales. Según el Ejecutivo comunitario, la falta de interoperabilidad y transparencia limita la aparición de nuevos operadores digitales y reduce la capacidad de los usuarios para comparar precios y rutas en igualdad de condiciones.
Otro de los elementos clave de la propuesta es la creación de un marco común de información para los pasajeros. Las plataformas deberán explicar de forma clara quién es responsable en caso de retraso, cancelación o pérdida de conexión, evitando situaciones en las que el consumidor desconoce qué operador debe hacerse cargo de los costes derivados de una incidencia. Bruselas considera que esta falta de claridad ha generado inseguridad jurídica y numerosas reclamaciones en los últimos años.
La iniciativa todavía deberá ser negociada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE antes de su adopción definitiva, en un debate donde previsiblemente chocarán los intereses de las grandes compañías nacionales de transporte con las plataformas digitales y las asociaciones de consumidores, que desde hace años reclaman una mayor protección para los pasajeros europeos. La Comisión maneja la cifra de uno a dos años para su entrada en vigor definitiva.