El pasado 22 de abril, la Comunidad de Madrid presentaba la nueva Ley de Medidas Urgentes con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda protegida y acortar los plazos de construcción, en un contexto marcado por el fuerte crecimiento demográfico, sostenido con unas 450.000–500.000 personas anuales más, impulsado principalmente por la inmigración.
Una estrategia a desarrollar por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras que pilota Jorge Rodrigo, y que en estos momentos, se encuentra en tramitación parlamentaria y con la que el Gobierno regional prevé impulsar la construcción de más de 18.000 viviendas en los próximos cuatro años y reforzar de forma estructural la oferta de vivienda asequible.
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo autonómico y avanzado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, se articula como una reforma que pretende recortar los tiemopos, y acelerar la puesta en el mercado de vivienda protegida mediante una mayor eficiencia en el uso del suelo disponible.
Para ello, la norma establece como eje central la posibilidad de incrementar en un 30% la densidad de las parcelas y en un 20% la edificabilidad, permitiendo así aumentar de forma significativa el número de viviendas por promoción sin necesidad de consumir nuevo suelo. Esta medida se concibe como una palanca para intensificar el desarrollo residencial en suelos ya urbanizados o planificados, optimizando la capacidad edificatoria existente.
Incrementar la altura de los edificios
En este mismo marco, el texto introduce la posibilidad de incrementar la altura de los edificios hasta en dos plantas adicionales, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, lo que contribuirá a reducir plazos de tramitación y acelerar la ejecución de los proyectos. Serán los propios municipios quienes decidan la aplicación de estas medidas, de carácter excepcional y temporal, fijadas en dos años para la solicitud de licencias y tres años para la ejecución de las obras.
La ley incorpora además un cambio relevante en la gestión administrativa urbanística con la introducción del silencio administrativo positivo. De este modo, si en un plazo de tres meses no se emiten los informes sectoriales, el procedimiento podrá continuar automáticamente, salvo en los supuestos que afecten al dominio público. Para ello, se modifican diversas normas autonómicas, eliminando la exigencia de dichos informes en la fase inicial, aunque manteniéndolos como obligatorios antes de la aprobación definitiva. El objetivo es claro: reducir plazos y cargas burocráticas en el desarrollo de suelo residencial.
Asimismo, dicha normativa facilita la tramitación de planes territoriales destinados a identificar nuevo suelo para vivienda a medio y largo plazo, reforzando la planificación estratégica del crecimiento urbano en la región.
En datos
La Vivienda en Madrid
Según datos de la Comunidad de Madrid, los principales indicadores de la política de vivienda en la presente legislatura son los siguientes:
1️⃣ Vivienda pública en España
Madrid concentra más del 40% de la vivienda pública construida en España desde 2019.
2️⃣ Vivienda protegida en la legislatura
Se han promovido 70.353 viviendas con algún tipo de protección, de las cuales 26.142 corresponden a promoción directa autonómica.
3️⃣ Programas autonómicos
17.742 viviendas se enmarcan en programas gestionados directamente por la Comunidad de Madrid (AVS, convenios municipales y fondos europeos).
4️⃣ Plan VIVE y transformación de oficinas
El Plan VIVE suma 13.924 viviendas de alquiler asequible, y la transformación de oficinas en vivienda incorpora 8.400 unidades.
5️⃣ Planificación y nueva ley
La Ley de Medidas Urgentes prevé 18.000 viviendas protegidas en cuatro años y una planificación de 280.000–290.000 viviendas en 15 años.
Cambio de usos de terreno y edificaciones
El texto amplía también las posibilidades de cambio de uso de terrenos y edificaciones, permitiendo la construcción de vivienda protegida en suelos dotacionales de titularidad privada y en suelos de uso hotelero, además de extender en dos años adicionales la conversión de oficinas en viviendas residenciales.
En paralelo, y en un contexto de elevados costes de construcción, la norma establece la limitación de una única plaza de aparcamiento por vivienda, frente a la exigencia vigente de una plaza y media.
Este conjunto de medidas se integra en una estrategia de vivienda ya en marcha por la Comunidad de Madrid, basada en la colaboración público-privada, la movilización de suelo y la agilización de la producción de vivienda asequible.
Plan Vive
En este ámbito, el Plan Vive se ha consolidado como uno de los principales instrumentos de ejecución. A través de este programa, la Comunidad de Madrid ha entregado ya 5.363 viviendas de alquiler asequible en una decena de municipios, a las que está previsto que se sumen otras 3.000 en 2026, con el objetivo de alcanzar 14.000 viviendas en esta legislatura.
Dentro de este despliegue, ya se han adjudicado las primeras 3.352 viviendas del Plan Vive Solución Joven, destinadas a menores de 35 años, junto con otras 2.100 viviendas promovidas por la Agencia de Vivienda Social (AVS) dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad.
Además, este conjunto de actuaciones se completa con ayudas específicas para familias numerosas y monoparentales, la recuperación del alquiler con opción a compra y el refuerzo de la oferta en municipios de menor tamaño.
En paralelo, este anuncio autonómico coincide en el tiempo con la presentación del nuevo Plan Estatal de Vivienda del Ministerio de Vivienda, dotado con 7.000 millones de euros para vivienda protegida, si bien contempla que las comunidades autónomas asuman el 40% de la financiación, un esquema que abre un nuevo escenario de corresponsabilidad en la política de vivienda entre administraciones.
Sánchez propone intervenir el precio de los alquileres
También este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió "intervenir en los mercados que no funcionan", como es el del alquiler de viviendas, porque "donde no se hace los precios suben de manera desbocada".
Así lo afirmó Sánchez en su discurso en el 'Bloomberg CityLab 2026', un foro mundial de los alcaldes, donde destacó que "es importante aplicar todas las herramientas que tenemos desde el Estado para poder hacer frente a la mayor crisis habitacional que se vive en España y, por supuesto, también en el conjunto de Europa".
El jefe del Ejecutivo subrayó que la vivienda es "la principal razón de desigualdad, al menos en España". El presidente añadió que "más del 60% de la desigualdad en España se explica por la imposibilidad de muchos de nuestros conciudadanos de poder acceder a una vivienda. Y, Europa, en consecuencia, vive una crisis profunda".
En respuesta a la posición del Ejecutivo español, el consejero madrileño de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, cargó contra una política "intervencionista" y "populista" en materia de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y alertó de la "defensa de la expropiación" de sus socios de Gobierno, en referencia a Sumar y Más Madrid.