El ahora presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no se jugaba este domingo únicamente revalidar su puesto al frente de la comunidad autónoma más poblada del país. En juego estaba también su capacidad para consolidar una proyección política que trasciende las fronteras nacionales y que lo sitúa ya como una de las voces territoriales con mayor peso dentro de las instituciones europeas. A más de dos mil kilómetros de Sevilla, en el corazón político de Bruselas, el dirigente popular afronta el reto de culminar una hoja de ruta diseñada para convertirlo en máximo representante del organismo encargado de reunir las voces de las regiones y ciudades del continente: el Comité Europeo de las Regiones.
Moreno asumirá previsiblemente en el verano de 2027 la presidencia del Comité de las Regiones, después de ejercer durante dos años y medio como vicepresidente primero. El acuerdo fue sellado entre el Partido Popular Europeo y los socialistas europeos, actualmente al frente de la institución con la concejala del Ayuntamiento de Budapest Kata Tütto. La fórmula responde a una lógica habitual en Bruselas: grandes pactos entre familias políticas rivales para garantizar estabilidad institucional y preservar espacios de consenso comunitario.
Órgano consultivo
Lejos del foco mediático que concentran la Comisión Europea, el Consejo o el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones se ha convertido en los últimos años en un espacio estratégico para los líderes autonómicos y locales europeos. Aunque su capacidad legislativa es limitada y sus dictámenes no son vinculantes, el organismo representa la principal plataforma institucional desde la que regiones, autonomías y municipios intentan influir en la elaboración de políticas europeas que terminan afectando de manera directa a millones de ciudadanos.
Presidir el Comité de las Regiones supone, en la práctica, convertirse en la voz política de más de un millón de representantes regionales y locales de toda la Unión Europea. El cargo implica coordinar posiciones territoriales en debates fundamentales sobre cohesión, agricultura, transición ecológica, vivienda, empleo, transporte o política industrial. También conlleva interlocución permanente con la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo, además de representar institucionalmente a las regiones europeas en foros internacionales y negociaciones multilaterales.
🇪🇺 Juanma Moreno Bonilla, copresidente del Comité Europeo de las Regiones: “Recibimos con profundo agradecimiento y orgullo el anuncio del jurado del #PremioEuropeoCarlosV. Un reconocimiento que refuerza nuestro compromiso con una #Europa más justa, más cercana y más fuerte.” pic.twitter.com/45qdgT51Ij
— Fundación Yuste (@fundacionyuste) April 8, 2026
En términos políticos, la presidencia otorga capacidad para marcar agenda, ordenar prioridades y ejercer presión sobre expedientes legislativos europeos. En un momento en el que Bruselas concentra cada vez más decisiones vinculadas a la transición energética, la política agrícola o la gestión de fondos europeos, la figura del presidente del Comité adquiere una relevancia creciente dentro del equilibrio institucional europeo.
Exportar la "Vía andaluza"
En el plano europeo, Moreno se ha mostrado en numerosas ocasiones partidario de exportar su modelo político autonómico a la capital comunitaria. “Para afrontar los retos actuales, necesitamos una Europa cohesionada, estable y con objetivos muy bien definidos. Una Europa que camina por la senda de la moderación y del consenso”, expresó tras alcanzarse el acuerdo para ocupar el cargo.
Ese discurso encaja con la dinámica política predominante en Bruselas, donde los grandes acuerdos entre familias políticas continúan siendo indispensables para desbloquear expedientes clave. En el Comité de las Regiones, además, las alianzas territoriales suelen imponerse a las fronteras ideológicas tradicionales.
Así, el organismo europeo se ha convertido en escenario de acuerdos que en la política española resultarían difíciles de imaginar. En marzo, durante el debate sobre el rediseño de la estrategia hídrica europea, Moreno y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, unieron esfuerzos para reforzar la voz de sus territorios “en las instituciones comunitarias”.
El dirigente andaluz definió la gestión de los recursos hídricos como una cuestión de seguridad y cohesión territorial que “solo será eficaz si se diseña desde las regiones y las ciudades”. Por su parte, García-Page ironizó que “el abuso del agua hoy” acabará por significar “sed para mañana”.
Ese consenso territorial se extendió también a dirigentes de distinto signo político como la presidenta navarra, María Chivite, y el presidente murciano, Fernando López Miras, ambos partidarios de modernizar las infraestructuras “para asegurar el éxito de la normativa europea”.
El papel de las regiones en Bruselas
A día de hoy, España cuenta con veintiún miembros en el Comité de las Regiones, de los cuales diecisiete representan a las comunidades autónomas y cuatro a entidades locales. Todos los integrantes del organismo deben contar obligatoriamente con un mandato electoral regional o municipal, lo que refuerza el carácter territorial de la institución.
Su función se limita formalmente a emitir dictámenes preceptivos en políticas con impacto territorial, como cohesión, medioambiente, empleo o salud. Sin embargo, en la práctica, el organismo está pensado para que estos territorios sean capaces de canalizar prioridades sectoriales y territoriales hacia las instituciones europeas.
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Todas las regiones aspiran —aunque sus posiciones no sean vinculantes— a influir en la redacción de directivas, reglamentos y programas comunitarios. El objetivo es intervenir en la fase previa de diseño normativo y evitar que Bruselas legisle de espaldas al territorio.
Fuentes de distintas delegaciones autonómicas reconocen a Demócrata su ambición por ganar peso político en las conversaciones europeas, un ámbito en el que tradicionalmente las regiones han quedado relegadas a un segundo o incluso tercer plano institucional.
La paradoja territorial europea
De fondo emerge una paradoja que lleva años sobrevolando el debate comunitario. Aunque las regiones carecen de iniciativa legislativa directa dentro del entramado europeo, son precisamente ellas las responsables de ejecutar buena parte de las decisiones que se adoptan en Bruselas.
En España, debido al modelo autonómico y al reparto competencial, las comunidades son las encargadas de aplicar una parte sustancial de la normativa europea. Desde agricultura hasta vivienda, pasando por transportes, educación o medioambiente, gran parte de las directivas comunitarias terminan aterrizando sobre administraciones regionales y locales.
De ahí que numerosos dirigentes territoriales defiendan la necesidad de participar activamente en el diseño de las políticas europeas para “asegurar que sean aplicables y financiables en cada ciudad y región”.
El gran debate: el futuro presupuesto europeo
Más allá de los debates sectoriales, el gran elefante en la habitación del Comité de las Regiones es el próximo Marco Financiero Plurianual, es decir, el presupuesto europeo a largo plazo que definirá el reparto de recursos comunitarios durante los próximos años.
En el Parlamento Europeo existe un rechazo prácticamente unánime a la posibilidad de fusionar las políticas europeas en un único plan nacional por Estado miembro. Así quedó reflejado en el documento aprobado durante la última sesión plenaria, en el que la Eurocámara fijó su posición negociadora.
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Fuentes parlamentarias advierten de que ese modelo generaría incertidumbre para los beneficiarios finales y pondría en riesgo pilares históricos de la construcción europea como la cohesión territorial, los derechos sociales o la Política Agrícola Común (PAC), especialmente relevantes para muchas regiones españolas.
El Gobierno andaluz ha pedido mantener la política de cohesión y preservar el papel central de las regiones dentro del nuevo presupuesto comunitario. Por ello, habría solicitado a Bruselas la reprogramación de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para destinarlos a paliar los daños provocados por las recientes borrascas.
La ofensiva andaluza en Bruselas
Desde el Comité de las Regiones hasta en foros internacionales y en declaraciones públicas, el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha intensificado durante los últimos años su presencia en Bruselas. La estrategia pasa por reforzar la influencia política de Andalucía en aquellas decisiones comunitarias que afectan directamente al territorio.
La firma del Gobierno andaluz aparece en un documento trasladado al gabinete de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el que varias regiones europeas defendían mantener el peso de la Política Agrícola Común y las políticas de cohesión.
Una posición compartida también por otras comunidades autónomas españolas, como quedó reflejado en la conocida declaración de Galicia, pactada conjuntamente por los gobiernos regionales para defender sus intereses comunes en el debate presupuestario europeo.
“La política de cohesión sigue siendo clave para la convergencia europea, es una historia de éxito y el mejor ejemplo de gestión cercana al territorio; no podemos aceptar que el nuevo modelo orille a las regiones y las deje como meras ejecutoras”, afirmó en marzo la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.
Moreno parece haber entendido que la presencia de la Junta en las conversaciones europeas ya no es únicamente una cuestión institucional, sino una herramienta de influencia política y económica. Porque muchas de las decisiones que se negocian en Bruselas —desde fondos agrícolas hasta transición energética o vivienda— terminan impactando directamente en la vida diaria de millones de ciudadanos.