QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSE-EE ha dado su aprobación a los 24 documentos analizados durante la reunión del Pacto de Salud, incluyendo en el documento final sus iniciativas sobre derechos lingüísticos y la promoción del servicio a través de recursos públicos propios.
Ekain Rico, secretario general del grupo parlamentario del PSE-EE en el Parlamento vasco, comunicó a la prensa después de la reunión que concluyó la tercera fase del pacto, que su partido ha avalado los 24 documentos discutidos.
Además, Rico comentó que hicieron contribuciones, junto a ‘otros agentes fundamentales’ al documento del Grupo de Trabajo de Derechos Linguísticos, después de expresar su ‘disenso con algunos de los planteamientos del texto’. ‘El euskera no es el problema en el ámbito sanitario y nosotros no queríamos que lo fuera’, explicó.
En detalle, el PSE-EE solicitó eliminar la exigencia del C1 para plazas asistenciales en medicina y familia que se incluía en el documento, ‘algo que implicaba de facto una modificación de la política lingüística abordada en el ámbito político y profesional, la mesa sectorial, y que excedía mucho en el ámbito de actuación de este grupo del Pacto de Salud y la realidad sociolingüística’.
También propusieron eliminar la calificación de ‘amenaza’ a las sentencias de tribunales ‘contrarios a requerimientos de perfiles lingüísticos’. ‘A nuestro juicio, recoger como amenaza estas sentencias inducía también a calificar como amenaza a aquellos trabajadores y trabajadoras que han optado por la defensa de sus derechos laborales, y eso nos parecía inaceptable’, agregó.
SIN ‘DOBLE BAREMIZACIÓN’ SOBRE EL EUSKERA
Otra iniciativa fue la supresión del punto 4.2 del documento ‘que pretendía reconocer como un mérito adicional el uso del euskera en el desarrollo profesional o concurso de traslados’, lo que generaba ‘una importante discriminación y lo que es más importante, implicaba de forma encubierta una doble baremización del requisito lingüístico, que no puede convertirse también en un mérito’.
Igualmente, se propuso modificar el punto 5.1 del documento ‘para garantizar la elección del alumnado en relación a la lengua en la que quiere pasar sus estudios universitarios’. Rico indicó que todas estas propuestas fueron respaldadas por la mayoría de los participantes y se añadieron al texto definitivo.
Adicionalmente, se incorporó la priorización de la prestación del servicio por medios públicos y propios, y que la colaboración público-privada ‘se puede tener solo en cuenta cuando cumpla dos requisitos’, el primero, ‘cuando pueda suponer un valor añadido frente a otras formas de provisión de servicios’.
También se aceptará ‘siempre dentro de unos límites máximos que no superen el porcentaje actual destinado a la colaboración público-privada’, según lo solicitado por el PSE-EE.
(Habrá ampliación)
