La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha subrayado que las salidas de prisión de internos de ETA se apoyan en una “reinserción responsable y condicionada al cumplimiento de todos los exigentes requisitos legales” y en que estas decisiones “no pongan en riesgo ni los principios de justicia ni el respeto debido a quienes han sufrido el terrorismo”.
En el pleno de control del Parlamento Vasco, y ante una pregunta del Partido Popular sobre “la diferencia de trato que reciben unos internos respecto de otros en el sistema penitenciario vasco”, San José ha recalcado que el marco jurídico “es común y se aplica a todas las personas privadas de libertad, con rigor” y que existen “requisitos específicos para determinados delitos, entre ellos los de terrorismo”.
La responsable de Justicia ha rechazado que haya privilegios para ningún colectivo de internos, insistiendo en que las decisiones penitenciarias “están plenamente sometidas a la ley, a los procedimientos garantistas y al control judicial”. Sobre las últimas excarcelaciones de presos de ETA, ha remarcado que “no se trata de privilegios”, puesto que implican “mayores exigencias en la reparación, el reconocimiento y la deslegitimación, unas condiciones legales que deben acreditarse en cada caso y que refuerzan la exigencia del sistema en los delitos de mayor gravedad”.
Tras recordar que “el contexto ha cambiado de forma sustancial”, con “quince años sin terrorismo”, ha señalado que el desafío actual de las instituciones “no es gestionar la violencia activa, sino consolidar la convivencia, garantizar la memoria de las víctimas y avanzar en procesos de reinserción que no pongan en riesgo ni los principios de justicia ni el respeto debido a quienes han sufrido el terrorismo”. En este marco ha situado la política penitenciaria del Ejecutivo vasco, orientada a la “consideración hacia las víctimas y en una apuesta hacia una reinserción responsable y condicionada al cumplimiento de todos los requisitos legales”.
Acusaciones del PP de trato de favor
Por su parte, el parlamentario del PP Santiago López ha acusado al PSE-EE de aplicar “un trato de favor” para que “los presos más criminales y más sanguinarios de ETA salgan a la calle”, al sostener que “más del 50% de los excarcelados por el Gobierno Vasco son miembros de la banda terrorista”.
Según ha detallado, “en mayo del 2025, de 35 concesiones, 30 habían ido a parar a presos de ETA”, y “en marzo de este año, el número ha subido a 48 concesiones, 18 en diez meses, casi dos al mes, sumados a los 118 terceros grados que ha otorgado el departamento”, entre ellos el beneficio penitenciario a Anboto, ex jefa de ETA, “recurrido por la Fiscalía”. López ha censurado que el PSE, desde que gestiona las prisiones, haya firmado 48 resoluciones favorables a presos de ETA en cuatro años, frente a las 56 resoluciones otorgadas por el Ministerio del Interior a internos de ETA en casi dos décadas. “Ustedes en cuatro años han hecho casi lo mismo que se ha hecho en más de dos décadas en el Gobierno de España”, ha criticado.
El PP ha invocado también los argumentos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para afirmar que “el PSOE tergiversa la ley” y que “la consejera vasca de Justicia desnaturaliza la institución y vulnera frontalmente el principio de progresividad, especialmente en delitos de terrorismo”, además de apuntar que “existe falta de motivación reforzada en sus últimas resoluciones, con referencia a Anboto”. López ha llegado a preguntar: “¿Tanto beneficio al preso de ETA para contentar a sus socios de Bildu y para que Sánchez siga en el poder merece la pena?”, reprochando que “Bildu ya les está soplando a ustedes en la nuca y, por muy a la izquierda que se eche el Partido Socialista, nunca van a superarles”.
San José acusa al PP de doble rasero
Ante estas críticas, la consejera ha pedido “coherencia” al PP y ha recordado que el Ejecutivo de José María Aznar concedió indultos a alrededor de una quincena de integrantes de Terra Lliure condenados por terrorismo, como parte de “una decisión adoptada en Consejo de Ministros y como un acuerdo con los nacionalistas catalanes para poder gobernar, porque no tenían mayoría absoluta”.
Ha añadido, además, que los populares llevaron a cabo también “acercamientos por agresiones de grado y excarcelaciones respecto a personas condenadas por terrorismo”. A su juicio, “cuando hoy escuchamos a su grupo político rasgarse las vestiduras, hablar de firmeza, de principios inquebrantables o de líneas rojas absolutas, lo mínimo que cabe exigir es coherencia. Resulta llamativo que ese doble rasero permanente que manejan, lo que ustedes hicieron desde el gobierno, lo presentan como sentido de Estado, pero lo que hacen otros lo califican como obsesión, no rigor. Eso es simple y llanamente oportunismo”.