IBEX 35 aujourd'hui, lundi 17 août : ArcelorMittal et ACS défient les baisses de l'indice

Los cambios regulatorios en energía ligados a las recientes tensiones en Oriente Próximo se articulan, sobre todo, a través del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio y de varias normas de continuidad de los paquetes “anticrisis” anteriores (Ucrania + Oriente Próximo). A día de hoy (agosto de 2026) hay una parte ya en vigor por la vía del decreto‑ley y otra en tramitación parlamentaria como proyecto de ley, además de desarrollos reglamentarios sectoriales ya aprobados o en consulta pública.

1. Núcleo: Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio

El centro de la respuesta normativa es el Real Decreto‑ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, complementado por el Real Decreto‑ley 18/2026, de 29 de junio.

• RDL 7/2026 – Plan Integral Según el resumen oficial de Moncloa, el decreto incluye:
  • Reducción temporal del IVA de electricidad, gas y carburantes al 10%, rebajas en hidrocarburos y en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, y suspensión del impuesto a la producción eléctrica (IVPEE).
  • Refuerzo del bono social eléctrico y térmico, congelación del precio máximo del butano y blindaje frente a cortes de suministro para hogares vulnerables.
  • Ayudas al gasóleo profesional y a fertilizantes, y medidas para acelerar renovables y electrificación.
  En el Congreso el RDL se convalidó y se tramita como proyecto de leyplazo de enmiendas abierto hasta el 2 de septiembre de 2026, por lo que la fase es de enmiendas en Congreso, sin ponencia ni dictamen todavía.
• RDL 18/2026 – segundo paquete del Plan Integral El Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto‑ley 18/2026, de 29 de junio, y ha acordado su tramitación como proyecto de ley por urgencia (nota oficial del Congreso: convalidación del RDL 18/2026). Sus ejes son:
  • Nuevo tramo de rebajas fiscales en carburantes e IVPEE con cláusulas de reactivación si los precios suben más del 15% (confirmado también por Hacienda en esta nota).
  • Medidas energéticas para acelerar renovables, redes de distribución, almacenamiento y reforzar las facultades de supervisión de la CNMC.
  • Prórroga y ajuste de ayudas a transporte, agricultura y pesca ligadas al coste del combustible.
  Fase actual: convalidado y en tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia; está pendiente de fase de enmiendas e informe en comisión.

2. Paquetes anticrisis previos aún en tramitación

Además del Plan específico por Oriente Medio, siguen condicionando el marco energético varios decretos‑ley anteriores sobre Ucrania y Oriente Próximo:

• RDL 4/2024, de prórroga de medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y con importantes componentes fiscales y energéticos. El decreto fue convalidado y se tramita como proyecto de ley 121/000032, con el plazo de enmiendas al articulado ampliado igualmente hasta el 2 de septiembre de 2026. Es decir, sigue en una fase temprana de tramitación en el Congreso.
• RDL 8/2023, de 27 de diciembre, que ya introdujo un primer paquete de medidas energéticas ligadas a Ucrania y Oriente Próximo. El RDL está convalidado y su proyecto de ley derivado (121/000003) ha cerrado el periodo de enmiendas y cuenta con avocación a Pleno decidida por el Congreso, por lo que se sitúa en una fase avanzada: pendiente de informe de ponencia/dictamen de comisión y votación final en Pleno antes de remitir al Senado.

3. Desarrollo reglamentario sectorial ya en vigor

En paralelo a los decretos‑ley y su tramitación como leyes, el Gobierno ha activado una serie de desarrollos reglamentarios con impacto directo en el sector energético:

• Real Decreto 640/2026, de 29 de julio, sobre planes de inversión de redes de transporte y distribución eléctrica (BOE 31/07/2026). Su tramitación ha pasado por consulta y audiencia pública (2025) y ya está publicado en el BOE, por lo que el cambio regulatorio sobre planificación de redes se encuentra en fase de aplicación.
• Real Decreto 611/2026, de 22 de julio, de impulso a la descarbonización del transporte y fomento de combustibles renovables, también ya publicado en el BOE. Regula obligaciones y estándares para biocarburantes y otros combustibles renovables; su tramitación normativa está concluida.
• Orden APA/568/2026 y otras órdenes y consultas ligadas a los artículos energéticos del RDL 7/2026 (por ejemplo, ayudas al sector agrario y pesquero, reparto del coste del bono social eléctrico o el futuro estándar de “excelencia social y territorial” para proyectos renovables). Aquí el mapa es mixto:
  • Algunas órdenes, como la citada APA/568/2026, están ya publicadas en BOE (fase de vigencia).
  • Otras piezas —como la consulta previa y la audiencia pública sobre el estándar de excelencia para renovables en desarrollo del art. 20 del RDL 7/2026— se encuentran en fase de participación pública y diseño de la orden ministerial, todavía sin texto definitivo aprobado.

4. Balance sintético de fases

• Ya en vigor: el grueso de las rebajas fiscales y del “escudo energético” se aplica desde su publicación en BOE vía RDL 7/2026 y 18/2026, junto con los reales decretos sectoriales (redes, descarbonización del transporte) y varias órdenes ministeriales.
• En tramitación legislativa:
  • Proyectos de ley derivados de los RDL 7/2026 y 18/2026 (Plan Integral) y del RDL 4/2024, en fase de enmiendas en el Congreso.
  • Proyecto de ley procedente del RDL 8/2023, en fase avanzada tras el cierre de enmiendas y la avocación a Pleno.
• En preparación reglamentaria: consultas y audiencias públicas para nuevas órdenes sobre estándares de excelencia en renovables, reparto del bono social y otros desarrollos del Plan Integral.

En conjunto, la respuesta regulatoria española a las tensiones en Oriente Próximo combina medidas ya operativas (fiscales y de protección al consumidor) con un bloque relevante de normas en tramitación parlamentaria que permitirá consolidar o modular esos cambios en el medio plazo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el organismo público responsable de producir la mayor parte de la estadística oficial de ámbito estatal en España. Sus competencias abarcan desde el diseño y ejecución de operaciones estadísticas clave (como el IPC o la EPA) hasta la coordinación del sistema estadístico nacional y la representación de España ante los organismos estadísticos internacionales. Su actividad es básica para que gobiernos, empresas y hogares tomen decisiones económicas informadas.

Principales competencias del INE

• Elaboración de las estadísticas oficiales de ámbito estatal
  El INE diseña, recoge, procesa y publica numerosas estadísticas esenciales para entender la economía y la sociedad españolas. Entre las más relevantes destacan:
  • El Producto Interior Bruto (PIB) y el resto de la Contabilidad Nacional.
  • El Índice de Precios de Consumo (IPC), referencia central para medir la inflación.
  • La Encuesta de Población Activa (EPA), principal fuente sobre empleo y paro.
  • Los censos de población y vivienda y el padrón continuo.
  • Estadísticas de empresas, comercio exterior, industria, servicios y sector público.
• Planificación y coordinación del sistema estadístico estatal
  El INE participa en la elaboración del Plan Estadístico Nacional, que fija qué estadísticas se harán en un periodo determinado, con qué metodología y qué organismo es responsable. Además, coordina con los ministerios, otros organismos de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para evitar duplicidades y garantizar la coherencia de la información.
• Relaciones con Eurostat y organismos internacionales
  Es el principal interlocutor de España ante Eurostat (la oficina estadística de la UE) y otros organismos como la OCDE, el FMI o la ONU en materia estadística. Debe asegurar que las estadísticas españolas se elaboran conforme a los estándares internacionales, de modo que sean comparables con las de otros países.
• Censos y operaciones de gran escala
  El INE es responsable de los grandes censos demográficos, económicos y agrícolas, que se realizan de forma periódica y ofrecen una “fotografía de alta resolución” de la estructura productiva y social del país, imprescindible para la planificación de políticas a largo plazo.
• Garantía de confidencialidad y calidad
  Tiene la obligación legal de proteger el secreto estadístico: los datos individuales que aportan personas y empresas no pueden utilizarse para fines fiscales, policiales o de otro tipo. También debe cumplir con códigos de independencia profesional, imparcialidad y calidad, lo que da credibilidad a las cifras publicadas.

Influencia del INE en la toma de decisiones económicas

La información producida por el INE es la base de una gran parte de las decisiones económicas relevantes en España, tanto públicas como privadas.

1. Política económica y presupuestaria

• Los datos de PIB, déficit, deuda, empleo e inflación se utilizan para diseñar y justificar la política fiscal (impuestos y gasto público). Por ejemplo, las previsiones de crecimiento y empleo influyen en los Presupuestos Generales del Estado, en el cálculo de ingresos tributarios esperados y en la orientación del gasto social o de inversión.
• Muchas reglas fiscales europeas (como las relativas al déficit o a la deuda pública) se monitorizan con datos que en parte elabora el INE, lo que condiciona el margen de maniobra del Gobierno.
• El IPC es una referencia clave para la actualización de pensiones, salarios públicos, alquileres y otros contratos, de manera que afecta directamente al poder adquisitivo y al coste de determinadas políticas.

2. Políticas de empleo, vivienda y cohesión territorial

• La EPA y otras estadísticas de mercado de trabajo permiten identificar colectivos y territorios con mayor desempleo o precariedad. Eso orienta programas de formación, incentivos a la contratación, políticas de salario mínimo o medidas específicas para jóvenes y parados de larga duración.
• Los censos y estadísticas de vivienda aportan información sobre disponibilidad, precios relativos, características de los hogares y congestión urbana, imprescindibles para diseñar planes de vivienda, transporte y renovación urbana.
• La información por comunidades autónomas y municipios ayuda a definir criterios de reparto de fondos, inversiones en infraestructuras y políticas de cohesión territorial.

3. Decisiones de empresas, sindicatos y hogares

• Las empresas utilizan datos del INE sobre demanda interna, sectores, comercio, población o productividad para decidir dónde invertir, cómo dimensionar su plantilla o qué mercados priorizar.
• Los agentes sociales (sindicatos y organizaciones empresariales) se apoyan en estadísticas de inflación, productividad y salarios para las negociaciones colectivas.
• Los hogares y analistas financieros siguen cifras como el IPC, el paro o el crecimiento para decisiones de ahorro, consumo e inversión.

4. Evaluación y transparencia de las políticas públicas

• Sin estadísticas fiables del INE sería muy difícil evaluar si una reforma laboral, fiscal o educativa ha sido efectiva. La comparación de indicadores antes y después de una medida permite ajustar o corregir la política.
• La publicación abierta de los datos refuerza la transparencia y permite que universidades, centros de investigación, medios y ciudadanía fiscalicen las decisiones públicas y generen propuestas alternativas.

En resumen, el INE no solo produce números: genera la infraestructura de información sobre la que se apoyan el diseño, la ejecución y la evaluación de la política económica, así como multitud de decisiones privadas. La calidad, oportunidad e independencia de su trabajo son, por tanto, un elemento estructural del buen funcionamiento de la economía española.

La composición actual del Congreso de los Diputados deriva de las elecciones generales celebradas el 23 de julio de 2023 (23J). A partir de diversos análisis y encuestas publicados posteriormente —que toman como referencia esos resultados oficiales— podemos reconstruir con bastante precisión el reparto de escaños y los porcentajes de voto de los principales partidos de ámbito estatal.

Resultados de los principales partidos de ámbito estatal

La referencia más consistente en las fuentes consultadas es el uso del resultado del 23J como “punto de partida” para comparar la evolución del voto en encuestas posteriores. En esos textos se citan reiteradamente los datos electorales de 2023 para los cuatro grandes partidos de ámbito estatal:

• Partido Popular (PP): las distintas encuestas de seguimiento señalan que en las elecciones generales de julio de 2023 el PP obtuvo en torno al 33,1 % de los votos y 137 escaños en el Congreso. Por ejemplo, un análisis de GESOP publicado en Prensa Ibérica y recogido por Demócrata compara sus estimaciones actuales con “el 33,1 % y 137 escaños” del 23J.
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE): las mismas piezas de análisis electoral toman como base para el PSOE un resultado de aproximadamente 31,7 % de los votos y 121 escaños. Distintas encuestas (Sigma Dos, GESOP, Ipsos, NC Report, entre otras) utilizan reiteradamente “31,7 % y 121 escaños” como referencia para describir la caída o resistencia posterior del PSOE respecto a las generales de 2023.
• Vox: se indica de forma constante que Vox logró en las generales de 2023 alrededor del 12,4 % de los votos y 33 escaños. Numerosos sondeos citan expresamente que Vox “obtuvo el 12,4 % y 33 diputados en las elecciones generales de 2023” para subrayar el posterior crecimiento estimado de la formación.
• Sumar: las fuentes señalan también de forma reiterada que Sumar consiguió en el 23J cerca del 12,3 % de los votos y 31 escaños, con la precisión de que Podemos concurrió integrado en su candidatura. Tanto GESOP como Sigma Dos y otros institutos usan “12,3 % y 31 diputados” como el dato de partida para medir el deterioro posterior del espacio a la izquierda del PSOE.

Estos cuatro partidos configuran el grueso de la representación estatal y explican la mayor parte del reparto de escaños que determinó la actual legislatura. De hecho, muchos análisis comparan hoy sus proyecciones con ese “mapa del 23J” para valorar cómo cambiaría la aritmética parlamentaria si se repitiesen las elecciones.

Otros partidos que completan la mayoría parlamentaria

Además de PP, PSOE, Vox y Sumar, el Congreso surgido del 23J incluye a varias formaciones de ámbito territorial que han sido claves en la investidura y en la gobernabilidad. Distintos artículos de Demócrata sobre el “bloque de investidura” y las encuestas posteriores recuerdan, por ejemplo, que:

• Junts y PNV redujeron levemente su representación respecto a 2019 y se mueven en el entorno de los 6 escaños para Junts y 5 escaños para el PNV, datos que sirven de referencia cuando los sondeos proyectan ligeras bajadas (“uno menos que en las elecciones de 2023” en el caso de Junts, o de cinco a cuatro en el caso del PNV).
• EH Bildu y ERC mantienen una presencia relevante (las encuestas posteriores comparan su posible subida o bajada con los 6 escaños de EH Bildu y los de ERC en 2023, aunque las piezas consultadas no detallan en todos los casos sus porcentajes de voto a nivel estatal).
• Otras fuerzas como BNG, Coalición Canaria o UPN completan el mosaico del Congreso con uno o dos escaños cada una, y aparecen a menudo en los análisis sobre bloques de investidura y mayorías alternativas.

En conjunto, estos partidos territoriales suman los escaños necesarios para que el bloque de la investidura de Pedro Sánchez pueda superar los 171 diputados que reúnen PP, Vox y UPN, cifra que se menciona en los análisis de Demócrata como el listón que el Gobierno debe rebasar en cada gran votación.

Lectura política del resultado

La combinación de PP como primera fuerza en votos y escaños (33,1 % y 137 diputados) y un PSOE segundo pero con 121 escaños generó un escenario muy ajustado en bloques. PP y Vox se quedaron en torno a 170 diputados conjuntos, por debajo de la mayoría absoluta (176), lo que impidió a Alberto Núñez Feijóo alcanzar la presidencia del Gobierno.

En paralelo, la suma de PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas e independentistas favorables a la investidura permitió a Pedro Sánchez revalidar el cargo, pese a no haber sido la lista más votada. Buena parte del debate político de la legislatura gira desde entonces en torno a esa aritmética: los análisis de encuestas publicados en 2025 y 2026 comparan sus proyecciones con el reparto surgido del 23J para medir si la derecha alcanzaría ahora una mayoría absoluta o si el bloque progresista podría revalidar apoyos.

En síntesis, los resultados clave que definieron la composición actual del Congreso fueron:

• PP: ~33,1 % de voto y 137 escaños.
• PSOE: ~31,7 % de voto y 121 escaños.
• Vox: ~12,4 % de voto y 33 escaños.
• Sumar (con Podemos integrado): ~12,3 % de voto y 31 escaños.
• Resto de escaños: repartidos entre formaciones territoriales (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG, CC, UPN y otras), cuya presencia ha sido decisiva para conformar mayorías de gobierno y aprobar leyes durante la legislatura.