California ha dado un paso inédito en Estados Unidos para afrontar el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo. El gobernador del Estado ha firmado una orden ejecutiva destinada a analizar y responder a las consecuencias económicas y laborales derivadas de la automatización y la expansión de la IA.
La medida ha llegado en un contexto de fuerte ajuste en el sector tecnológico, marcado por despidos masivos en grandes compañías como Meta, que recientemente anunció la salida de 8.000 trabajadores.
Aunque parte de la industria atribuyó estas cifras a correcciones tras la sobrecontratación durante la pandemia, cerca de 80.000 empleados tecnológicos habían perdido ya su trabajo en Estados Unidos en lo que iba de 2026.
Un plan para anticipar el impacto laboral
La orden ejecutiva, considerada la primera de este tipo en el país, plantea la creación en un plazo de 90 días de un panel estatal de seguimiento para monitorizar cómo la inteligencia artificial afecta al mercado laboral.
Además, las agencias estatales han recibido el encargo de presentar en tres meses propuestas para actualizar la Ley WARN —la normativa que obliga a las empresas a avisar de despidos colectivos— con el objetivo de convertirla en una herramienta de alerta temprana frente a las nuevas dinámicas del empleo tecnológico.
Indemnizaciones, sindicatos y reparto de beneficios
Entre las políticas que el Estado se comprometió a revisar figuraron las indemnizaciones por despido, la compensación mediante acciones empresariales. los modelos de propiedad compartida para trabajadores y las ropuestas de “capital básico universal” vinculadas a los beneficios generados por la IA
California también ha anunciado que estudiaría cómo los sindicatos estaban negociando la implantación de herramientas de inteligencia artificial en distintos sectores y cómo adaptar los programas públicos de formación laboral al nuevo escenario tecnológico.
La orden ejecutiva reflejó un cambio de enfoque: pasar de tratar la IA únicamente como una oportunidad económica a considerarla también un desafío social y laboral que requiere regulación y planificación pública.