El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha dictado este martes que el antiguo dirigente del grupo islamista maliense Ansar Dine, Al Hassan ag Abdoul Aziz ag Mohamed ag Mahmud, conocido también como Abdulaziz al Hassan, abone más de 7,2 millones de euros en concepto de reparaciones a sus víctimas. La decisión se enmarca en la causa por la que fue declarado culpable en 2024 de delitos de tortura cometidos entre abril de 2012 y enero de 2013, periodo en el que encabezó la Policía Islámica de esta organización vinculada a Al Qaeda.
“La sala señala que, al haberse declarado al señor Al Hassan responsable de los delitos que causaron daños a las víctimas, tal y como se establece en la resolución, este debe asumir la responsabilidad económica de los gastos derivados de la reparación de dichos daños”, ha resuelto la jueza Kimberly Prost durante su intervención en la sala de La Haya.
Según ha detallado el TPI en un comunicado, Al Hassan ha sido hallado culpable de persecución por motivos religiosos, tortura, mutilación y otros actos calificados como inhumanos, trato cruel, atentados contra la dignidad personal e imposición de castigos sin una sentencia previa emitida por un tribunal debidamente constituido y con todas las garantías judiciales universalmente aceptadas.
Atendiendo a la naturaleza y al “alcance del daño sufrido” por los crímenes por los que fue condenado, el tribunal ha fundamentado su resolución en el número de víctimas con derecho a reparación, que calcula en unas 65.202 personas; en la necesidad de que las compensaciones se apliquen de forma eficiente y eficaz, y en el objetivo de “no causar daño” a la población de Tombuctú, la ciudad del norte de Malí ocupada por Ansar Dine en 2012.
Dado que la situación económica del condenado no permite sufragar por sí mismo las indemnizaciones, la ejecución de las reparaciones recaerá en el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas. Este organismo tiene como cometido respaldar y poner en marcha programas que respondan a los daños causados por genocidios o crímenes de lesa humanidad y de guerra, ya sea mediante la aplicación de las reparaciones ordenadas por el TPI o a través de apoyo físico, psicológico y material a las víctimas y sus familias.
En la misma línea, la sala ha instado al citado fondo a destinar recursos adicionales para “complementar” la indemnización fijada y a poner en marcha nuevas campañas de recaudación con el fin de “cubrir la totalidad de la indemnización”.
Como siguiente fase, el TPI ha encargado al Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas que elabore un borrador de plan de ejecución que detalle las medidas de rehabilitación, así como las iniciativas simbólicas y de satisfacción previstas. Este proyecto deberá remitirse a la sala para su validación antes del 25 de enero de 2027.
El tribunal ha precisado que la orden de reparaciones puede ser recurrida tanto por la defensa de Al Hassan como por los representantes legales de las víctimas, de acuerdo con lo recogido en la nota de prensa difundida este martes por el propio TPI.
En lo relativo a las medidas de rehabilitación colectiva, la sala ha determinado que deberán contemplar apoyo socioeconómico, programas educativos o de formación y asistencia psicológica. Todo ello, teniendo en cuenta que las mujeres y las niñas han sufrido un “perjuicio moral y material especial” derivado del delito de persecución, algo que deberá reflejarse en el diseño y puesta en práctica de los proyectos e iniciativas.
“Las víctimas de delitos distintos de la persecución, así como otras víctimas de persecución que sufrieron actos equivalentes a tortura, mutilación, otros actos inhumanos, tratos crueles y atentados contra la dignidad personal, y que experimentaron daños físicos y psicológicos, se beneficiarán de un apoyo más individualizado, en forma de programas de rehabilitación”, recalca la comunicación del TPI.
Además, la sala ha aprobado medidas colectivas de carácter simbólico y de satisfacción destinadas a reconocer las violaciones de los derechos de las víctimas, preservar su dignidad y favorecer la cohesión, la reconciliación, la disminución de tensiones comunitarias y la memoria de lo ocurrido. En este sentido, el tribunal considera que el reconocimiento público del daño sufrido mediante la sentencia condenatoria, la resolución de imposición de penas y la propia orden de reparaciones constituye también una forma de satisfacción para los afectados.