El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha revelado este lunes la orden de detención que había sido emitida de forma reservada el pasado mes de noviembre contra el senador filipino Ronald Dela Rosa, considerado el principal arquitecto de la guerra contra las drogas impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte y uno de sus colaboradores más cercanos.
La Sala de Cuestiones Preliminares I de la corte ha ratificado la existencia de dicha orden y ha precisado que Dela Rosa, nacido en 1962, está acusado de haber perpetrado también crímenes de lesa humanidad entre julio de 2016 y abril de 2018, un periodo en el que habrían muerto al menos 32 personas durante los intensos operativos policiales desplegados en el marco de la política antidroga de la Administración Duterte.
El tribunal ha concluido que existen “motivos razonables para creer que Dela Rosa es presuntamente responsable penalmente como coautor indirecto (de conformidad con el artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma) del crimen de lesa humanidad de asesinato”, tal y como ha señalado el TPI en un comunicado.
En el documento se expone además que el senador “participó en un plan común que se extendió aproximadamente desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 16 de marzo de 2019 para asesinar a presuntos delincuentes en Filipinas (incluidos aquellos percibidos o presuntamente asociados con el consumo, la venta o la producción de drogas)”.
“Durante ese periodo, Dela Rosa fue oficial de policía y ocupó varios cargos en la Policía Nacional de Filipinas en la región de Dávao”, detalla el texto, que subraya que se mantuvo en estas responsabilidades hasta el 30 de junio de 2016. En esos años estuvo al frente del Grupo de Inteligencia de la PNP y de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos y Doctrina, fue jefe de la PNP desde el 1 de julio de 2016 hasta el 19 de abril de 2018 y ejerció también como director general de la Oficina de Correcciones.
Dela Rosa dirigió la campaña antidroga de Duterte entre 2016 y 2018, que dejó 6.000 muertos según las cifras oficiales, aunque organizaciones de Derechos Humanos sostienen que el número real de fallecidos podría alcanzar los 30.000.
La actuación del TPI ha llevado a que Duterte se encuentre bajo custodia en la ciudad de La Haya, a la espera del inicio del juicio por crímenes contra la Humanidad vinculados a dicha campaña. El pasado 23 de abril, la corte confirmó la totalidad de los cargos formulados contra el exmandatario filipino y decidió remitir definitivamente el caso a juicio.
Sin embargo, su arresto y eventual entrega siguen generando controversia en el país, donde mantiene una base de apoyo muy leal, mientras que su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, ha hecho pública su intención de concurrir a las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2028.