QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlamento de Francia ha ratificado una modificación legislativa clave este miércoles, que incorpora la falta de consentimiento en la definición legal de violación y asalto sexual. Este cambio se produce tras el resonante juicio del caso de Gisele Pelicot, que reveló profundas falencias en el abordaje de la violación dentro del país.
Con un total de 327 votos a favor, la medida fue aprobada en el Senado, culminando así un extenso proceso legislativo. Solo 15 legisladores optaron por la abstención, marcando un paso significativo hacia la alineación con otras naciones europeas que han adoptado legislaciones similares, como España y su ley ‘solo sí es sí’.
Desde el Ministerio de Igualdad y Lucha contra la Discriminación se ha subrayado que esta reforma busca «introducir explícitamente» el concepto de consentimiento en la definición de violación, lo cual «permite reflejar mejor la realidad de la violencia sexual», según han declarado.
La nueva redacción del Código Penal especificará que «cualquier acto sexual no consentido» será considerado como agresión sexual. Anteriormente, la legislación definía la violación como «todo acto de penetración sexual, de cualquier naturaleza, o todo acto buco-genital cometido… mediante violencia, coacción, amenaza o sorpresa».
El consentimiento deberá ser «libre, informado, específico, previo y revocable» y no podrá deducirse del silencio o inacción de la víctima, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Laurent Panifous, ministro encargado de las relaciones con el Parlamento, ha celebrado la aprobación de la ley: «¡Esto es histórico! (…) La aprobación definitiva del texto por el Parlamento supone un importante paso adelante para los derechos de las víctimas».
Este proyecto de ley fue presentado en enero, poco después de que varios hombres fueran condenados por la violación y el abuso sexual de Gisele Pelicot entre 2011 y 2020, mientras ella estaba bajo efectos de sustancias controladas. Su esposo recibió una sentencia de 20 años de prisión, con condenas variando entre tres y 15 años para el resto de los acusados.
