La Cámara de Representantes del Parlamento de Filipinas ha aprobado este lunes la moción para apartar del cargo a la vicepresidenta del país, Sara Duterte, en medio de la controversia generada por las acusaciones de corrupción que pesan sobre ella y su plan de concurrir a las elecciones presidenciales previstas para 2028.
Este procedimiento de 'impeachment', que recibe por segunda vez el respaldo de la Cámara Baja, podría, sin embargo, quedar encallado en el Senado, donde sus partidarios han impulsado una serie de cambios favorables a Duterte, de los que podría salir reforzada.
Pese a ello, la vicepresidenta, hija del expresidente Rodrigo Duterte —actualmente encarcelado y pendiente de ser juzgado en La Haya por crímenes de lesa humanidad— ya ha marcado un precedente al convertirse en la única integrante del Ejecutivo sometida dos veces a un impeachment.
La moción ha prosperado con 255 votos a favor, una cifra superior a los 215 respaldos recabados cuando el proceso obtuvo en febrero de 2025 el visto bueno inicial de los diputados, según el portal de noticias filipino Rappler. En esta ocasión, solo 26 parlamentarios han votado en contra y otros nueve han optado por la abstención.
Este mismo lunes, los aliados de la vicepresidenta han forzado la salida de Tito Sotto como presidente del Senado y han colocado en su lugar a Alan Cayetano, lo que apunta a que el procedimiento podría quedar bloqueado en la Cámara Alta. De producirse este escenario, el propio Cayetano —cercano a la familia Duterte— presidiría el tribunal encargado del impeachment.
Tras la aprobación en la Cámara Baja, el proceso deberá ahora lograr el apoyo de dos tercios de los 24 senadores. Si el Senado avala la destitución, Duterte quedaría inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y se vería obligada a abandonar la Vicepresidencia.
Duterte se enfrenta a cuatro acusaciones, entre ellas dos por malversación de fondos y amenazas de muerte contra el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., aunque ella mantiene que es inocente y subraya que se trata de un “caso político” cuyo objetivo sería frenar su carrera, en un momento en que encabeza las encuestas de intención de voto de cara a las presidenciales.
Los vínculos entre los clanes Marcos y Duterte se han deteriorado de forma notable en los últimos años, especialmente en el contexto de las elecciones generales de mitad de mandato celebradas en 2025.
La pugna se agudizó en junio de ese mismo año y desembocó en la dimisión de Duterte como ministra de Educación. Meses antes, su padre había acusado a Marcos de ser un “drogadicto”, mientras que Marcos atribuyó esas palabras al fuerte deterioro de la salud de Duterte por el consumo prolongado de fentanilo, un opiáceo. Hasta la fecha, ninguna de las partes ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones.