La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha denunciado la “grave crisis de desapariciones y de identificación humana” que atraviesa México, donde “existen más de 128.000 personas desaparecidas y no localizadas” y persisten “desafíos estructurales” como la presencia de “redes de connivencia con el crimen organizado” que obstaculizan la “prevención, investigación, sanción y reparación”.
“México enfrenta una grave crisis de desapariciones y de identificación humana. Si bien la Comisión valora los avances institucionales y normativos impulsados en los últimos años por el Estado --especialmente en materia de búsqueda--, persisten desafíos estructurales que comprometen seriamente las obligaciones internacionales de prevención, investigación, sanción y reparación por las diversas formas de desaparición que ocurren en el país”, indica la CIDH en un informe dedicado al único país hispanohablante de Norteamérica.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el organismo constata que en México hay más de 128.000 personas cuyo paradero se desconoce, mientras que “estimaciones independientes indican que la cifra de cuerpos no identificados bajo custodia del Estado supera los 70.000”.
Para la Comisión, “estas cifras reflejan la magnitud de la grave situación de la desaparición de personas y las dificultades estructurales para erradicar esta práctica y conducir de manera eficaz la búsqueda y los procesos de identificación humana”, advirtiendo además de que “la desaparición en México es generalizada”.
El informe recuerda que este delito “ocurre desde hace varias décadas, a partir de las desapariciones forzadas ocurridas durante la llamada 'guerra sucia', reconocidas por el propio Estado”. En este punto, la CIDH valora como un avance “positivo” que el Tribunal Supremo haya declarado “la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la 'guerra sucia', incluidas las desapariciones”.
No obstante, subraya que hoy en día las desapariciones siguen siendo un delito extendido que mantiene “una relación fundamental con la actuación del crimen organizado, que en diversos contextos opera en estrecha connivencia con agentes estatales”.
El documento detalla que las víctimas abarcan perfiles muy distintos, desde “niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado, a mujeres y niñas víctimas de violencia de género; destacando la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado”. También incluye a “personas migrantes víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual, personas víctimas de odio por su orientación sexual o identidad de género, periodistas desaparecidos por el ejercicio de su labor informativa y personas defensoras de Derechos Humanos que son desaparecidas por buscar a sus familiares desaparecidos o por proteger o denunciar abusos en sus comunidades, territorios o contra el ambiente”.
Prevención ineficaz e impunidad estructural
Entre “los principales desafíos” identificados, la Comisión señala “la falta de eficacia de las medidas de prevención, la persistencia de altos niveles de violencia, la desconfianza en las autoridades y la impunidad estructural, caracterizada por debilidades en la investigación e identificación forense”.
“Superar esta crisis requiere, entre otros aspectos, la identificación y el desmantelamiento de redes de connivencia con el crimen organizado en las diferentes partes del país, el fortalecimiento de las instituciones estatales y la participación central de las víctimas y sus familias”, insiste la CIDH, que reitera “su voluntad y disposición de prestar su asistencia técnica al Estado mexicano en estos esfuerzos”.
En esta línea, el organismo formula varias recomendaciones, como reforzar las políticas de prevención “con participación de organizaciones de Derechos Humanos y de colectivos de familiares de víctimas” y consolidar el “mecanismo de protección de personas defensoras (de Derechos Humanos) y periodistas para prevenir desapariciones”, además de impulsar acciones para “erradicar la estigmatización de las familias que buscan a sus seres queridos”.
La CIDH propone igualmente fortalecer las estrategias de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, así como las políticas de atención y reparación a víctimas y las iniciativas relacionadas con la memoria.
El Gobierno reivindica su actuación y apuesta por el diálogo
El informe se ha dado a conocer en un acto público en el que han intervenido representantes del Ejecutivo mexicano, que han defendido la política del Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ante la presencia de familias de víctimas, colectivos de búsqueda, funcionarios, agencias de Naciones Unidas, diplomáticos y organizaciones de la sociedad civil.
“Las reformas, mecanismos y acciones que hoy impulsa el Estado mexicano han sido construidas escuchando las voces de las víctimas y de sus familias, sus experiencias y sus exigencias. Nos parece importante mencionar y agradecer, que la Comisión haya incorporado los comentarios, información y avances impulsados por el Estado mexicano durante la administración”, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, de acuerdo con las declaraciones recogidas por la Secretaría de Exteriores mexicana.
Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, recalcó que “las soluciones más efectivas y duraderas se construyen en colaboración con el Estado, a través de sus instituciones, en coordinación con todos los órdenes de gobierno y con la participación activa de la sociedad civil”.
En este contexto, el Ministerio de Exteriores ha asegurado en un comunicado que el Gobierno “continuará el diálogo constructivo y respetuoso que se ha establecido con la CIDH y ampliará los programas de cooperación con agencias internacionales”, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP), “para así continuar el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales y generar soluciones efectivas y duraderas”.