La Comisión Europea ha confirmado este martes que ha remitido una carta oficial al régimen talibán para celebrar en Bruselas una reunión “a nivel técnico” con la finalidad de avanzar en las conversaciones sobre la expulsión de migrantes afganos que hayan llegado de forma irregular a la Unión Europea y sean considerados una amenaza para la seguridad.
“El Consejo señaló la obligación de mantener una colaboración operativa con las autoridades 'de facto' en Afganistán. Esto no constituye en absoluto un reconocimiento (del régimen)”, ha zanjado el portavoz comunitario de migración, Markus Lammert, al confirmar el envío de la carta de invitación y precisar que aún están por concretar las fechas y las condiciones del encuentro.
Con ello, el Ejecutivo comunitario da por hechos los contactos y las gestiones para organizar en Bruselas una cita que, aunque se mantendría en un plano técnico, implicaría la primera visita oficial de representantes de las autoridades 'de facto' afganas, después de un primer intercambio de este tipo celebrado el pasado enero en Afganistán entre delegaciones de Bruselas y Kabul.
La misiva ha sido remitida por la Dirección General de Interior de la Comisión Europea (DG Home) junto con el Ministerio de Migración de Suecia. No obstante, los servicios comunitarios subrayan que Bruselas actúa como coordinador de una iniciativa promovida por una veintena de países europeos --entre los que no figura España-- que en octubre reclamaron agilizar los retornos a Afganistán.
Lammert ha recalcado que este tipo de contactos técnicos “no son nada nuevo” y que la Unión Europea mantiene una presencia operativa en Afganistán con el objetivo de “facilitar contactos, supervisar la situación, asistir a los Estados miembro europeos y seguir proporcionando apoyo” a la población afgana.
El portavoz, que ha evitado precisar a qué dirigentes talibanes se dirige la invitación o quién asumirá los gastos del desplazamiento, ha remarcado que la competencia para ejecutar las expulsiones de personas llegadas al territorio comunitario recae en los Estados miembro, que deben analizar de forma individual cada expediente, y no en la Comisión Europea.
En cualquier caso, ha destacado que los retornos que se contemplan por ahora se limitan a personas que “supongan una amenaza para la seguridad” en la Unión Europea y que cualquier deportación deberá respetar el Derecho europeo e internacional, así como las obligaciones en materia de Derechos Humanos.
Veinte países reclaman acelerar las deportaciones
El origen de esta iniciativa se sitúa en octubre del año pasado, cuando alrededor de veinte países europeos, con Alemania y Bélgica al frente, pidieron a la Unión Europea que acelerase los procedimientos de deportación de nacionales afganos sin permiso de residencia, pese a las advertencias de Naciones Unidas sobre el grave riesgo que afrontan a su regreso bajo el régimen fundamentalista talibán.
En aquella ocasión, en una carta dirigida al comisario de Migración, Magnus Brunner, los Estados firmantes --entre los que tampoco figura España-- urgieron a la Comisión a adoptar “medidas concretas para facilitar el retorno voluntario y forzoso de los ciudadanos afganos que no tienen derecho legal de residencia en la UE y, en particular, de aquellos que representan una amenaza para el orden público”.
“Países de norte a sur, de este a oeste, se enfrentan al mismo obstáculo: no podemos deportar a afganos ilegales o delincuentes, ni siquiera si han sido condenados”, recoge la carta suscrita el pasado otoño por Bélgica, Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Suecia y Noruega.