La Fiscalía de Bolivia ha confirmado este martes que pedirá una condena de 20 años de prisión para el expresidente Evo Morales por un supuesto delito de trata de personas con agravante, dentro del proceso abierto por la relación que habría mantenido con una menor de edad en la fase final de su mandato.
El fiscal del departamento de Tarija, José Mogro, ha detallado que el agravante se fundamenta en que la presunta víctima era menor cuando ocurrieron los hechos, en torno a 2015. “La pena máxima es de 20 años de presidio y eso es lo que el Ministerio Público luego de producir su prueba y demostrar su teoría del hecho, va a solicitar”, ha señalado en una entrevista con la televisión del diario “El Deber”.
Mogro ha subrayado además que ni Morales ni la madre de la presunta víctima aportaron una justificación válida para no presentarse este lunes ante los tribunales de Tarija, en el sur del país, donde se desarrolla el juicio contra ambos.
Por este motivo, ha recordado, la Fiscalía pidió el lunes que se les declare en rebeldía, se dicte su búsqueda y captura, se les impida abandonar el territorio nacional y se proceda al bloqueo de sus cuentas bancarias. En esta línea, Mogro ha urgido a la Policía a cumplir con su mandato constitucional y ejecutar la orden de arresto contra el exmandatario boliviano.
Morales permanece en la región cocalera del Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, resguardado por sus bases sociales, y no ha respondido a ninguna de las citaciones judiciales. Viene denunciando desde el Gobierno del expresidente Luis Arce que se ha “fabricado” una causa en su contra.
La acusación sostiene que en 2015 Morales mantuvo una relación con una joven de entonces 16 años, con la que habría tenido una hija mientras ejercía la Presidencia, cargo que ocupó entre 2006 y 2019, año en el que abandonó Bolivia tras la presión de la oposición y de un sector de las Fuerzas Armadas que rechazó su victoria electoral.
El fuerte respaldo del que disfruta Morales en esa zona del país ha disuadido hasta ahora a las autoridades de intentar su detención, por el temor a que se desencadenen graves disturbios.
El nuevo Gobierno ha reiterado que su objetivo es detenerle, aunque por el momento no se han registrado avances. En las últimas horas, el vicepresidente Edman Lara, enfrentado abiertamente al presidente Rodrigo Paz, ha presionado a la Policía y al Ejecutivo para que actúen contra Morales.