Naciones Unidas ha hecho público en las últimas horas un duro informe sobre la situación de violencia extrema que atraviesa Haití, donde más de 1.600 personas han perdido la vida en episodios violentos entre enero y marzo de este año. La mayoría de las víctimas se habrían producido en el marco de operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas criminales que desde hace años mantienen bajo su control amplias zonas del país.
El balance más reciente de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) recoge al menos 1.642 personas asesinadas y 745 heridas en ese periodo, pese a que el organismo reconoce ciertos “avances en materia de seguridad en algunas zonas del centro de Puerto Príncipe”, la capital del país caribeño.
Sin embargo, el responsable de la BINUH, Carlos Ruiz Massieu, advierte de que la violencia se ha desplazado y ampliado a otras regiones, en particular a los departamentos de Centro y, de forma muy acusada, a Artibonite. En este último, una serie de ataques coordinados por las bandas en 16 localidades, dirigidos contra grupos locales de autodefensa, causaron al menos 83 muertos y 38 heridos.
De acuerdo con los datos manejados por la ONU, las pandillas serían responsables del 27% de las víctimas registradas. No obstante, este porcentaje queda muy por debajo del 69% de los casos que el organismo atribuye directamente a las fuerzas de seguridad, “con decenas de civiles entre ellos, incluidos niños, mientras las fuerzas de autodefensa contabilizan el 4% restante”.
Naciones Unidas subraya, además, que las bandas criminales están detrás de “numerosos episodios de violencia sexual que han afectado a más de 292 víctimas, principalmente mujeres y adolescentes de entre 12 y 17 años” como parte de una estrategia de terror y sometimiento de la población.
La ONU insiste en señalar a las fuerzas de seguridad como responsables del grueso de los asesinatos y heridos: más del 69% de las víctimas habrían muerto o resultado lesionadas durante operativos contra las pandillas, en ocasiones con el apoyo de compañías de seguridad privadas que emplean aviones no tripulados para llevar a cabo sus acciones.
En marzo, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció que el uso de estos drones por parte de las fuerzas de seguridad haitianas habría provocado la muerte de 1.243 personas, entre ellas 17 menores, durante los once meses comprendidos entre marzo de 2025 y enero de 2026. HRW identifica a una de estas “empresas privadas” que coopera con el Gobierno de Haití como Vectus Global, que dispone de licencia para exportar servicios de defensa en el país, según confirmó al organismo el embajador de Estados Unidos en Haití.
La BINUH también recoge en su informe la persistencia de denuncias sobre ejecuciones sumarias en las que estarían implicados agentes de la Policía haitiana. Estos hechos habrían ocasionado la muerte de 33 personas, lo que refuerza la preocupación de Naciones Unidas por el papel de las autoridades en la escalada de violencia.