El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha cargado este jueves contra la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles a 60 países, reprochando a la Administración de Donald Trump que esté "manipular un tema fundamental para los Derechos Humanos y la lucha de los trabajadores en todo el mundo". Washington ha presentado esta medida, que llega horas antes de que venza el gravamen global temporal del 10% ya en vigor, como un castigo a las economías que no hayan vetado los productos fabricados con trabajo forzoso.
"Ante la falta de una base legal interna que respalde su política comercial proteccionista, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés; Jamieson Greer) ha optado por manipular un tema fundamental para los Derechos Humanos y la lucha de los trabajadores en todo el mundo, acusando a 59 países y a la Unión Europea de prácticas desleales", ha declarado en redes el mandatario brasileño.
En lo que respecta a Brasil, Lula ha reiterado que su Ejecutivo "rechaza la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles del 12,5% a productos brasileños" y ha subrayado, en línea con lo defendido en otras ocasiones, que "durante toda la investigación (del USTR sobre Brasil) el Ministerio de Trabajo proporcionó explicaciones y amplia documentación sobre la legislación brasileña y las acciones de nuestras autoridades aduaneras para frenar las importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso".
El dirigente ha recordado que "hemos tipificado como delitos no solo la sometimiento al trabajo forzoso, sino también las jornadas laborales extenuantes, las condiciones de trabajo degradantes y las restricciones a la libertad de movimiento. Exigimos responsabilidades a empresas e individuos, aplicando multas severas, y mantenemos una 'Lista Negra' de empleadores", en referencia al conjunto de medidas implantadas por Brasília contra estas prácticas.
Asimismo, ha puesto en valor que "Brasil ha sido reconocido durante décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su firme compromiso en la lucha contra el trabajo forzoso", rememorando que "Brasil ha ratificado los cuatro instrumentos de la OIT relacionados con el trabajo forzoso", frente a "Estados Unidos sólo ha ratificado uno".
En esa misma línea, ha incidido en que "somos signatarios de 66 convenios de la OIT vigentes. Mientras tanto, Estados Unidos, que se arroga el derecho de juzgarnos e imponernos sanciones, solo ha ratificado 10 de estos convenios".
Lula ha añadido que "los acuerdos de libre comercio suscritos por Brasil y el Mercosur, incluyendo los firmados con Chile, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio, contienen compromisos para eliminar el trabajo forzoso y obligatorio y para hacer cumplir eficazmente estas prohibiciones".
Por este motivo, y ante lo que considera una ofensiva sin sustento, ha anunciado que, "dada la naturaleza completamente arbitraria e injustificada de los aranceles anunciados contra Brasil, iniciaremos de inmediato los procedimientos para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional, y llevaremos el asunto al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".
La respuesta del jefe de Estado brasileño se produce después de que la Administración Trump confirmara la imposición de aranceles a 60 países, presentando la medida como una sanción a aquellos Estados que no han prohibido los bienes procedentes de trabajo forzoso. Este nuevo paquete sustituye al arancel global temporal del 10% aplicado durante 150 días, que caduca esta medianoche en Estados Unidos (hora de la Costa Este), las 6.00 horas en España.
En el caso concreto de Brasil, las tensiones entre los gobiernos de Trump y Lula se intensificaron la semana pasada, cuando el Representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer, comunicó un arancel del 25% a "la mayoría" de las importaciones brasileñas, alegando como motivo la falta de "buena fe" de Brasília en las conversaciones con Washington.
Entre los argumentos esgrimidos por Estados Unidos figuraba la defensa por parte de las autoridades brasileñas del sistema de pagos electrónicos Pix, desarrollado por el Banco de Brasil, que según la Casa Blanca "ha perjudicado injustamente" a proveedores estadounidenses.
El pliego de quejas incluía también reproches por "castigar a empresas tecnológicas estadounidenses por negarse a censurar el discurso político", una crítica que aludía a la sanción impuesta a la red social X, propiedad del empresario sudafricano Elon Musk, por no acatar la orden judicial de retirar cuentas de investigados por difundir mensajes calificados como antidemocráticos.