El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, ha ordenado abrir una investigación sobre los disparos registrados este miércoles en la sede del Senado, donde desde el lunes permanece atrincherado el senador Ronald Dela Rosa, reclamado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por su implicación en la guerra contra las drogas. El mandatario ha recalcado que los tiros no proceden de las fuerzas de seguridad del Estado.
“Las fuerzas gubernamentales no hicieron esto. Ningún soldado, personal militar ni agentes del NBI (Oficina Nacional de Investigación) entraron al Senado””, ha afirmado el presidente filipino en un vídeo difundido este miércoles apenas dos horas después de que se registraran los disparos, en el que ha señalado que se desconoce quienes intentaron ingresar en la sede de la Cámara Alta.
Marcos ha indicado que el ministro del Interior, Jonvic Remulla, y el director del NBI, Melvin Matibag, le han trasladado que los cuerpos de seguridad no guardan relación con lo ocurrido. Ha precisado que los agentes que aparecen en las grabaciones difundidas en redes sociales forman parte del personal de servicio del complejo parlamentario.
El jefe del Estado ha añadido que ordenó retirar a los efectivos del NBI después de que el Tribunal Supremo rechazara dictar una orden de restricción temporal que frenara la detención de Dela Rosa, a quien el TPI acusa de crímenes de lesa humanidad cometidos entre julio de 2016 y abril de 2018. Estas acusaciones están vinculadas a la muerte de una treintena de personas en el contexto de la ofensiva antidroga impulsada por el entonces presidente Rodrigo Duterte.
Marcos ha explicado igualmente que se ha comunicado con el presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, aliado político de Dela Rosa, para lanzar un mensaje conjunto de tranquilidad a la población. Ambos han pactado la puesta en marcha de pesquisas que aclaren si los disparos fueron fortuitos o si responden a algún tipo de “motín”.
Duterte se encuentra en estos momentos bajo custodia en La Haya, a la espera de juicio por aquella polémica campaña contra el narcotráfico, que dejó unos 6.000 muertos según el recuento oficial. Organizaciones de Derechos Humanos elevan esa cifra y sostienen que las víctimas superan las 30.000.