El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictado una sentencia que anula el segundo distrito electoral de mayoría negra en el estado de Louisiana, una decisión que abre un nuevo capítulo en el debate sobre la redistribución de distritos electorales y el alcance de la protección legal contra la discriminación racial en el voto.
El fallo, adoptado por la mayoría conservadora del tribunal, considera que el trazado del distrito impugnado presenta un uso excesivo del criterio racial, lo que, a juicio de los jueces, vulneraría la Constitución.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha descrito el mapa electoral como una figura “irregular” que conecta regiones separadas a lo largo de cientos de kilómetros, mientras que el juez Samuel Alito ha respaldado la conclusión de que se trata de un caso de gerrymandering inconstitucional.
Un fallo que reinterpreta la ley
La decisión supone un golpe directo a la Voting Rights Act de 1965, considerada una de las leyes fundamentales del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. En particular, afecta a la Sección 2 de la norma, que ha servido durante décadas como principal herramienta para impugnar prácticas electorales discriminatorias basadas en la raza.
Según la jueza Elena Kagan, en su voto particular junto a los magistrados progresistas, el fallo podría tener consecuencias de gran alcance, hasta el punto de dejar esa protección “prácticamente sin efecto”.
Organizaciones y expertos en derecho electoral advierten de que esta interpretación reduce significativamente la capacidad de los tribunales para frenar rediseños de distritos que diluyen el voto de las minorías.
Riesgo de una mayor fragmentación del voto de minorías
El caso de Louisiana afecta directamente a la representación política de la población afroamericana, que representa aproximadamente un tercio de los habitantes del estado. Hasta ahora, dos de los seis distritos electorales contaban con mayoría negra, un equilibrio que podría verse alterado tras la sentencia.
Diversos analistas señalan que la decisión podría facilitar nuevas estrategias de rediseño electoral en estados gobernados por republicanos, con el objetivo de fragmentar el voto afroamericano y latino, lo que podría influir en el equilibrio de poder en el Congreso estadounidense.