La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reclamado a Estados Unidos “pruebas contundentes” después de que el Departamento de Justicia presentara cargos formales por narcotráfico contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve altos cargos estatales por su supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
“Nosotros no protegemos a nadie. Tienen que haber pruebas, tiene que haber documentos con base en nuestra legislación que demuestran la culpabilidad de una persona. Si esas pruebas no están, la pregunta es: ¿cuál es la motivación?”, ha señalado este jueves en rueda de prensa, cuestionando el trasfondo de la actuación de Washington.
La mandataria ha subrayado que el sistema penal mexicano requiere “pruebas contundentes” para poder emitir una orden de aprehensión y ha recordado que “esto no había ocurrido nunca antes en la historia, que la Fiscalía o el Departamento de Justicia de Estados Unidos pida una orden de extradición de un gobernador en funciones o de un presidente municipal en funciones”.
Sheinbaum ha explicado que, si se aportan las evidencias, corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) emitir una opinión dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las imputaciones, para que esta instancia traslade después su postura a las autoridades estadounidenses.
Al mismo tiempo, ha reprochado a Estados Unidos que, pese a lo establecido en los tratados internacionales, “tiene que haber una parte de confidencialidad”. “Sin embargo, publican este documento. Hacen un relato muy largo, escrito (con las acusaciones)”, ha criticado.
La jefa del Estado mexicano ha defendido la soberanía nacional y ha recalcado que “no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México. El artículo 39 de la Constitución es muy claro: la soberanía emana del pueblo”. No obstante, evitó pronunciarse cuando un periodista le preguntó si la ofensiva judicial podía tener una motivación electoral vinculada a la Administración Trump.
De acuerdo con la acusación estadounidense, el gobernador y los demás funcionarios implicados habrían participado en una “conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el cártel para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos”.
El documento judicial les atribuye, entre otras actividades, la supuesta protección de los jefes del cártel frente a la “investigación, arresto y enjuiciamiento”, además del suministro de información “confidencial” sobre las fuerzas de seguridad y el Ejército mexicanos para “facilitar” las operaciones ilícitas del grupo.
También sostiene que “ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales” que “protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos, mientras que también “permitieron que miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el narcotráfico sin consecuencias”, todo ello a cambio de importantes pagos en efectivo.
Por su parte, el gobernador de Sinaloa ha negado rotundamente los señalamientos en un mensaje difundido en redes sociales, donde afirma que “carecen de veracidad y fundamento alguno” y los califica como “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional”.