El Gobierno de Sudán ha manifestado su desaprobación hacia las recientes sanciones de la Unión Europea dirigidas a un alto mando militar, alegando que estas son infundadas y resultan en una injusta comparación entre los defensores del estado sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), quienes son sus adversarios en un violento conflicto que comenzó en abril de 2023 y ha causado grandes estragos en la nación.
Las medidas restrictivas anunciadas por Bruselas el viernes recaen sobre el comandante Abu Aqla Mohamed Kaikal, acusado por la UE de cometer atrocidades contra la minoría kanabi durante su corta deserción a las RSF. Según un informe de Human Rights Watch de febrero de 2025, sus milicias, denominadas Fuerzas Escudo de Sudán, perpetraron un ataque en el estado de Gezira que resultó en la muerte de 26 personas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán «expresa su rechazo a los fundamentos en que se basa esta decisión, en particular su equiparación de las Fuerzas Armadas Sudanesas con grupos armados rebeldes ilegales». Además, critica las sanciones impuestas a la empresa minera Red Rock Mining, señalada por participar en la producción de armas y vehículos para el ejército sudanés, un aspecto que complica aún más el conflicto.
En una nota emitida por la agencia oficial SUNA, el Ministerio argumenta que las sanciones carecen «de una base jurídica sólida» ya que «no puede haber comparación entre una institución nacional con las milicias que se han rebelado contra el Estado y han cometido violaciones graves y bien documentadas, incluidos el desplazamiento forzado, la violencia sexual y la limpieza étnica, como lo demuestran informes independientes tanto nacionales como internacionales».
Finalmente, el Ministerio lamenta que «esta decisión coincida con el inicio de una nueva fase de colaboración positiva entre Sudán y la Unión Europea» y reitera su llamado al «diálogo constructivo» con Bruselas.