Quali aiuti si percepiscono ad agosto 2026: date della disoccupazione, pensioni, sussidi e IMV

El calendario concreto de pago de pensiones y demás prestaciones periódicas de la Seguridad Social no está fijado hoy en una «ley de calendario», sino que deriva de la normativa general (Ley General de la Seguridad Social y reales decretos sobre efectos económicos) y, sobre todo, de decisiones de gestión del INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social. Si se quisiera cambiarlo por vía parlamentaria, las Cortes tendrían que modificar esa normativa habilitante (por ley ordinaria, por una disposición en la Ley de Presupuestos o a través de la tramitación de un real decreto‑ley). El procedimiento parlamentario en Congreso y Senado sería el ordinario de cualquier proyecto/proposición de ley, con mayoría simple, salvo que el cambio se inserte en la Ley de Presupuestos, que tiene algunas especialidades de tramitación.

Marco normativo actual del pago de prestaciones

El régimen básico está en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015. Esta ley regula el derecho a las prestaciones, su periodicidad (mensual, pagas extraordinarias, caducidad de cada mensualidad, etc.), pero en las búsquedas realizadas no aparece un precepto que fije un «día X» del mes como fecha obligatoria de abono de las pensiones.

Los efectos económicos (desde cuándo se cobra, retroactividad, etc.) de la pensión de jubilación y del ingreso mínimo vital se desarrollan en el Real Decreto 453/2022, que habla del día de efectos de la pensión, pero tampoco concreta el calendario exacto de ingreso en cuenta. El Reglamento general de gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 696/2018, ordena la gestión de pagos, pero las búsquedas sobre «pago de pensiones» o «pagos periódicos» no han arrojado un calendario detallado.

Las leyes de Presupuestos Generales del Estado, como la Ley 22/2021 (PGE 2022) o la Ley 11/2020 (PGE 2021), y los reales decretos anuales de revalorización de pensiones (Real Decreto 1058/2022, Real Decreto 65/2022, Real Decreto 46/2021, Real Decreto 1079/2017, Real Decreto 746/2016, etc.) se centran en cuantías y revalorizaciones, no en el día de pago.

Otras normas relevantes del sistema, como el Real Decreto‑ley 28/2018, el Real Decreto‑ley 1/2020, el Real Decreto‑ley 13/2022, el Real Decreto‑ley 16/2022, el Real Decreto‑ley 1/2023 o el Real Decreto‑ley 2/2023, modifican artículos de la Ley General de la Seguridad Social, pero no fijan tampoco un calendario de abono.

Cómo podría modificarse por vía parlamentaria

a) Modificación por ley ordinaria o ley específica

El Gobierno podría remitir un proyecto de ley (o un grupo una proposición de ley) que añadiera a la Ley General de la Seguridad Social un precepto del tipo «las pensiones se abonarán dentro de los X primeros días de cada mes» o que definiera reglas de pago cuando el día de abono coincide con festivos. El trámite sería el ordinario:

• Presentación y admisión a trámite en el Congreso (calificación de la Mesa).
• Plazo de enmiendas, posible debate de totalidad, tramitación en comisión (ponencia y dictamen).
• Debate y votación en Pleno del Congreso y envío al Senado, que puede aprobar, vetar o enmendar.
• Respuesta del Congreso al veto/enmiendas del Senado y, en su caso, aprobación definitiva, sanción real y publicación en el BOE.

En todo este recorrido rige la mayoría simple (más votos a favor que en contra) para aprobar el texto en Congreso y Senado.

b) Inclusión en la Ley de Presupuestos

Otra vía habitual sería introducir una disposición adicional en la Ley de Presupuestos que fijara o recondujera el calendario de pagos. El proyecto de PGE es siempre iniciativa del Gobierno y se tramita en el Congreso con prioridad y plazos tasados, pero, en esencia, sigue las fases descritas (enmiendas, comisión, Pleno, Senado). El Senado puede vetar, pero el Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta o, pasado un tiempo, por mayoría simple.

c) Real decreto‑ley y su tramitación como ley

Si el Gobierno considerara que hay una situación de «extraordinaria y urgente necesidad», podría modificar provisionalmente el calendario mediante un real decreto‑ley, como hace con la revalorización de pensiones en situaciones excepcionales (por ejemplo, el Real Decreto‑ley 1/2020). El real decreto‑ley entra en vigor con su publicación y el Congreso debe convalidarlo o derogarlo en 30 días; además, puede acordar su tramitación como proyecto de ley, abriendo la puerta a enmiendas de todos los grupos sobre ese calendario.

Margen del Gobierno frente a las Cortes

Mientras la ley solo hable de «prestaciones periódicas» y de sus efectos económicos sin fijar el día concreto de abono, el calendario detallado seguirá en manos del Ejecutivo (INSS y Tesorería), que lo articula mediante instrucciones internas y acuerdos con entidades financieras. El Parlamento puede, no obstante, acotar mucho ese margen:

• Fijando en la ley un día máximo de pago o una horquilla temporal.
• Obligando al Gobierno a aprobar, por real decreto, un calendario público con participación de agentes sociales.
• Condicionando créditos en la Ley de Presupuestos al cumplimiento de determinadas reglas de abono.

En resumen, la modificación del calendario oficial de pagos por vía parlamentaria exige convertir lo que hoy son decisiones de gestión en mandatos legales, a través de una ley ordinaria (incluida o no en los Presupuestos) o de la convalidación y eventual transformación en ley de un real decreto‑ley.

El SEPE y el INSS comparten un ámbito común —la protección social— pero tienen competencias claramente diferenciadas. En términos generales, el SEPE gestiona y paga las prestaciones por desempleo, mientras que el INSS se ocupa de las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social asociadas a incapacidad temporal y nacimiento y cuidado de menor, entre otras. Además, el INSS reconoce las situaciones protegidas y los requisitos contributivos, y el SEPE se centra en la relación entre paro y empleo. A continuación se detalla qué hace cada organismo en cada tipo de prestación.

1. Prestaciones por desempleo: papel del SEPE y del INSS

En materia de desempleo, el organismo protagonista es el SEPE, que asume casi toda la competencia material:

• Reconocimiento del derecho: El SEPE tramita las solicitudes, verifica que se cumplen los requisitos (períodos de cotización por desempleo, situación legal de desempleo, inscripción como demandante, etc.) y dicta la resolución de concesión, denegación, suspensión o extinción.
• Cálculo de la cuantía y duración: Con la información de cotizaciones que le facilita la Tesorería General de la Seguridad Social y el propio INSS, el SEPE calcula la base reguladora, determina el importe de la prestación contributiva o subsidio y fija su duración.
• Pago de la prestación: El SEPE ordena y gestiona el pago mensual de las prestaciones por desempleo y de los subsidios, así como las retenciones y cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de cobro.
• Control y sanciones: Supervisa el cumplimiento de obligaciones (búsqueda activa de empleo, comunicación de colocaciones, salidas al extranjero, etc.) y puede imponer sanciones que supongan reducción, suspensión o extinción de la prestación.
• Asistencia y orientación: Vincula la prestación al itinerario de inserción laboral, coordinándose con los servicios públicos de empleo autonómicos.

El INSS, en desempleo, actúa de forma más indirecta: su función principal es proporcionar datos de cotización y vida laboral que el SEPE utiliza para comprobar requisitos y calcular prestaciones. No es el órgano que reconoce ni paga las prestaciones por desempleo.

2. Incapacidad temporal: competencias del INSS frente a otros actores

En la incapacidad temporal (IT) por enfermedad común o profesional y accidente, el protagonista es el INSS (junto con las mutuas en determinados casos), no el SEPE.

• Reconocimiento del derecho: El INSS controla la situación de IT, valida y revisa los partes médicos de baja, confirmación y alta cuando tiene la competencia médica, y determina si procede continuar, extinguir o transformar la IT (por ejemplo, en incapacidad permanente).
• Cómputo y requisitos: Verifica los períodos de cotización exigidos para enfermedades comunes y la situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social.
• Determinación de la prestación económica: Establece la base reguladora y el porcentaje aplicable, y coordina el pago directo (cuando corresponde) o el pago delegado a través de la empresa o mutua.
• Revisiones y control: Evalúa la capacidad laboral del trabajador, puede citar a reconocimientos médicos y resolver sobre prórrogas y altas médicas a efectos de la prestación.

El SEPE solo entra en juego si la IT se produce estando la persona en desempleo y cobrando prestación. En ese caso:

• La prestación por desempleo se mantiene y el SEPE sigue siendo quien la paga, aunque la situación pase a considerarse “IT derivada de desempleo”.
• El INSS conserva la competencia médica (bajas/altas) y coordina la protección, pero no sustituye al SEPE en el pago de la prestación por desempleo ya reconocida.

3. Nacimiento y cuidado de menor: protagonismo del INSS

La prestación por nacimiento y cuidado de menor (que sustituyó a las antiguas maternidad y paternidad) es competencia clara del INSS, no del SEPE.

• Reconocimiento del derecho: El INSS recibe y tramita las solicitudes, comprueba los requisitos de cotización (distintos según la edad de la persona progenitora) y la situación de alta o asimilada.
• Cálculo y pago: Determina la base reguladora diaria a partir de las cotizaciones por contingencias comunes y calcula la cuantía de la prestación, que normalmente es el 100 % de la base reguladora. El INSS gestiona y abona directamente la prestación durante las semanas reconocidas.
• Gestión de periodos y cesiones: Controla el disfrute de semanas obligatorias e interrumpibles, así como la posible cesión de semanas entre progenitores y la compatibilidad con trabajo a tiempo parcial.

El SEPE no interviene en el reconocimiento ni pago de esta prestación. Su único papel relevante puede darse cuando la persona estaba en desempleo con prestación y pasa a disfrutar de un nacimiento y cuidado de menor: en ese supuesto, la prestación por desempleo se suspende y el INSS pasa a pagar la prestación por nacimiento y cuidado de menor; después, el SEPE reanuda la prestación por desempleo pendiente si siguen cumpliéndose los requisitos.

4. Resumen funcional

• SEPE: órgano gestor de las prestaciones por desempleo (reconocimiento, cálculo, pago, control y sanciones), en coordinación con datos de Seguridad Social.
• INSS: órgano gestor de las prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social (incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, entre otras), responsable del reconocimiento del derecho, cálculo de bases, control médico y pago.

La clave práctica es que, ante dudas o trámites: desempleo se canaliza siempre a través del SEPE, mientras que las prestaciones asociadas a enfermedad, accidente, embarazo, parto o cuidado de hijos se gestionan ante el INSS.

En España no existe una ley que regule de forma específica y unitaria los “anticipos” de pensiones, paro, IMV u otras prestaciones por parte de los bancos. En la práctica, el anticipo es una operación comercial voluntaria del banco con su cliente, apoyada en que esa entidad ya actúa como colaboradora en el pago oficial de la prestación. Por tanto, los requisitos legales vienen de tres bloques: normativa de Seguridad Social sobre pago de prestaciones, normas de transparencia y protección del cliente bancario, y reglas sobre cuentas de pago básicas y servicios de pago. Además, el banco debe respetar los límites de embargo e inembargabilidad de estas prestaciones.

1. Relación del banco con la Seguridad Social y el SEPE

Para poder canalizar el pago ordinario de prestaciones (sobre el que luego se apoya el anticipo), la entidad debe estar autorizada como colaboradora de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS):

• Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (LGSS): fija el marco general de gestión de prestaciones y la función de la TGSS como “caja pagadora” del sistema.
• Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 696/2018, de 29 de junio (Reglamento de gestión financiera): regula en detalle las relaciones con las entidades financieras, la apertura de cuentas, la colaboración en cobros y pagos y la autorización, control y eventual revocación de la condición de entidad colaboradora.
• Orden de 22 de febrero de 1996, de aplicación y desarrollo del reglamento financiero, hoy en parte sustituida pero aún relevante para la lógica de la colaboración (Orden de 1996): desarrolla cómo las entidades remiten información, abonan en cuentas únicas y colaboran en pagos de prestaciones periódicas.

Estas normas obligan a la entidad a ejecutar los pagos oficiales en la fecha y forma fijadas por la Seguridad Social o el SEPE. El anticipo, cuando el banco adelanta unos días el dinero sobre la fecha oficial, no es un pago “de la Seguridad Social”, sino una operación propia del banco, que luego se compensa con el abono oficial.

2. Requisitos de transparencia, comisiones e información

Ese anticipo se configura jurídicamente como una forma de crédito o de descubierto apoyado en la expectativa de cobro de la prestación, y por tanto le es plenamente aplicable la normativa de transparencia bancaria y de servicios de pago:

• Orden EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios (Orden EHA/2899/2011): obliga a informar previamente de todos los tipos de interés, comisiones y gastos, a documentar las operaciones y a entregar liquidaciones claras de intereses y comisiones. Cualquier comisión por “anticipo de pensión” o por descubierto vinculado a la prestación debe constar de forma transparente.
• Circular 5/2012, del Banco de España, sobre transparencia de servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos (Circular 5/2012): desarrolla la Orden EHA/2899/2011 y concreta cómo se publican tipos y comisiones, qué información precontractual debe darse y cómo deben presentarse las liquidaciones anuales de comisiones.
• Orden ECE/1263/2019, sobre transparencia de los servicios de pago (Orden ECE/1263/2019): aplica a transferencias, adeudos y en general a los cargos y abonos en cuenta; exige información clara sobre condiciones, plazos, gastos y derecho de resolución.

En la medida en que el anticipo se articule como un crédito revolvente o similar (líneas de crédito asociadas a nómina/pensión), pueden ser aplicables además las reglas específicas de crédito revolvente de la Orden ETD/699/2020 (Orden ETD/699/2020), especialmente en materia de información sobre coste, riesgos y adecuación al cliente.

3. Cuentas de pago básicas y protección de colectivos vulnerables

Las personas que solo perciben prestaciones sociales suelen encajar en los colectivos de especial vulnerabilidad financiera. Aquí es clave la normativa de “cuentas de pago básicas”:

• Real Decreto-ley 19/2017, de cuentas de pago básicas (RDL 19/2017): reconoce el derecho de acceso a una cuenta de pago básica y prevé regímenes de comisiones más ventajosos para personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.
• Orden ECE/228/2019, que desarrolla el RDL 19/2017 (Orden ECE/228/2019): fija las comisiones máximas de las cuentas de pago básicas y las obligaciones de información y publicidad a los clientes potencialmente vulnerables.
• Circular 2/2019, del Banco de España, sobre documento informativo y estado de comisiones (Circular 2/2019): obliga a que el cliente disponga de un documento estandarizado con todas las comisiones de su cuenta, lo que incluye las que se apliquen por anticipos o descubiertos ligados al abono de prestaciones.

Si el anticipo se cobra a través de una cuenta de pago básica de un cliente vulnerable, las comisiones que se le apliquen (por ejemplo, por descubierto al adelantar la prestación) deben respetar los topes y criterios de “comisiones razonables” previstos en este régimen.

4. Límites de embargo y compensación sobre prestaciones

La LGSS y las leyes anuales de Presupuestos (por ejemplo, la Ley 31/2022, de Presupuestos 2023, Ley 31/2022) establecen el carácter inembargable de una parte de las pensiones y de otras prestaciones, así como los límites y tramos de embargo. Esto afecta al banco cuando compensa deudas propias con el saldo de la cuenta en la que se abonan prestaciones: la entidad no puede diseñar un sistema de anticipos que, de facto, vulnere los mínimos inembargables ni agote de manera sistemática la prestación hasta dejar al beneficiario por debajo de los umbrales protegidos.

5. Conclusión: qué debe cumplir, en la práctica, un banco

Resumiendo, para anticipar el pago de prestaciones sociales un banco en España debe:

• Estar autorizado y operar como entidad colaboradora en el pago de prestaciones, conforme al Reglamento de gestión financiera y la Orden de 1996.
• Configurar el anticipo como operación de crédito/descubierto y cumplir íntegramente las reglas de transparencia, información precontractual y comunicación de comisiones e intereses de la Orden EHA/2899/2011, la Circular 5/2012 y la Orden ECE/1263/2019.
• Respetar los topes y condiciones especiales de comisiones cuando la prestación se abone en una cuenta de pago básica, de acuerdo con el RDL 19/2017 y la Orden ECE/228/2019.
• Asegurarse de que cualquier compensación de deudas o utilización del anticipo no vulnera los límites de embargo ni el carácter inembargable de la parte protegida de pensiones y otras prestaciones fijados en la LGSS y las leyes de Presupuestos.

No se dispone de más información específica en las fuentes consultadas sobre requisitos adicionales o un régimen singular de “anticipos de prestaciones” distinto del aquí descrito.