El Boletín Oficial del Estado ha hecho pública la Ley de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa de La Rioja, con la que el Ejecutivo autonómico pretende reforzar su "competitividad" frente a las comunidades vecinas, tal y como ha subrayado su presidente, Gonzalo Capellán.
Esta norma, impulsada por el Gobierno riojano, quedó aprobada en el pleno del Parlamento de La Rioja del pasado 23 de abril, con el respaldo de PP, PSOE y Vox, y el rechazo de Podemos-IU.
Durante aquel debate, Capellán defendió que "un buen gobierno se caracteriza, entre otras cosas, por facilitar el desarrollo de actividades, incluyendo como prioritaria la que desarrolla el tejido productivo" y contrapuso distintos modelos de gestión: "Hay gobiernos que impiden el libre desarrollo, porque no creen en la libertad de las personas; hay otros que no hacen nada; y existe un tercer tipo de gobierno que es el que remueve los obstáculos".
A su entender, la "lentitud" de los procedimientos administrativos constituye una "dificultad" que "deja por el camino muchos esfuerzos e inversión, además de ilusiones y proyectos". Por ello, defendió que la nueva ley generará "un marco propicio" para el crecimiento económico de La Rioja y reforzará su "competitividad" mediante la "aceleración de expedientes", en combinación con la "competitividad fiscal, como es rebajar las cargas impositivas a ciudadanos y empresas".
El presidente riojano incidió en que, cuando se establece un "marco favorable", se impulsa el desarrollo y que la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia son "un clamor social". La norma, remarcó, permite acortar plazos con límites máximos para la tramitación y generaliza el uso de las declaraciones responsables, posibilitando que la documentación se presente "de manera inmediata".
Para La Rioja, supone, en palabras de Capellán, "Meternos en la modernización y la línea de mercado abierto, que es lo que manda Europa", fomentando la "libertad" de ciudadanos y empresas y el "desarrollo libre" de nuevas iniciativas. A su juicio, se trata de "aprovechar donde se puede ser mas competitivo" y de que los empresarios "encuentren facilidades" para diferenciarse de los territorios del entorno.
En el debate parlamentario, el diputado de Izquierda Unida, Carlos Ollero, rechazó la ley al considerar que es una "norma inspirada claramente por principios neoliberales de la derecha más conservadora" y la calificó de "dumping regulatorio" con "dudas de su constitucionalidad".
Por su parte, el portavoz de Vox, Ángel Alda, valoró positivamente que se sustituyan determinadas resoluciones administrativas por declaraciones responsables, al entender que permite "acelerar trámites sin tener que esperar" a la decisión de la administración.
El portavoz socialista, Javier García, sostuvo que "El texto es mejorable, pero es un primer paso" y resaltó la necesidad de "derribar muros" con la administración para que ésta preste servicio "con eficacia".
Desde el Partido Popular, Begoña Martínez Arregui defendió que el mercado abierto "acaba con la discriminación", impulsa "la creación de empleo" y representa "una apuesta responsable por una administración más ágil, una economía mas abierta y una regulación más inteligente".
Plazos, declaraciones responsables y mercado abierto
El articulado de la ley fija, con carácter general, que en todos los procedimientos competencia de la Administración autonómica el plazo máximo para notificar una resolución expresa será de tres meses.
Igualmente, como regla general, el tiempo para la emisión de informes y dictámenes sectoriales a cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja se limita a diez días.
Cuando sea necesaria la intervención administrativa sobre actividades de particulares, la Administración autonómica deberá optar preferentemente por la declaración responsable o la comunicación, salvo en los casos en los que, de acuerdo con la normativa básica estatal o directamente aplicable, o con el derecho de la Unión Europea, resulte obligatoria una autorización o licencia.
Con el fin de agilizar los procedimientos administrativos, en especial aquellos sometidos a autorización o licencia, las personas interesadas podrán solicitar un certificado emitido por una entidad colaboradora de certificación.
Podrán obtener la condición de entidades colaboradoras de certificación los colegios profesionales, así como otras personas jurídicas legalmente constituidas.
En aplicación del principio de mercado abierto, todos los operadores económicos, sin discriminación por su lugar de residencia o de establecimiento, en los términos previstos en la Ley de garantía de la unidad de mercado, disfrutarán de los mismos derechos en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Conforme al principio de libre actividad económica, desde que un operador económico esté legalmente establecido en cualquier punto del territorio español, podrá desarrollar su actividad en la Comunidad Autónoma de La Rioja, con o sin establecimiento físico, siempre que cumpla los requisitos de acceso y ejercicio exigidos en su lugar de origen, incluso cuando allí la actividad no esté sometida a requisito alguno.