La Mesa del Congreso decidió este miércoles, con el respaldo de PSOE y Sumar, suspender de manera provisional la acreditación como informadores de los activistas políticos Vito Quiles y Bertrand Ndongo, hasta que se resuelvan de forma definitiva las distintas denuncias planteadas contra ambos por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y por PSOE, Sumar y Podemos.
Quiles, vinculado al medio digital Estado de Alarma (EDATV), y Ndongo, acreditado por “Periodista Digital”, acumulan casi una decena de quejas por vulnerar diversas normas del Reglamento del Congreso, reformado hace diez meses para incorporar un régimen sancionador específico para profesionales de la información.
Las denuncias se han ido tramitando en el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) de la Cámara Baja, en el que solo votan diputados de todos los grupos salvo PP y Vox, que renunciaron a participar. Este órgano propuso la apertura de expediente por varios incidentes protagonizados por ambos.
Aumento de quejas y deterioro del clima en el Congreso
Mientras se sustancia la resolución final de esos procedimientos (ocho expedientes abiertos a Quiles y tres a Ndongo), la Mesa ha optado por suspender temporalmente sus credenciales de prensa, amparándose en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. La propuesta partió de la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, y, según las mismas fuentes, cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos.
Fuentes del bloque mayoritario de la Mesa explican que la decisión se adopta después de que “en las últimas semanas haya habido un crecimiento casi exponencial de las denuncias contra ambos y un aumento de la gravedad de los hechos denunciados”.
En la misma línea, sostienen que “La Mesa se ve obligada a tomar esta medida cautelar por el notable deterioro de la situación en las salas de prensa y otras dependencias de la institución, que imposibilita el normal funcionamiento de la Cámara y sus miembros en su relación con los medios de comunicación, pilar esencial de la Democracia”. A su juicio, se trata de “proteger los intereses tanto de los representantes de los medios de comunicación como de los propios diputados y, especialmente, de las diputadas”.
Plazos, alegaciones y posibilidad de recurso
La suspensión cautelar entrará en vigor este mismo jueves y ambos activistas dispondrán de un plazo de diez días para presentar sus alegaciones. En los quince días siguientes, la Mesa deberá confirmar, modificar o dejar sin efecto esta medida transitoria, que además podrá ser recurrida por los afectados.
La decisión se basa en el artículo 56.2 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, que autoriza al órgano competente en el expediente a acordar motivadamente “las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas” para garantizar “la protección provisional de los intereses implicados” y en aquellos supuestos que se consideren “de urgencia inaplazable”.