El Congreso ha resuelto convocar la sesión inicial de dos comisiones investigadoras respecto al apagón que afectó al país el 28 de abril, debido a la imposibilidad de los grupos parlamentarios de llegar a un consenso para integrar ambas comisiones.
Estas comisiones fueron ratificadas por el Pleno del Congreso; una fue promovida por los partidos gobernantes y la otra fue iniciativa del PP. La propuesta de PSOE y Sumar no contó con el apoyo de PP y Vox, mientras que la propuesta del Grupo Popular fue desestimada por los socialistas y Sumar. Sin embargo, ambas propuestas fueron aprobadas gracias al respaldo de Junts y Podemos.
Tras ser aprobadas a finales de mayo, las comisiones se mantuvieron en pausa hasta que en septiembre se solicitó a los grupos la inscripción de sus representantes. Dado que ambas investigan el mismo evento, los grupos minoritarios inscribieron a los mismos diputados para ambas, esperando que prevaleciera la sensatez y se alcanzara un acuerdo para unificarlas. No obstante, hasta ahora no ha sido posible y la convocatoria para ambas se ha fijado para el próximo martes, con una diferencia de media hora entre una y otra.
En la sesión inicial se registrará a los diputados adheridos y se seleccionarán los integrantes de la Mesa, que incluye una Presidencia, dos Vicepresidencias y dos Secretarías.
UNA LEGISLATURA RÉCORD EN COMISIONES DE INVESTIGACIÓN
Este acontecimiento se suma a un período en el que el Congreso ha establecido un récord de comisiones de investigación activas simultáneamente. Actualmente, se están llevando a cabo dos comisiones acordadas entre el PSOE, ERC y Junts a cambio de su apoyo para la Presidencia del Congreso (una sobre los atentados yihadistas de 2017 en Cataluña y otra sobre las ‘cloacas’ del Ministerio del Interior, a la que se añadió el ‘caso Pegasus’), además de una nueva sobre la gestión de la dana, que acaba de iniciar sus sesiones.
Además, se están preparando para su debate otras dos comisiones: una lanzada por el PSOE después de la encarcelación de Santos Cerdán, nuevamente sobre el caso Koldo, y otra registrada por Sumar en marzo para examinar el modelo de gestión sanitaria público-privado, que Más Madrid quiere enfocar en Alberto González Amador, procesado por fraude fiscal y pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.











