El Tribunal Supremo determinará el destino del fiscal general entre varias sanciones posibles

La deliberación sobre el futuro del fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha concluido esta semana y ahora corresponde a siete magistrados del Tribunal Supremo decidir si procede su absolución o si existen fundamentos suficientes para su condena. De ser así, deberán evaluar si sus acciones se ajustan a delitos como la revelación de secretos, la violación de secretos, la prevaricación o la infidelidad en la custodia de documentos; estableciendo la sanción correspondiente que podría ser cárcel, inhabilitación o una multa.

La decisión debe basarse en las alegaciones presentadas por las partes. Por un lado, la acusación particular, representada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y seis acusaciones populares, entre ellas la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias y una acusación popular encabezada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que incluye a Vox y Hazte Oír, todas demandan una sentencia condenatoria.

Por el contrario, la Fiscalía y la defensa de García Ortiz, a cargo de la Abogacía del Estado, sostienen su inocencia. «El señor fiscal general de Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí», declaró el abogado del Estado, José Ignacio Ocio.

García Ortiz está acusado de haber filtrado a la ‘Cadena SER’ un ‘email’ enviado por el abogado de González Amador, Carlos Neira, en el que se proponía un acuerdo para evitar la cárcel a cambio de admitir dos delitos fiscales y pagar una multa. Por estos hechos, el fiscal general podría enfrentarse a una pena de hasta 6 años de cárcel, 12 años de inhabilitación y una compensación económica superior a 400.000 euros en multas e indemnizaciones.

En el último día del juicio, Gabriel Rodríguez Ramos, abogado de González Amador, afirmó que había pruebas directas de que García Ortiz fue el responsable de la filtración, buscando crear un marco legal que le permitiera justificar la confesión del empresario al día siguiente mediáticamente.