El PP ha adelantado este jueves que no se opondrá al real decreto ley que fija una revisión automática de las tarifas del transporte de mercancías por carretera cuando el coste de los carburantes aumente un 5%, una iniciativa que Junts ha recibido con satisfacción.
La Cámara Baja ha abordado este jueves la convalidación de la norma con la que el Ejecutivo busca complementar la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para los transportistas, aprobada en el anterior decreto de rebajas fiscales en energía a raíz del conflicto en Irán.
En su intervención, el diputado del PP Celso Delgado ha reconocido que el texto incorpora medidas “necesarias” como la actualización automática de precios, aunque ha reprochado que llegan “tarde”. Además, ha remarcado que el decreto resulta “insuficiente” al dejar fuera reclamaciones del sector, como la concesión de ayudas directas.
Desde Junts, el diputado Isidre Gavín ha valorado positivamente y ha dado la “bienvenida” a las disposiciones del decreto, reclamadas tanto por su grupo como por las asociaciones del transporte, entre ellas el mecanismo de revisión automática de precios en el transporte por carretera ante variaciones del coste del combustible o la línea de ayudas para las máquinas de diesel ferroviarias.
“Este sector está muy tensionado por el problema de los combustibles, por la pandemia, desde la guerra, la invasión de Ucrania y, por lo tanto, son bienvenidas”, ha señalado desde la tribuna.
Arcadi España justifica la urgencia del decreto
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha sido el encargado de presentar el decreto ante el Pleno, pese a que fue el titular de Transportes, Óscar Puente, quien lo defendió cuando se aprobó en el Consejo de Ministros.
España ha recordado que la normativa española ya preveía desde 2022 la obligación de revisar el precio del transporte cuando variaba el coste del combustible, pero ha defendido la necesidad de actualizar el marco legal e incorporar un sistema automático que active la revisión ante subidas intensas del combustible como las ligadas a la guerra de Irán.
La ley refuerza el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando se produzcan cambios en el precio del combustible, que deberán reflejarse de forma expresa en la factura, e incorpora además un régimen sancionador específico en caso de incumplimiento.
El ministro ha subrayado que el transporte interior de mercancías en España, mayoritariamente por carretera, opera con márgenes “reducidos” y una capacidad “limitada” para absorber incrementos bruscos de costes. Ha precisado que existen cerca de 100.000 empresas en el sector y que el 86% son pequeñas compañías con cinco vehículos o menos.
“Cuando sube el precio del combustible y ese incremento no puede trasladarse de manera efectiva al precio del servicio lo que está en riesgo no es sólo la rentabilidad de una empresa, sino la continuidad del suministro, el empleo y, en último término, el funcionamiento normal de nuestra economía”, ha advertido el titular de Hacienda, que ha insistido en la urgencia de sacar adelante el decreto, elaborado, ha dicho, tras un proceso de diálogo con el sector.
Junto a las medidas dirigidas al transporte de mercancías por carretera, el decreto contempla también apoyos para el transporte ferroviario y para los servicios de transporte marítimo regular, especialmente relevantes en los territorios insulares.
Amplio respaldo parlamentario con la excepción de Vox
En el resto de grupos se ha impuesto un clima general de apoyo, salvo Vox, que ha centrado su intervención en cuestionar las medidas incluidas por el Gobierno en el decreto ley.
La portavoz de Transportes de Vox, Carina Mejías, ha criticado que el decreto “llega tarde y mal y con soluciones a medias” y ha rechazado que el Ejecutivo recurra al decreto ley para esta materia, al considerar que debería haberse tramitado como proyecto de ley para permitir la presentación de enmiendas.
También ha reprochado que la norma no afronta uno de los problemas de fondo del sector, que, a su juicio, es la incapacidad de muchos transportistas para negociar en igualdad de condiciones.
“Eso este decreto no lo resuelve y, por lo tanto, deja en inferioridad de condiciones algunos sectores del transporte que seguirán pagando las consecuencias del incremento del precio del combustible”, ha añadido.
El portavoz de Transportes del PSOE en el Congreso, César Ramos, ha respondido a la diputada de Vox: “¿Usted no escucha a los camioneros, verdad?”. A continuación, ha explicado que ha recibido numerosas llamadas de transportistas, especialmente autónomos, que reclamaban medidas urgentes como las recogidas en el decreto para evitar el cierre de sus negocios.
Posicionamiento de Coalición Canaria, PNV, Bildu, ERC y Sumar
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha avanzado su voto favorable al considerar el decreto “necesario” y “urgente” en el actual contexto internacional. En la misma línea, la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, ha confirmado el apoyo de su grupo al entender que el mecanismo automático de revisión de precios supone “un paso adelante en seguridad jurídica y en justicia económica”.
Desde Sumar, el diputado Félix Alonso ha subrayado que el objetivo del decreto es corregir una injusticia que el sector “arrastra desde décadas”, consistente en que, cuando el combustible se dispara, el transportista autónomo asume en solitario el sobrecoste.
En este sentido, Alonso ha destacado que el decreto “blinda la revisión del precio en función del combustible, la hace obligatoria y la exige desglosada en factura”. También ha puesto en valor que, para garantizar la efectividad de ese blindaje, la norma prevé sanciones para quienes incumplan.
“Es seguridad jurídica. Es previsibilidad. Es justicia para un sector que es la columna vertebral de la cadena logística y del abastecimiento de nuestro país”, ha remachado.
Reparos de los socios de izquierda y demandas adicionales
La diputada de ERC Inés Granollers ha señalado que a su grupo el decreto “les gusta” y que introduce algunas respuestas que el transporte necesita ante la escalada de los combustibles.
No obstante, ha denunciado que aún hay profesionales que no están recibiendo la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante aprobada en el anterior decreto, mientras se les ha suspendido la devolución del gasóleo profesional.
El diputado de EH Bildu, Mikel Otero, ha manifestado su confianza en que el decreto salga adelante, pero ha calificado la norma de “parche” que no afronta una reforma estructural del modelo, que, a su entender, pasa por impulsar la electrificación del transporte de mercancías por ferrocarril, actualmente “a años luz” de la media europea.
Según Otero, esta situación hace que muchos sectores sean especialmente vulnerables a las subidas del combustible y dependan de ayudas de emergencia de forma recurrente. “Todo esto, que está vinculado a unas políticas insuficientes para electrificar la movilidad, tiene unos efectos completamente perversos”, ha apostillado.
El diputado del BNG, Néstor Rego, y el de Podemos, Javier Sánchez Serna, han coincidido en que el decreto se queda corto y han reclamado medidas más ambiciosas para limitar el precio de los combustibles. Pese a ello, el representante de Podemos ha avanzado su voto favorable.