La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la socialista Isabel Rodríguez, ha rechazado la idea de volver a someter al Congreso el decreto ley para extender la vigencia de los alquileres, como reclama Sumar, y se inclina por recurrir a otras vías legislativas, aprovechando normas que ya están en curso en la Cámara Baja.
El martes, PP, Vox y Junts hicieron caer en el Pleno del Congreso el decreto ley promovido por Sumar que contemplaba la prórroga de los contratos de alquiler que caducaban en 2026 y 2027 y fijaba un tope del 2% a la actualización de las rentas.
Tras este revés parlamentario, Sumar ha anunciado su intención de registrar de nuevo ese decreto ley, incorporando cesiones a Junts, como incentivos fiscales para los propietarios, con el objetivo de asegurarse el respaldo de los posconvergentes.
Sobre este punto, la titular de Vivienda ha señalado: “No desecho la idea del Real Decreto Ley, pero lo que hay que garantizar es que ese Real Decreto Ley vaya a ser convalidado en el Congreso”. En esta línea, Rodríguez ha restado importancia al instrumento jurídico concreto para intervenir en el mercado del alquiler y ha subrayado que ya existen iniciativas en tramitación que podrían utilizarse.
Como ejemplo ha citado la proposición de ley para regular los alquileres de temporada impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. Esta iniciativa persigue incorporar estos contratos a la Ley de Arrendamientos Urbanos para equipararlos a los de vivienda habitual y así desincentivar su uso como vía de escape.
El Congreso dio luz verde a la toma en consideración de esta proposición de ley en diciembre de 2024, pero su tramitación en la Comisión de Vivienda continúa bloqueada por la negativa de Junts a respaldar el texto.
Pese a ello, Rodríguez considera que sigue existiendo una “oportunidad para seguir trabajando” y tratar de sacar adelante esta regulación. “El Gobierno no baja los brazos en materia de acuerdo y desde luego vamos a trabajar con los grupos políticos que han abierto esas ventanas de oportunidad”, ha manifestado en los pasillos del Congreso.
Exploración de otras vías legislativas
Fuentes del departamento que encabeza Isabel Rodríguez subrayan que, al margen de las votaciones en el Congreso, se están analizando otras herramientas normativas para, entre otros objetivos, frenar la especulación en el mercado de la vivienda.
Como ejemplo, apuntan a las fórmulas que se estudian en la Generalitat de Cataluña para limitar la actuación de los fondos de inversión mediante el planeamiento urbanístico, o a la propuesta trasladada a la Unión Europea para que en Canarias se impida la compra de vivienda a no residentes.
Desde el Ministerio mencionan igualmente la posibilidad de recurrir a la figura del real decreto para actuar contra los alojamientos turísticos ilegales. Sin embargo, critican que gobiernos autonómicos del PP, como el de Andalucía, acudan a los tribunales y bloqueen los intentos del Ejecutivo central de regular este ámbito, pese a que Andalucía es, según denuncian, la comunidad con mayor número de alojamientos turísticos ilegales de España.
Críticas a la postura de máximos de Junts
Aunque la ministra ha valorado esas “ventanas de oportunidad” que podrían abrirse con Junts, también ha censurado que el partido de Carles Puigdemont mantenga una posición de máximos en las conversaciones, exigiendo la aceptación íntegra de sus planteamientos para apoyar cualquier iniciativa.
Rodríguez ha recordado que los posconvergentes registraron en el Congreso una proposición no de ley que recoge todas sus demandas en materia de vivienda y ha afeado que estos “no aprobarán ninguna otra cosa que no pase por llevar adelante su proposición no de ley”.
“Si los partidos lo único que tienen que ofrecer a los españoles es mantener su programa de máximos, estamos perdidos”, ha advertido la ministra, que acto seguido ha reclamado “generosidad” al conjunto de los grupos parlamentarios para alcanzar acuerdos amplios en política de vivienda.