La exvicepresidenta primera del Gobierno y actual líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, está citada este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Su intervención se producirá apenas unos días antes de que arranque oficialmente la campaña de las elecciones andaluzas previstas para el próximo 17 de mayo.
La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta fue la que promovió que Montero acudiera a esta comisión de nueva creación, al considerar que la exvicepresidenta debe "dar explicaciones" sobre el "pozo sin fondo para la corrupción y el despilfarro en el que se ha convertido la SEPI".
Hasta el momento, esta comisión de investigación sobre la SEPI solo ha celebrado tres sesiones de trabajo, con las comparecencias de la actual presidenta y del vicepresidente del organismo, así como del expresidente de la sociedad. En todas ellas, el PP ha puesto el foco, sobre todo, en el rescate de Plus Ultra.
En cualquier caso, será la segunda ocasión en la que Montero tenga que declarar en una comisión de investigación del Senado, después de su paso por la denominada "comisión Koldo" cuando todavía ejercía como vicepresidenta y ministra de Hacienda.
Polémica por el calendario electoral andaluz
El principal choque político en torno a esta comparecencia ha girado en torno a la fecha escogida por el PP para llamar a María Jesús Montero, en plena precampaña de los comicios andaluces en los que ella encabeza la candidatura del PSOE.
Los 'populares' sostienen que registraron el plan de trabajo de la comisión hace más de dos meses, dejando claro desde el principio que Montero figuraría entre las primeras personas citadas a declarar.
Frente a esto, el PSOE presentó una denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) solicitando que se suspendiera la comparecencia de María Jesús Montero al coincidir de lleno con la contienda electoral andaluza.
La Junta Electoral Central decidió archivar esta denuncia del PSOE, al considerar que no entra dentro de sus competencias anular la convocatoria de una comisión parlamentaria, ni tampoco pronunciarse sobre la "oportunidad" del momento elegido para su celebración.