Sumar ha presentado este martes en el Congreso una proposición de ley para perdonar la deuda a “muchísimas” familias que percibieron el Ingreso Mínimo Vital (IMV) por un fallo de la Administración.
Así lo ha explicado la portavoz adjunta del grupo, Aina Vidal, en una comparecencia en la Cámara Baja, donde ha recalcado que “no es una reformulación” de la ayuda, sino que buscan “darle la vuelta” para que sea “más útil”, “llegue a más gente” y resulte “más fácil” de solicitar.
Vidal ha detallado que, entre 2020 y 2023, el Estado otorgó estas prestaciones “de forma automática” a numerosos hogares y “sin tener en cuenta” que existían incompatibilidades con la propia ayuda. Ahora, según ha denunciado, la Administración les está exigiendo una deuda “absolutamente enorme, impagable”.
“Fue el propio Estado quien, de buena fe, y quiero recalcar esto, concedió estas ayudas a aquellas familias que, en principio, por renta, tenían la oportunidad de poder entrar en el ingreso mínimo vital”, ha manifestado.
La diputada ha indicado que a estas familias se les están reclamando importes que van desde 2.000 hasta 50.000 euros. “Una deuda de estas características para cualquier familia sería un problema, pero para este tipo de familias concretamente que están en una situación extrema de vulnerabilidad, aún peor”, ha subrayado, para acto seguido remarcar que “es parte también de un buen gobierno, de una buena administración, saber reconocer cuando se cometen errores”.
Una solución “sencilla, rápida e indolora”
La portavoz de Sumar ha recordado que “no es la primera vez que acontece” algo similar y ha mencionado que en Cataluña se produjo un “caso similar” y el Parlament optó por condonar la deuda a los afectados. A su juicio, se trata de “una forma sencilla, rápida e indolora” de asumir la responsabilidad del Estado y de “intentar arreglarlo de una forma rápida”.
Vidal ha señalado que la iniciativa beneficiaría a mujeres “como Cristina, que en 2020 el propio Estado le concedió el IMV y, después, reconociendo que había un error, le pidió que la deuda la asumiera ella”. “Hoy debe 15.000 euros pendientes de sentencia, mientras hoy la Xunta de Galicia, por ejemplo, le ha denegado una beca a su hija por incompatibilidad”, ha argumentado.
También ha citado el caso de “José Antonio, que comunicó voluntariamente la bajada del IMV porque había recibido una pequeña herencia y, aun así, la Seguridad Social le exige que pague todo cuanto se le había dado hasta el momento”, ha añadido la diputada de Sumar, que ha recordado que la deuda se transmite de padres a hijos.
Según la parlamentaria, lo que plantean no es algo excepcional, ya que “no están pidiendo “nada nuevo”, ya que “lo viene reclamando el Defensor del Pueblo desde el año 2024, lo estableció también el Tribunal de Derechos Humanos en 2018, y lo viene conformando, además, el Tribunal Supremo en varias sentencias que han acontecido”. “Lo único que faltaba es que se tradujera en ley”, ha señalado.
“Muchísimas” familias afectadas y cambios legales
Aina Vidal ha recalcado que son “muchísimas las familias afectadas” y ha mostrado su deseo de que la propuesta logre “suscite acuerdo” y pueda tramitarse de forma “rápida”. “A veces, la Administración se equivoca y debemos responder con diligencia y con responsabilidad”, ha insistido.
El texto registrado, al que ha tenido acceso Europa Press, fija que “no tendrán la consideración de exigibles las prestaciones indebidas recibidas por las personas beneficiarias cuando estas se deban a un error imputable a la administración competente, y la persona beneficiaria no haya contribuido a la percepción indebida mediante actos o hechos contrarios a la buena fe”.
Además, establece que tampoco se considerarán exigibles cuando las cantidades percibidas se hayan destinado a cubrir necesidades básicas de subsistencia de personas en situación de vulnerabilidad.
El ingreso mínimo vital, en vigor desde junio de 2020, se define como un derecho subjetivo y consiste en una prestación económica destinada a asegurar un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad económica.