Raúl Quílez, que dimitió el pasado mes de febrero como director general de Innovación de la Generalitat Valenciana y que el día de la dana ejercía como gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), ha evitado este lunes aclarar en el Congreso el motivo por el que los vídeos grabados en el Cecopi el 29 de octubre de 2024 por una empresa subcontratada por la SGISE no se remitieron de inmediato al juzgado de Catarroja que investiga la riada.
Pese a la insistencia de los integrantes de la comisión de investigación del Congreso para obtener respuestas sobre este punto, el compareciente se ha limitado en todo momento a remitirse a lo que ya expuso ante el juzgado sobre esta cuestión, rechazando ofrecer detalles sobre por qué esas grabaciones tardaron casi un año en llegar a manos de la jueza. “Me remito a lo que declaré en el juzgado de Catarroja y poco más que añadir en ese sentido”, ha señalado de forma genérica.
Quílez abandonó el cargo para el que había sido designado por el nuevo Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca una semana después de comparecer como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra. En aquella declaración, a la que nuevamente se ha acogido este lunes, reconoció que había tenido acceso a las imágenes de la reunión del Cecopi en las que se observaba a Pradas dando instrucciones y asumiendo la dirección, y que dichos vídeos permanecieron ocultos durante once meses.
Ante el juzgado explicó que tuvo conocimiento de la existencia de esas grabaciones a raíz de una pregunta parlamentaria y que pudo verlas en marzo de 2025, aunque no se remitieron al juzgado de Catarroja hasta comienzos de octubre, después de que la magistrada las reclamara formalmente.
Dimisión, cese y dudas sobre posibles represalias
Ante las preguntas del diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, Quílez ha recalcado que no fue cesado, sino que presentó su dimisión por decisión propia, que ya había adoptado “mucho antes” y que su marcha no guardaba “nada que ver” ni con la dana ni con su testimonio judicial.
Sánchez Serna ha cuestionado esta versión, recordando que ese mismo día fue destituida la entonces secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, esposa del compareciente. “Usted dirá que no es una represalia, pero a mi me parece una purga”, ha espetado, sin obtener respuesta por parte de Quílez.
Durante su intervención, Quílez ha relatado que fue su mujer quien, el 29 de octubre de 2024, cuando él ya había concluido su jornada laboral, le comunicó que se había enterado “por redes sociales” de la convocatoria del Cecopi. A las 18.00 horas le telefoneó la directora de la empresa que gestionaba la comunicación de la SGISE, en nombre del secretario autonómico de Emergencias, el imputado Emilio Argüeso, para pedirle que acudiera a la reunión.
Sin rol operativo claro en el Cecopi
En su comparecencia, Quílez ha insistido en que no tenía un “papel operativo”, puesto que su función era la de gerente de la empresa pública y no integraba la estructura del Cecopi. “Nunca me dijeron cuál era mi rol allí”, ha llegado a manifestar.
“Yo no tengo funciones operativas, en la SGISE prestamos el servicio de personal, equipamiento y vehículos que requiere la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta en Emergencias”, ha señalado, admitiendo que para aquella jornada no recibieron solicitudes específicas.
Preguntado por si conocía los avisos que la Agencia Estatal de Meteorología venía emitiendo en los días previos, ha respondido que no formaba parte de “ningún grupo de gestión de las emergencias”. Y, respecto a si los técnicos presentes en el Cecopi adoptaban decisiones operativas, ha asegurado que lo desconoce. Sí ha rememorado que les oyó “aportar ideas” sobre el contenido del mensaje que debía alertar a la población.
Tal y como ya explicó ante la jueza, Quílez ha aludido a las “dudas” que expresó la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas, también imputada en la causa, sobre la oportunidad de ordenar o no el confinamiento de la población, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestionó los confinamientos durante la pandemia.
Según su relato, durante la reunión “se tomaban las acciones en relación con la información que iba llegando”, aunque no ha precisado si percibió carencias en los datos disponibles sobre lo que estaba ocurriendo.
Revisión de los planes de inundación y marco legal
En este contexto, se ha referido a la dana como “una de las mayores castástrofes europeas desde la II Guerra Mundial, por no decir la mayor” y ha reclamado abrir una reflexión “a nivel de todo el Estado, no sólo de la Comunidad Valenciana” porque, a su entender, los instrumentos técnicos que guiaron la gestión de la riada “son los derivados de la legislación nacional”.
Asimismo, ha defendido la necesidad de revisar los planes de inundación de la Generalitat y ha recordado que cada ayuntamiento “tiene articuladas sus acciones en relación co la gestión de las emergencias”.