Diez países, entre ellos España, censuran el ataque israelí a la flotilla y exigen la liberación de los activistas

Diez países, con España a la cabeza, condenan el ataque israelí a la flotilla humanitaria hacia Gaza y exigen la liberación inmediata de los activistas.

2 minutos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante un acto institucional. Eduardo Parra - Europa Press

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante un acto institucional. Eduardo Parra - Europa Press

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Escrutado: 99.90% Votantes: 4.218.032 Participación: 64.85%

Votos

Partido Escaños Votos Porcentaje
PP 53 -5 1.735.819 41.60%
PSOE-A 28 -2 947.713 22.71%
VOX 15 +1 576.635 13.82%
ADELANTE ANDALUCÍA 8 +8 401.732 9.62%
PorA 5 = 263.615 6.31%
SALF 0 = 105.761 2.53%
PACMA 0 = 25.056 0.60%
100x100 0 = 14.753 0.35%
ANDALUCISTAS-PA 0 = 12.319 0.29%
ESCAÑOS EN BLANCO 0 = 9.281 0.22%
JM+ 0 = 7.961 0.19%
PCPA 0 = 5.849 0.14%
FE de las JONS 0 = 4.962 0.11%
MUNDO+JUSTO 0 = 4.696 0.11%
PARTIDO AUTÓNOMOS 0 = 3.693 0.08%
NA 0 = 3.012 0.07%
HE> 0 = 2.134 0.05%
PCTE 0 = 1.777 0.04%
PODER ANDALUZ 0 = 1.076 0.02%
29 0 = 741 0.01%
ALM 0 = 646 0.01%
ANDALUSÍ 0 = 532 0.01%
IZAR 0 = 502 0.01%
JUFUDI 0 = 396 0.01%
IPAL 0 = 360 0.01%
CONECTA 0 = 329 0.01%
SOCIEDAD UNIDA 0 = 237 0.01%

Escaños (109)

Mayoría: 55
PP 53 escaños
PSOE-A 28 escaños
VOX 15 escaños
ADELANTE ANDALUCÍA 8 escaños
PorA 5 escaños

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Los Ministerios de Asuntos Exteriores de diez Estados, incluido el de España, han manifestado su rechazo "en los términos más enérgicos" a los últimos ataques de Israel contra la flotilla que transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza, reclamando además la "liberación inmediata" de todos los activistas que han sido detenidos.

En un comunicado conjunto difundido este lunes, España, Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Libia, Maldivas y Pakistán han expresado su condena a "los actos hostiles dirigidos contra buques civiles y activistas humanitarios" y han insistido en que estas acciones vulneran de forma grave el marco jurídico internacional.

Los firmantes subrayan que los ataques contra las embarcaciones y la detención sin garantías de los participantes "constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y el derecho internacional humanitario". Tras remarcar su inquietud por la seguridad y la integridad de los civiles que viajaban en la flotilla, los países exigen "la liberación inmediata de todos los activistas detenidos" y el respeto íntegro "de sus derechos y su dignidad".

Según recoge la declaración, "los ministros subrayan además que los reiterados ataques contra iniciativas humanitarias pacíficas reflejan un desprecio constante del derecho internacional y la libertad de navegación", por lo que instan a la comunidad internacional a "asuma sus responsabilidades jurídicas y morales", a reforzar la protección de la población civil y de las misiones humanitarias y a adoptar medidas eficaces "para poner fin a la impunidad".

Albares denuncia la retención de españoles por parte de Israel

En paralelo a este pronunciamiento, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado este lunes que entre una y dos decenas de activistas españoles que viajaban en la flotilla se encuentran retenidos por Israel, después de que varias de las naves fueran interceptadas en las últimas horas en aguas internacionales.

En una comparecencia ante los medios tras su encuentro en Madrid con su homólogo egipcio, Badr Abdelaty, Albares ha explicado que en torno a 45 ciudadanos españoles iban a bordo de las embarcaciones que formaban parte de la flotilla, interceptada por la Marina israelí en aguas cercanas a Chipre, a unas 250 millas náuticas de la Franja de Gaza.

El jefe de la diplomacia española ha precisado que la encargada de negocios de Israel en España, Dana Ehrlich, ha sido llamada a consultas este mismo lunes en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se le ha trasladado la "protesta formal y enérgica" del Ejecutivo español por lo que el Gobierno considera una "interceptación ilegal" de los barcos y la "retención ilegal" de los activistas españoles.