El Pleno del Congreso ha dado luz verde este miércoles, por iniciativa del PSOE, a una proposición que censura el denominado “bibliocausto” franquista, es decir, la quema de libros ejecutada durante la Guerra Civil por los sublevados al considerarlos subversivos. El texto insta a que estos hechos se investiguen en profundidad, se incorporen a los contenidos educativos y se reconozca la labor en defensa de la cultura de responsables de librerías, bibliotecas y editoriales que sufrieron represión.
La propuesta ha prosperado ‘in extremis’ en una tercera votación. En las dos primeras se produjo un empate: PP y Vox se posicionaron en contra y el resto de grupos respaldó la iniciativa, salvo Junts y Unión del Pueblo Navarro, que optaron por la abstención.
El reglamento establece que, cuando el número de votos afirmativos y negativos coincide, la votación debe repetirse y, si tras tres intentos persiste el empate, la iniciativa queda rechazada. En esta ocasión, el texto se ha salvado gracias a que un diputado de Junts cambió su postura en el último intento, pasando de la abstención al sí.
El documento aprobado recuerda que, tras el golpe de Estado de 1936 y hasta el final de la Guerra Civil, se llevaron a cabo en España quemas públicas de libros similares a las ocurridas tres años antes en Alemania alentadas por el nazismo. También subraya que la investigación sobre la destrucción del patrimonio bibliográfico resulta compleja, ya que el franquismo trató de hacer desaparecer este “capítulo negro de la historia”, por lo que se considera esencial impulsarla.
Según se detalla, desde los primeros compases del alzamiento militar, los sublevados se centraron en la incautación y destrucción de publicaciones y en la depuración de bibliotecas públicas y privadas. Muchos maestros, bibliotecarios, editores y libreros acabaron fusilados por su vinculación con el mundo del libro.
Primera gran quema en A Coruña
Con el propósito de “limpiar y purificar el país de las ideas subversivas”, y además de eliminar o recluir a quienes las difundían o defendían, la Falange y el ejército franquista no solo organizaron hogueras de libros, sino que animaron a sus simpatizantes a replicarlas, como recogieron los periódicos afines al régimen.
La primera gran quema pública documentada tuvo lugar en A Coruña el 19 de agosto de 1936, donde ardieron más de 1.000 ejemplares de autores como Ortega y Gasset, Pío Baroja, Miguel de Unamuno o Blasco Ibáñez, junto con la biblioteca personal del diputado de Izquierda Republicana y presidente del Consejo, Santiago Casares Quiroga. Asimismo, fue asaltada la editorial gallega Nós y su director, Anxel Gasol, terminó fusilado.
A medida que avanzaba la contienda, se aprobaron decretos y bandos que imponían la entrega o requisa de los libros considerados prohibidos. En Sevilla, por ejemplo, Queipo de Llano dio 48 horas a la población para entregar sus fondos y facultó a falangistas para registrar librerías y editoriales y requisar todo aquel material calificado como “pornográfico, marxista, ácrata y disolvente”.
También se organizaron hogueras en pequeños municipios, donde se destruyeron fondos de bibliotecas municipales, Casas del Pueblo, ateneos y sedes sindicales. La primera biblioteca universitaria sometida a purga fue la de Valladolid en 1937, seguida de la de Santiago de Compostela. Las últimas quemas se registraron en 1939, tras la caída de Madrid, cuando con motivo del Día del Libro el Sindicato Español Universitario (SEU) convocó un acto en el que jóvenes estudiantes, brazo en alto, arrojaron a las llamas diversos volúmenes.
Maestras, bibliotecarias y pedagogas represaliadas
Las comisiones depuradoras se encargaban de clasificar los fondos de bibliotecas y salas de lectura, y los ejemplares que no eran destruidos se almacenaban en espacios de acceso restringido conocidos como “infiernos”, que no se abrieron hasta 1975.
Entre los profesionales del libro que perdieron la vida por su compromiso con la cultura, el texto del PSOE cita a Miguel d'lom, de Ceuta; Rogelio Luque, de Córdoba; la maestra zaragozana Pilar Salvo, responsable de una biblioteca infantil; y la pedagoga y bibliotecaria Juana María Capdeviele.
Quienes permanecieron en zona republicana sufrieron sanciones tras la guerra. Es el caso de la autora del Plan de Bibliotecas Públicas de 1938, María Moliner, o de Carmen Caamaño, que fue apartada del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas.