El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reiterado el “compromiso” del Ejecutivo central para sacar adelante la ley de Secretos Oficiales, “que debería ya estar aprobada por parte del Congreso de los Diputados”.
Torres se ha expresado así este miércoles en el Congreso, al responder a una pregunta de la diputada de EH Bildu Bel Pozueta sobre si el Gobierno “atenderá a la reclamación de reconocimiento, verdad y justicia sobre los sucesos de Montejurra de 1976”.
Al referirse a la ley de Secretos Oficiales, el ministro ha explicado que en marzo de 2025 se remitió un proyecto de ley a la Cámara Baja: “Fue aprobado por el Consejo de Ministros, y por tanto ese proyecto de ley lo que queremos es que aquí se tramite, que los grupos parlamentarios -ha habido 22 prórrogas de las enmiendas- puedan caminar para poder sacarlo adelante con la mayoría de los grupos parlamentarios, y en eso mi grupo está absolutamente a disposición de poder realizarlo”.
Ha insistido en que “tiene el compromiso del Gobierno de que haremos todo lo que esté en nuestra mano para que caminemos con respecto a una ley de Secretos oficiales que debería ya estar aprobada por parte del Congreso de los Diputados. Y buscaremos los mecanismos que sean suplementarios para poder dar respuesta a un acto de justicia que es esa reparación a todas las personas que fueron víctimas de terrorismo, tanto en el franquismo como el tardofranquismo. Es una cuestión de justicia”.
Sobre los hechos de Montejurra, Torres ha recordado que “conocemos bien lo que aconteció en el año 76 con las muertes de Ricardo García y Aniano Jiménez”, y ha remarcado que tanto el actual Gobierno como el Ejecutivo navarro han atendido y seguirán atendiendo a las víctimas del franquismo y del tardofranquismo.
Ha señalado igualmente que “de hecho, estas dos personas fueron reconocidas por el Gobierno de España, también por el Gobierno de Navarra. Se pudieron acoger, si así lo decidieron, a las indemnizaciones como víctimas de terrorismo, e incluso si no lo hicieron o fueron compensadas en una cantidad insuficiente frente a la nueva normativa, hemos aprobado recientemente un real decreto ley -no unánimemente, cosa que es absolutamente increíble-, para que las víctimas puedan ser, al menos sus familiares, recompensados en parte para paliar el dolor de haber perdido a esas personas en defensa de la libertad y de la democracia”.
En relación con las medidas de reconocimiento y reparación, ha destacado que “la ley de Memoria Democrática del año 22 lo contempla claramente, y basta que se solicite acuerdo de la ley para que el Gobierno de España lo haga de manera inmediata, aunque a algunos no le pueda gustar”. A su juicio, “es una ley a la que, por cierto, ningún demócrata debería darle la espalda, porque no estamos haciendo ni más ni menos que reconocer a las personas que dieron incluso lo más grande, que fue su vida, para disfrutar nosotros de la libertad que tenemos”.
Por su parte, Bel Pozueta ha manifestado: “Recojo lo que ha planteado, pero de verdad necesitamos una ley de Secretos oficiales que realmente abra las puertas que están cerradas”. Ha defendido además que “y por eso le planteamos una ley que de verdad aclare los episodios de violencia estatal que actualmente están en la impunidad y desclasifiquen todo lo relacionado para conocer la verdad y que ayude en el reconocimiento y la reparación”.
Según ha denunciado, “aquellos sucesos siguen aún bajo un manto de secretismo e impunidad que impiden que las víctimas y sus familias puedan tener el reconocimiento, la verdad y la reparación que llevan décadas solicitando”. Ha añadido que “desde Navarra se ha solicitado varias veces que se atiendan estas demandas”, y ha trasladado al ministro las “peticiones de las familias de las víctimas apoyadas por la mayoría del Parlamento” foral. Sobre este punto, Torres ha asegurado que conoce “bien” la resolución aprobada recientemente en la Cámara navarra.