Ernest Urtasun, actual ministro de Cultura, ha confirmado los avances en las negociaciones con Junts para apoyar la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas por semana, esperando formalizar un pacto ‘lo antes posible’. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de que Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, pueda trasladarse a Bélgica para reunirse con Carles Puigdemont si es necesario para finalizar la persuasión.
Durante una entrevista con Europa Press, Urtasun ha expresado su optimismo debido a los fructíferos contactos mantenidos con la formación independentista durante el verano, anticipando un acuerdo que permitiría iniciar el debate de totalidad en el Congreso y la subsiguiente tramitación parlamentaria de la ley.
Aunque se contempló iniciar este debate en el último Pleno antes del receso estival, la falta de garantía del apoyo esencial de los siete diputados de Junts, que presentaron una enmienda a la par que PP y Vox para devolver el proyecto de ley al Ministerio de Trabajo, llevó al Gobierno a posponerlo. ‘Seguimos hablando con Junts de forma intensa. El Ministerio de Trabajo, que es quien pilota estas negociaciones, ha seguido en contacto, y nosotros estamos convencidos de que lo vamos a conseguir’, afirmó Urtasun.
TRABAJO ESTÁ ENCAJANDO AJUSTES PARA LAS PYMES
El ministro reconoció las ‘reivindicaciones legítimas’ de Junts respecto a la aplicación de la reducción de jornada en las PYMEs y, aunque no proporcionó detalles, mencionó que desde el Ministerio de Trabajo se están ‘terminando de encajar’ estas demandas. ‘Pero se avanza y esperamos poderlo lograr lo antes posible’, aseguró.
Urtasun argumenta que el éxito de esta medida en países como Holanda, donde se está avanzando hacia la jornada de cuatro días sin repercusiones negativas en la productividad o el crecimiento económico, junto con el ‘grandísimo apoyo social’ en Cataluña y a nivel nacional, son factores clave para su eventual aprobación. Además, mencionó que ‘no es que tenga un apoyo muy grande en Cataluña que también, porque hay dos millones de trabajadores y trabajadoras que se verán beneficiados, sino incluso las encuestas demuestran que entre los electores de Junts hay un gran apoyo’.
Al ser consultado sobre si, para asegurar un acuerdo, sería apropiado que el presidente Pedro Sánchez viajara al Sur de Francia para convencer a Puigdemont, Urtasun indicó que aunque el jefe del Ejecutivo gestiona su propia agenda, no verían inconveniente en que Díaz se reuniera nuevamente con el expresidente de la Generalitat, como ya ocurrió en Bruselas en 2023 durante las negociaciones para la investidura. ‘Nosotros nunca le ponemos pegas a reuniones, no tenemos ningún problema con hablar, reunirnos, con todo el mundo porque el diálogo siempre es positivo’, comentó Urtasun, quien organizó ese encuentro en el Parlamento Europeo, siendo entonces miembro del mismo.
Por otro lado, el también portavoz de Sumar subrayó la importancia de disponer de nuevos Presupuestos para 2026, enfatizando la vivienda como prioridad y solicitando apoyo a los socios de investidura para su aprobación. ‘Si creemos que este país sigue mereciendo, como creo que todos lo queremos, una mayoría progresista para seguir avanzando, necesitamos esas cuentas’, declaró.
A pesar de poder ‘gobernar con cuentas prorrogadas’, como actualmente sucede con las de 2023, Urtasun admitió que ‘al país le vendrían mejor unas cuentas nuevas’. ‘Hay que intentarlo, sin ninguna duda’, agregó, destacando que su ministerio sigue lanzando iniciativas nuevas incluso con presupuestos prorrogados.
Finalmente, Urtasun trató la cuestión de la financiación singular para Cataluña, vinculándola a la necesidad de actualizar el sistema para financiar adecuadamente todas las comunidades autónomas, y criticó la política fiscal de la Comunidad de Madrid, calificándola de ‘grandísimo paraíso fiscal dentro de España’. ‘Nos hace ‘dumping’ a todos y luego nos pide más recursos para financiarse. Este tipo de situaciones no son posibles. Y por lo tanto, la mejora del sistema de financiación, desde nuestro punto de vista, tiene que ir vinculado a un suelo fiscal para que nadie haga ‘dumping’ como nos hace la señora Ayuso al resto de comunidades autónomas’, concluyó.
















