El pasado viernes, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró que la segunda parte de la reforma de pensiones era «relativamente inminente».
Preguntado ese mismo día por las declaraciones, un portavoz en el Pacto de Toledo de uno de los socios habituales del Ejecutivo aseguraba no saber nada nuevo de la reforma en la que trabaja el ministro y que debía haber presentado antes de fin de año.
No es el único. Todos los grupos parlamentarios preguntados afirman, no ya en los últimos días, sino semanas, que no ha habido negociación con el Ministerio, o ni tan siquiera contactos para una reforma que no les genera ningún tipo de entusiasmo.
El corazón de la reforma, dirigida a reforzar las cuentas de la Seguridad Social, es la ampliación del período de cómputo para calcular la pensión, fijado actualmente en los últimos 25 años. La propuesta es ampliarlo a 30 años con la posibilidad de descontar 24 meses. El cómputo, por tanto, quedaría ampliado a 28 años.
Unidas Podemos sigue en el ‘no’ a ampliar el cómputo
Es una medida que no convence ni a los sindicatos, ni a socios como Esquerra Republicana o EH-Bildu, pero ni tan siquiera al propio socio de coalición, Unidas Podemos. La vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, irrumpió en el debate a finales de año asegurando que ampliar el período de cómputo supondría «recortar derechos».
Fuentes cercanas a la vicepresidenta sostienen que la posición al respecto no ha cambiado: Rechazo total a ampliar los años para calcular la pensión. A finales de enero, Díaz reunió a los líderes del espacio confederal y el rechazo fue unánime. Estas fuentes, no obstante, reconocen su disposición a estudiar fórmulas que no supongan un recorte en la pensión.
Más allá de la oposición a ampliar el cómputo, en Unidas Podemos creen que no hay condiciones para un acuerdo sobre esta medida. Fuentes del grupo confederal creen que si el ministro quiere llevar a cabo una reforma, esta deberá ceñirse a la vía de los ingresos (el ‘destope’ de cotizaciones y el recargo adicional en los salarios más altos): «Cualquier cosa que vaya por la ampliación del período de cálculo va a caer. Y mi grupo votará en contra», afirman estas fuentes.
ERC y Bildu exigen cumplir acuerdos pendientes
Fuera de la coalición, en ERC y EH-Bildu aseguran que siguen sin noticias de Escrivá. En Esquerra anticipaban hace semanas que su precio para conseguir sus votos iba a ser «caro». Se saben «imprescindibles» y exigen el cumplimiento previo de los acuerdos ya alcanzados. Entre ellos, la auditoría de la Seguridad Social que, aseguran, demostraría una situación financiera bien distinta del sistema público de pensiones y que, además, no justificaría la reforma.
También lo exige Bildu, al igual que una elevación de las pensiones mínimas. Según sus cálculos, por cada año de ampliación la pensión caería 0,5 puntos. Aumentar de 25 a 30 años la rebajaría en un 2,5%. Compensarlo con la elección de los mejores años rescataría un punto por cada año de elección.
Esa sería la foto global, ya que creen que en carreras con ingresos más bajos el recorte puede ser más duro. Por ello pidieron a mediados de enero, cuando el Ministerio les sondeó para negociar la reforma, el impacto de una posible ampliación en base a cuatro categorías de carreras profesionales. La Seguridad Social pasó números, pero no en base a las carreras más precarizadas.
Los sindicatos no negocian sin acuerdo en el Congreso
Hasta ayer mismo, desde estos grupos aseguran que no hay novedades sobre la negociación. También desde el PNV, que muestran su extrañeza por no recibir ningún tipo de señal por parte del Gobierno. Ni documentos, ni reuniones, ni información de ningún tipo.
Pese ello, las negociaciones para atar los votos son clave. Los sindicatos CCOO y UGT ya han advertido a Escrivá que no vengan a buscarles para una reforma sin tener primero atados los votos suficientes para convalidarla en el Congreso. Pesa el fantasma de la reforma laboral.
A principios de año, UGT lanzó una propuesta que parecía tratar de desatascar una negociación en punto muerto: rebajar de 15 a 12 años el período cotizado para acceder a la pensión de jubilación. Sin embargo, en el sindicato aseguran no haber recibido respuesta.
La patronal ni está ni se le espera. No le entusiasma la medida, y mucho menos las propuestas que le acompañan para ‘endulzar’ la ampliación del período de cómputo: un aumento de las cotizaciones para fortalecer los ingresos del sistema centrado, fundamentalmente, en los salarios más altos.
El Ministerio dice que sí hay contactos y es optimista
La otra cara de la reforma es un ‘destope’ de las bases máximas de cotización, muy por encima de la consecuente subida de la pensión máxima, a un ritmo diez veces mayor, según ha planteado el Ministerio a partir de 2025. Y un recargo adicional en las cotizaciones de los sueldos más altos que Escrivá puso encima de la mesa en febrero.
En el Ministerio que dirige José Luis Escrivá el tono es completamente distinto al resto de interlocutores. Aseguran que la reforma avanza y que el retraso no responde a la falta de negociación, sino a la complejidad de cuadrar los contactos con cuatro frentes abiertos: agentes sociales, socio de Gobierno, socios parlamentarios y, además, la Comisión Europea.
Pese al rechazo que despierta entre sus aliados la ampliación de años para calcular la pensión, no renuncian a lograr un acuerdo. Creen que hay muchas variables en juego y hay margen para encontrar una fórmula que convenza a todos. Además de los años de ampliación y los años a descontar, también cómo se cubren las lagunas de cotización (50% de la base mínima a partir de 48 mensualidades sin cotización), dejando la puerta abierta a elevarla.
Lo que no juega a favor de Escrivá son los plazos. Ya incumplió el comprometido con la Comisión Europea del 31 de diciembre, pero también el fijado después para aprobar la reforma antes de febrero. Ahora, la intención es aprobarla antes de Semana Santa. Todo con vistas a la evaluación de la Comisión Europea al finalizar el primer semestre del año.