El Gobierno ha presentado esta semana su Plan Anual Normativo para 2026 y, en el ámbito sanitario, el panorama deja pocas sorpresas. El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, prevé llevar al Consejo de Ministros cinco leyes a lo largo del año, todas ellas ya conocidas: la reforma de medicamentos, el Estatuto Marco, la normativa sobre tabaquismo, la ley antiprivatizaciones y la de organizaciones de pacientes. Sin embargo, más allá del calendario, el principal interrogante es su viabilidad: ninguna tiene un horizonte especialmente favorable. En Demócrata analizamos cada una de estas iniciativas, sus puntos críticos y sus opciones reales de aterrizar en el BOE.
Reforma de Medicamentos
El Anteproyecto de ley de Medicamentos y productos sanitarios está pendiente de pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. El borrador, desvelado en exclusiva por Demócrata, recibió el visto bueno en primera vuelta en abril de 2025. El Ministerio está valorando las alegaciones recibidas por parte del sector y, aunque no hay un calendario tentativo sobre la mesa, no se esperan avances hasta después de verano.
Con esta ley, el Ministerio de Sanidad pretende actualizar la normativa para hacer frente a los avances científicos disruptivos, profundizar en medidas de racionalización del gasto farmacéutico, incentivar el uso racional de medicamentos e introducir cambios en función de la experiencia durante la pandemia. Asimismo, aspira a incentivar medicamentos genéricos y biosimilares y se sientan las bases de los medicamentos estratégicos.
La ley de Medicamentos tiene por objeto regular todo lo relacionado con los medicamentos de uso humano, veterinarios, y productos sanitarios, incluidos los in vitro; desde la investigación hasta la comercialización, así como la inclusión en la prestación farmacéutica y su financiación con fondos públicos. Uno de sus puntos calientes era el nuevo sistema de precios de referencia, y sigue siéndolo.
Para la regulación de precios, se tendrá en cuenta el beneficio clínico, los precios y demás condiciones económicas de los tratamientos alternativos existentes. La financiación pública de medicamentos estará sometida a un sistema de precios de referencia, aunque habrá excepciones, en sintonía con lo que demandaba el sector. El precio de referencia será la cuantía máxima de la horquilla de precios con la que se financiarán las presentaciones de medicamentos incluidas en cada uno de los conjuntos que se determinen, siempre que se prescriban y dispensen con cargo a fondos públicos.
A expensas de la propuesta definitiva que Moncloa remita al Congreso, otro de los puntos a resolver y que genera fricciones entre los socios del Ejecutivo de coalición es el copago farmacéutico. El borrador desvelado en exclusiva por Demócrata contemplaba su reforma, sin embargo, el anteproyecto no.
Sanidad aspiraba a diseñar un sistema más progresivo incorporando más tramos. El actual, diseñado en 2012, establece tres tramos: las rentas inferiores a 18.000 euros, que pagan un 40% de su medicación; las que oscilan entre 18.000 y 100.000, que abonan un 50%; y los que superan esa cifra, que desembolsan un 60%. Los pensionistas se atienen a los mismos tramos, pero con un tope mensual en cada uno.
La propuesta inicial de Sanidad (la que figuraba en el borrador) proponía tres nuevas horquillas y subir la aportación de las rentas superiores a 100.000 euros hasta el 65%. Los nuevos tramos iban de 18.000 a 35.000 (50%), de 35.000 a 60.000 (55%) y de 60.000 a 100.000 (60%).
Con todo, Mónica García no renuncia a acometer una reforma similar y espera poder impulsarla durante la tramitación parlamentaria vía enmienda.
Estatuto Marco
El Plan Anual Normativo de 2026 incluye la Ley del Estatuto Marco de los profesionales sanitarios, cuyo propósito es actualizar el régimen jurídico del personal estatutario sanitario, adaptándolo a los cambios organizativos, asistenciales y profesionales del Sistema Nacional de Salud, con el propósito de mejorar la ordenación de la función pública sanitaria, las condiciones de trabajo, la movilidad, el desarrollo profesional y el modelo retributivo.
Actualmente, se encuentra profundamente enquistado por las sucesivas huelgas de los médicos, que exigen un estatuto específico para el colectivo, separado del régimen general de otros profesionales sanitarios. Entre sus principales demandas están la regulación de la jornada laboral, las condiciones de las guardias y mejoras en la jubilación. Por su parte, los sindicatos del Ámbito de Negociación apremian y los técnicos de enfermería urgen a no retrasar más la reforma.
Ley antitabaco
Sanidad prevé aprobar en segunda vuelta el Anteproyecto de ley antitabaco, que recibió el primer visto bueno el pasado mes de septiembre. El propósito de García es reforzar la lucha contra el tabaquismo para mejorar la salud pública, ampliando la protección en espacios y actualizando la regulación de los productos del tabaco y relacionados.
Entre las medidas más polémicas, destaca la ampliación de los espacios libres de humo y la equiparación de los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional, no solo para prohibir su consumo en los mismos lugares, sino para que también deban cumplir las exigencias relativas a la comercialización y publicidad.
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Las nuevas restricciones a la publicidad del Anteproyecto de Ley Antitabaco
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Según fuentes consultadas por Demócrata, esta propuesta genera no solo tensiones con los socios habituales del bloque de investidura, sino entre PSOE y Sumar. En concreto, existen diferencias en la prohibición tan ambiciosa de la publicidad, que incluye expresamente la supresión de comunicaciones comerciales o promociones en equipamientos, instalaciones y mobiliario situados en espacios de uso público o colectivo, lo que abarca elementos presentes en bares, discotecas, terrazas u otros establecimientos de ocio. Así las cosas, no podrán utilizarse rótulos, carteles, mobiliario urbano o de hostelería que incorpore logotipos, imágenes o referencias a marcas de productos del tabaco o productos relacionados.
Ley antiprivatizaciones
El Ministerio de Sanidad no solo espera aprobarla a lo largo del año, sino que tienen intención de llevarla al Consejo de Ministros en este mes.
De prosperar y llegar al BOE, el anteproyecto derogaría la Ley 15/1997, que permite la colaboración público-privada en la Sanidad. El propósito es limitar las privatizaciones a situaciones excepcionales, y siempre con una evaluación previa, primando así la gestión pública.
El texto solo permitiría el modelo híbrido (prestación indirecta) en el caso de que no fuera posible la gestión directa por parte de las administraciones o entidades públicas o mediante consorcios constituidos entre varias administraciones o entidades públicas (artículo 5 del texto).
Además, la gestión indirecta debe garantizar siempre la sostenibilidad financiera y la eficiencia; al tiempo que se cumplen requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Si bien es cierto que se ha limado el principal punto de fricción entre el PSOE y Sumar, que era la limitación de las excepciones que permitirían las privatizaciones y la consecuente derogación de la Ley 15/1997, su tramitación parlamentaria se antoja más que complicada.
La Comisión de Sanidad se ha convertido en una suerte de pozo en el cual, ley que llega, ley que encalla. La única excepción, la Agencia Estatal de Salud Pública. En lo que respecta al contenido como tal del anteproyecto sobre antiprivatizaciones, las negociaciones con ERC, Junts y PNV se auguran insalvables por el impacto de la colaboración público-privada en materia sanitaria en Catalunya y País Vasco.
Organizaciones de pacientes
La otra ley que el Gobierno quiere llevar al Consejo de Ministros en 2026 es la de organizaciones de pacientes, que pasó en primera vuelta recientemente, en febrero. Su objetivo es reforzar el papel de las organizaciones de pacientes como interlocutores en el sistema sanitario, garantizando su participación en las políticas públicas y regulando sus derechos, obligaciones y apoyo institucional.
Futuro incierto
El Ministerio de Sanidad es una de las carteras con más iniciativas abiertas, una voluntad rebosante de optimismo que, sin embargo, no se traduce en novedades en el BOE. La aritmética parlamentaria de la presente legislatura dificulta enormemente la aprobación de leyes en el Congreso, y el ámbito sanitario no solo no es una excepción, sino que es de los más afectados.
Los socios habituales del Gobierno son especialmente recelosos en cuestiones sanitarias por una cuestión de competencias, pero aún contando con ellos, desde la ruptura de Junts con el PSOE las cuentas no salen. La suma de PSOE (121), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y los adscritos al Mixto, Águeda Micó (Compromís), BNG, Coalición Canaria y los cuatro de Podemos, resulta en un montante de 172. El único atisbo de esperanza es que, al menos, ninguna de las antecitadas iniciativas es orgánica y por tanto no requiere de mayoría absoluta, bastaría con una abstención.
Es por ese motivo por el que revisten especial relevancia los reales decretos que prevé aprobar el Gobierno este año, pues serán normativa sin tener que pasar por las Cortes Generales. Estos son los que Sanidad se compromete a aprobar este año:
- Real Decreto por el que se regula el registro y las condiciones de autorización, fabricación, comercialización y uso de biocidas.
- Real Decreto por el que se regula la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias.
- Real Decreto de fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y relacionados.
- Real Decreto del Plan Estatal de preparación y respuesta frente a amenazas graves para la salud.
- Real Decreto sobre devolución y destrucción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y medicamentos estupefacientes por las oficinas y servicios de farmacia.
- Real Decreto de reforma del procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.
- Real Decreto por el que se establecen los criterios de calidad y seguridad en radiodiagnóstico y de criterios de calidad y seguridad de las unidades asistenciales de medicina nuclear.
- Real Decreto por el que se establecen medidas para al tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el SNS.
- Real Decreto de relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud.
- Real Decreto sobre las funciones de la Sanidad de la Guardia Civil y la determinación de la aptitud psicofísica de su personal.